Salvatierra: Hemos fallado en la fiscalización de instituciones que luchan contra la violencia
La autoridad conversó con ANF sobre una de las problemáticas que sacuden al país, la cantidad de feminicidios que se han registrado con características crueles y que en su criterio varias instituciones han fallado en dar condiciones de seguridad a las mujeres víctimas de violencia.
ANF
La autonomía del cuerpo de las mujeres, el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo, el cese a la violencia y el sentido de propiedad que tienen los hombres sobre las mujeres, son temas centrales que se deben abordar en una sociedad todavía patriarcal y machista, sostiene la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, al expresar su preocupación por los 55 feminicidios que se han registrado en lo que va de la gestión 2019.
La autoridad conversó con ANF sobre una de las problemáticas que sacuden al país, la cantidad de feminicidios que se han registrado con características crueles y que en su criterio varias instituciones han fallado en dar condiciones de seguridad a las mujeres víctimas de violencia.
Asume que la Asamblea Legislativa también falló en su labor de fiscalización a la implementación de la Ley Integral para garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, cree que existen varias tareas pendientes y no descarta evaluar los mecanismos que prevé la Ley 348 para declarar “alerta nacional”.
Asimismo, sostiene que la participación política de las mujeres genera tensiones en los partidos políticos en general, considera que la violencia y acoso político en las asambleas departamentales y municipales es un "foco de atención muy fuerte".
Hay una enorme preocupación por los feminicidios y la impunidad
Hemos tenido avances indiscutiblemente enormes en representación paritaria. Bolivia, de acuerdo al Foro Económico Mundial se ubica en el puesto 17 en mejores condiciones de igualdad para las mujeres. Se evalúa el acceso a la tenencia de la tierra, el 46,5% de la tierra está titulada a favor de las mujeres; la implementación del Subsidio Universal, el bono Juan Azurduy, el acceso a vivienda para madres solteras y un conjunto de políticas públicas.
Me da la sensación de que todavía tenemos que abordar el debate sobre la autonomía de los cuerpos y esto guarda relación en el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, el cese de la violencia y la propiedad que siente el varón sobre las mujeres, en una sociedad con un sistema patriarcal que reproduce privilegios en condición de género en favor del hombre.
No se han roto los esquemas de una sociedad que sigue con prácticas patriarcales, más allá de este sistema de reproducción de privilegios el peor rostro es cuando se ejerce violencia machista y ahí encuentras los feminicidios. Hombres que no toleran la decisión de las mujeres respecto a sus vidas, a sus cuerpos, a decidir sobre una relación, decidir sobre la maternidad; ese campo de la autodeterminación sobre los cuerpos tiene avances pendientes.
Esos objetivos parecen a mediano y largo plazo, ¿qué en lo inmediato, es posible pensar en una alerta nacional en el marco de la Ley 348?
Tendríamos que evaluar los mecanismos que tiene la Ley 348 para declarar alerta (nacional). Sabes, lo que pasa, es que hemos fallado en la fiscalización de las instituciones responsables de la lucha y prevención de la violencia.
El 2016 mande peticiones de informe a los 56 municipios de Santa Cruz sobre la implementación de las casas de acogida, para conocer dónde va una mujer agredida por su pareja, si no tiene la casa de un familiar está expuesta a ser asesinada, y no encuentra en el municipio una vocación de protección que le brinde una casa de acogida; tampoco encuentra en los municipios servicios legales integrales que resguarden y tutelen efectivamente sus derechos, porque le mandan a conciliar, porque no quieren hacerse cargo de otro proceso y ahí nos damos cuenta que falla la prevención.
También fallaron los programas de violencia en los noviazgos, hemos fallado en los mecanismos de prevención y hemos hecho énfasis en la comunicación sobre la sanción del delito, sin embargo, hay toda una ruta de construcción de la violencia que tiene como punto final el femenicidio (…). Empieza con un noviazgo violento, control sobre la pareja, sobre todas las áreas de su pareja, el ámbito laboral, familiar, amistades, económico y el último paso ya es el ejercicio de la violencia física.
¿No hay frustración porque las leyes de la Asamblea Legislativa Plurinacional no se cumplen efectivamente?
Más que frustración, creo que también tenemos un grado de responsabilidad porque no hemos fiscalizado el cumplimiento de las normativas, si hubiéramos fiscalizado las normativas en provincia no habría mujeres sin atención cuando denuncian violencia (…).
La Ley 348 ya ha sufrido modificaciones, con la Ley de Abreviación Procesal Penal para la implementación se ha avanzado en las medidas de protección para que el Servicio Legal Integral Municipal, la Policía, el fiscal puedan dictar una medida de protección, se ha desburocratizado, el primero que conoce un acto de violencia puede disponer medidas de protección y un juez ratifica en las próximas horas.
¿Es posible modificar el tema de la conciliación?. Al magistrado del Tribunal Constitucional (Orlando) Ceballos no le permitieron la conciliación y que continúe en el cargo y exigieron su renuncia.
Tenía más de una denuncia encima.
Pero hay varios casos. El diputado (Henry) Cabrera (MAS) recurrió a la conciliación y ahí se quedó el tema y estamos hablando de un legislador.
Aunque no lo aceptemos hay mujeres que concilian y piden la conciliación. ¿Por qué factores piden la conciliación?, puede ser por la presión de la dependencia económica, la presión familiar, por un entorno social en el que ella no desea que su vida personal sea expuesta, entre otros. Soy partidaria de que la violencia no se concilie, entiendo que hay otras circunstancias en las que las mujeres han planteado conciliar, pero la Ley 348 solo permite una sola vez. Es un debate muy polémico.
Otra preocupación es la violencia y acoso político a causa del machismo, ¿cómo ve a su partido?
Todos los espacios colectivos, no solo los partidos, son un reflejo de su composición y una disputa por materializar los principios que propugnan, nosotros impulsamos los principios de antiimperialismo y de despatriarcalización, pero estamos en un proceso de lucha constante. Nosotros somos lo que construimos paso a paso, para materializar lo que planteamos como principio, somos ese transitar hacia una sociedad despatriarcalizada y dentro tiene sus propias tensiones.
Las anteriores legisladoras nos contaban que cuando se discutía la Ley 348 las legisladoras pensaban en sus hijos y pensaban así cuando se debatía la Ley de Violencia contra las Mujeres. Entonces, somos el reflejo de nuestros avances, principios y tensiones internas. Todos los partidos son así, no existe un partido en el que no haya estas prácticas.
¿Preocupa la violencia y acoso político?
No sé si es por nuestra mayor proximidad con el nivel central, en el caso del MAS, particularmente, de acoso político entre nuestra bancada y hacia bancadas de oposición de mujeres creo que hay más control.
¿Pero a nivel municipal y departamental?
Exacto, a nivel de asambleas departamentales y concejos municipales ahí si es un foco de atención muy fuerte. Con solicitudes incluso de nuestras propias concejalas de modificar la Ley 243. En un pueblo pequeño una mujer que es víctima de acoso y violencia política porque es titular, porque posiblemente la comunidad impulsaba la titularidad de un varón, entonces tenemos ahí tensiones. En la asamblea diría un poco menos, no diría que no hay, pero es mucho menor en relación a los gobiernos subnacionales. (…).
La autonomía del cuerpo de las mujeres, el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo, el cese a la violencia y el sentido de propiedad que tienen los hombres sobre las mujeres, son temas centrales que se deben abordar en una sociedad todavía patriarcal y machista, sostiene la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, al expresar su preocupación por los 55 feminicidios que se han registrado en lo que va de la gestión 2019.
La autoridad conversó con ANF sobre una de las problemáticas que sacuden al país, la cantidad de feminicidios que se han registrado con características crueles y que en su criterio varias instituciones han fallado en dar condiciones de seguridad a las mujeres víctimas de violencia.
Asume que la Asamblea Legislativa también falló en su labor de fiscalización a la implementación de la Ley Integral para garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, cree que existen varias tareas pendientes y no descarta evaluar los mecanismos que prevé la Ley 348 para declarar “alerta nacional”.
Asimismo, sostiene que la participación política de las mujeres genera tensiones en los partidos políticos en general, considera que la violencia y acoso político en las asambleas departamentales y municipales es un "foco de atención muy fuerte".
Hay una enorme preocupación por los feminicidios y la impunidad
Hemos tenido avances indiscutiblemente enormes en representación paritaria. Bolivia, de acuerdo al Foro Económico Mundial se ubica en el puesto 17 en mejores condiciones de igualdad para las mujeres. Se evalúa el acceso a la tenencia de la tierra, el 46,5% de la tierra está titulada a favor de las mujeres; la implementación del Subsidio Universal, el bono Juan Azurduy, el acceso a vivienda para madres solteras y un conjunto de políticas públicas.
Me da la sensación de que todavía tenemos que abordar el debate sobre la autonomía de los cuerpos y esto guarda relación en el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, el cese de la violencia y la propiedad que siente el varón sobre las mujeres, en una sociedad con un sistema patriarcal que reproduce privilegios en condición de género en favor del hombre.
No se han roto los esquemas de una sociedad que sigue con prácticas patriarcales, más allá de este sistema de reproducción de privilegios el peor rostro es cuando se ejerce violencia machista y ahí encuentras los feminicidios. Hombres que no toleran la decisión de las mujeres respecto a sus vidas, a sus cuerpos, a decidir sobre una relación, decidir sobre la maternidad; ese campo de la autodeterminación sobre los cuerpos tiene avances pendientes.
Esos objetivos parecen a mediano y largo plazo, ¿qué en lo inmediato, es posible pensar en una alerta nacional en el marco de la Ley 348?
Tendríamos que evaluar los mecanismos que tiene la Ley 348 para declarar alerta (nacional). Sabes, lo que pasa, es que hemos fallado en la fiscalización de las instituciones responsables de la lucha y prevención de la violencia.
El 2016 mande peticiones de informe a los 56 municipios de Santa Cruz sobre la implementación de las casas de acogida, para conocer dónde va una mujer agredida por su pareja, si no tiene la casa de un familiar está expuesta a ser asesinada, y no encuentra en el municipio una vocación de protección que le brinde una casa de acogida; tampoco encuentra en los municipios servicios legales integrales que resguarden y tutelen efectivamente sus derechos, porque le mandan a conciliar, porque no quieren hacerse cargo de otro proceso y ahí nos damos cuenta que falla la prevención.
También fallaron los programas de violencia en los noviazgos, hemos fallado en los mecanismos de prevención y hemos hecho énfasis en la comunicación sobre la sanción del delito, sin embargo, hay toda una ruta de construcción de la violencia que tiene como punto final el femenicidio (…). Empieza con un noviazgo violento, control sobre la pareja, sobre todas las áreas de su pareja, el ámbito laboral, familiar, amistades, económico y el último paso ya es el ejercicio de la violencia física.
¿No hay frustración porque las leyes de la Asamblea Legislativa Plurinacional no se cumplen efectivamente?
Más que frustración, creo que también tenemos un grado de responsabilidad porque no hemos fiscalizado el cumplimiento de las normativas, si hubiéramos fiscalizado las normativas en provincia no habría mujeres sin atención cuando denuncian violencia (…).
La Ley 348 ya ha sufrido modificaciones, con la Ley de Abreviación Procesal Penal para la implementación se ha avanzado en las medidas de protección para que el Servicio Legal Integral Municipal, la Policía, el fiscal puedan dictar una medida de protección, se ha desburocratizado, el primero que conoce un acto de violencia puede disponer medidas de protección y un juez ratifica en las próximas horas.
¿Es posible modificar el tema de la conciliación?. Al magistrado del Tribunal Constitucional (Orlando) Ceballos no le permitieron la conciliación y que continúe en el cargo y exigieron su renuncia.
Tenía más de una denuncia encima.
Pero hay varios casos. El diputado (Henry) Cabrera (MAS) recurrió a la conciliación y ahí se quedó el tema y estamos hablando de un legislador.
Aunque no lo aceptemos hay mujeres que concilian y piden la conciliación. ¿Por qué factores piden la conciliación?, puede ser por la presión de la dependencia económica, la presión familiar, por un entorno social en el que ella no desea que su vida personal sea expuesta, entre otros. Soy partidaria de que la violencia no se concilie, entiendo que hay otras circunstancias en las que las mujeres han planteado conciliar, pero la Ley 348 solo permite una sola vez. Es un debate muy polémico.
Otra preocupación es la violencia y acoso político a causa del machismo, ¿cómo ve a su partido?
Todos los espacios colectivos, no solo los partidos, son un reflejo de su composición y una disputa por materializar los principios que propugnan, nosotros impulsamos los principios de antiimperialismo y de despatriarcalización, pero estamos en un proceso de lucha constante. Nosotros somos lo que construimos paso a paso, para materializar lo que planteamos como principio, somos ese transitar hacia una sociedad despatriarcalizada y dentro tiene sus propias tensiones.
Las anteriores legisladoras nos contaban que cuando se discutía la Ley 348 las legisladoras pensaban en sus hijos y pensaban así cuando se debatía la Ley de Violencia contra las Mujeres. Entonces, somos el reflejo de nuestros avances, principios y tensiones internas. Todos los partidos son así, no existe un partido en el que no haya estas prácticas.
¿Preocupa la violencia y acoso político?
No sé si es por nuestra mayor proximidad con el nivel central, en el caso del MAS, particularmente, de acoso político entre nuestra bancada y hacia bancadas de oposición de mujeres creo que hay más control.
¿Pero a nivel municipal y departamental?
Exacto, a nivel de asambleas departamentales y concejos municipales ahí si es un foco de atención muy fuerte. Con solicitudes incluso de nuestras propias concejalas de modificar la Ley 243. En un pueblo pequeño una mujer que es víctima de acoso y violencia política porque es titular, porque posiblemente la comunidad impulsaba la titularidad de un varón, entonces tenemos ahí tensiones. En la asamblea diría un poco menos, no diría que no hay, pero es mucho menor en relación a los gobiernos subnacionales. (…).
