Piden destituir a autoridades judiciales vinculadas con el "abogánster"
ANF / La Paz
La asambleísta departamental de Cochabamba, Lineth Villarroel, solicitó al Ministerio de Justicia destituir al fiscal departamental, Juan de la Cruz, y al representante del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Ever Veizaga, por supuestos vínculos con el consorcio del abogado Jhasmani Torrico.
“Estos señores fueron sindicados por el mismo abogado Torrico, vinculándose a un consorcio de juristas, en donde jueces y fiscales favorecían a culpables y metían a la cárcel a inocentes” explicó Villarroel, tras presentar el oficio, a los medios locales.
La asambleísta expresó que el Ministerio de Justicia debería destituir a estas dos personas de sus cargos, porque no es “admisible” que estén al frente de la seguridad implicados en hechos de corrupción.
Villarroel detalló que el oficio presentado fue respaldado con la declaración de Jhasmani Torrico —también conocido como el “abogado torturador”—, en la que hace referencia a más de 50 jueces y fiscales que estarían involucrados en este problema.
Por ello, solicitó que se inicie una investigación imparcial y se determine si los implicados son o no responsables.
La asambleísta departamental de Cochabamba, Lineth Villarroel, solicitó al Ministerio de Justicia destituir al fiscal departamental, Juan de la Cruz, y al representante del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Ever Veizaga, por supuestos vínculos con el consorcio del abogado Jhasmani Torrico.
“Estos señores fueron sindicados por el mismo abogado Torrico, vinculándose a un consorcio de juristas, en donde jueces y fiscales favorecían a culpables y metían a la cárcel a inocentes” explicó Villarroel, tras presentar el oficio, a los medios locales.
La asambleísta expresó que el Ministerio de Justicia debería destituir a estas dos personas de sus cargos, porque no es “admisible” que estén al frente de la seguridad implicados en hechos de corrupción.
Villarroel detalló que el oficio presentado fue respaldado con la declaración de Jhasmani Torrico —también conocido como el “abogado torturador”—, en la que hace referencia a más de 50 jueces y fiscales que estarían involucrados en este problema.
Por ello, solicitó que se inicie una investigación imparcial y se determine si los implicados son o no responsables.