Los 82.998 desaparecidos de Colombia: los métodos de exterminio durante más de medio siglo de guerra
Fueron cremados, lanzados al río o del otro lado de la frontera durante más de medio siglo por los distintos actores armados del conflicto
Adriana Chica García
desde Bogotá, Colombia
Entre los años 1958 y 2017 del conflicto armado en Colombia se registraron 82.998 desapariciones forzadas cometidas por todos los actores armados: guerrilla, paramilitares y agentes del Estado. Las estrategias y los motivos fueron diversos. Desde hornos de incineración hasta ríos de cementerios, para ocultar crímenes o producir temor en las comunidades.
Apenas se han podido ubicar unos 10.000 cuerpos de los desaparecidos. Así lo reportó en un informe de 2018 el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Solo se conocen los responsables del 52% de esos casos: 26.475 (62,3%) por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), 10.360 (24,3%) por las guerrillas -entre las cuales se incluyen las FARC (3.606), el ELN (622) y otras-, 2.484 (5,8%) por agentes del Estado y 388 (0,9%) por alianzas entre los paramilitares y la Fuerza Pública.
El CNMH describe este crimen en una combinación de "privación de libertad, sustracción del amparo legal de la víctima y ocultamiento de información sobre su paradero". Y las razones son variadas. En su mayoría el perpetrador busca ocultar un crimen, en otros el motivo es evitar que las estadísticas de violencia aumenten, sobre todo en el caso de los agentes del Estado; en otros el objetivo es infundir miedo en las poblaciones para mantener control de los territorios. Y las víctimas son igual de variadas.
La mayoría de los desaparecidos eran personas acusadas por un grupo de colaborar con el adversario. El exjefe paramilitar extraditado a Estados Unidos, Salvatore Mancuso, afirmó que muchas veces se realizaban con "lista en mano", nombres aportados por exguerrilleros que cambiaron de bando e incluso por miembros de la Policía, el Ejército y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Pero la Fuerza Pública también fue víctima.
En un informe entregado esta semana a la Comisión de la Verdad, el Ejército documentó los casos de 78 soldados, 2 oficiales, 22 suboficiales, 5 conductores y 5 agentes de inteligencia víctimas de desaparición forzada. "Hoy todavía tenemos a 112 a los que sus familias los reclaman", indicó el comandante de la institución, el general Nicacio Martínez Espinel. La mayoría de ellos se presentaron entre 1997 y 2004, cuando los uniformados no estaban en servicio, y en manos de las guerrillas de las FARC y el ELN.
En general -según da cuenta el informe de la CNMH- las víctimas eran enterradas en fosas clandestinas, algunas incluso eran desmembradas y las partes de sus cuerpos repartidas en distintas zonas para evitar su exhumación. En otras eran abandonadas en lugares inhóspitos de difícil acceso, y en algunas tiradas a espacios donde habitan animales para los cadáveres fueran devorados. Pero dos métodos son recordados por su atrocidad: el uso de los ríos y los "hornos crematorios".
Las peores prácticas
Como si se tratara de los campos de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial, el Frente Fronteras de las AUC desapareció 560 personas en "hornos crematorios" que adaptaron en Juan Frío, un pequeño pueblito ubicado en el límite del departamento fronterizo de Norte de Santander, bordeando el río Táchira, que lo comunica con San Antonio de Táchira, en Venezuela.
La violencia ya la habían impuesto los paramilitares, que llegaron a la subregión del Catatumbo en 1999 por órdenes de los hermanos Vicente y Carlos Castaño -fundadores de las AUC- en medio de la lucha contrainsurgencia, para tomarse el territorio históricamente controlado por las guerrillas del ELN y las FARC y por sus cultivos de coca; detalló el portal La Ruta del Conflicto.
En Juan Frío todo cambió un año después, el 14 de septiembre del 2000. Ese domingo los niños del pueblo recibían catequesis para pronto realizar su comunión, cuando un tiroteo espantó la tranquilidad de repente; recuerda el CNMH. Un grupo de paramilitares del Frente Fronteras del Bloque Catatumbo llegó con lista en mano y asesinó a seis campesinos señalados de colaborar con las guerrillas.
O así lo dejaron marcado en las fachadas de las viviendas: "muerte a sapos", "guerrilleros hp", documento el Centro. Lo peor estuvo por venir. La mayoría de los pobladores abandonaron sus tierras por miedo, y el pueblo quedó a merced de las AUC. Así, por órdenes del comandante Jorge Iván Laverde Zapata, alias 'El Iguano', acondicionaron unas ladrilleras como sitios crematorios para desaparecer "colaboradores" de la guerrilla entre 2001 y 2003.
El hecho quedó documentado en el libro Me hablarás del fuego: Los hornos de la infamia del periodista Javier Osuna. En él se registra la creación de dos sitios elaborados con ladrillo y cemento usados como hornos que funcionaban con carbón mineral, lo que generaba más fuego que los neumáticos que utilizaron al principio. Los lugares habían servido antes para producir panela (azúcar morena en bloque).
Dice el periodista que la comunidad da cuenta de que incluso metían personas vivas para que se quemaran. Pero según las declaraciones de "El Iguano" ante la justicia, eso nunca sucedió, aunque aceptó haber utilizado esos hornos para desaparecer 98 cadáveres en 2001, y que el objetivo era que los cuerpos no fueran encontrados por las autoridades en fosas comunes.
El mismo exjefe paramilitar confesó que años después fue ordenada la construcción de otro horno crematorio en la Finca Pacolandia, en Puerto Santander. Ahí no solo caían presuntos guerrilleros o colaboradores, sino ladrones y otras personas con actividades sociales que ellos rechazaban, como ladrones, en una especie de "limpieza social"; según reportó la Fiscalía.
Esta macabra idea de quemar cuerpos para desaparecer personas fue del mismo creador de las AUC, Carlos Castaño Gil (asesinado por sus propios hombres en 2004). Así lo reconoció Mancuso ante la Fiscalía, antes de su extradición en 2008. "Carlos Castaño decía que hacer aparecer la víctima era mostrar una versión más degradada) del conflicto colombiano".
Otras de las estrategias de desaparición forzadas utilizadas en la guerra fueron los cuerpos lanzados a los ríos. En 190 de ellos fueron recuperados más de 1.080 cuerpos, el 68% de los casos fueron perpetrados por paramilitares y el 8% por grupos guerrilleros; según cifras del CNMH. Y en ellos también tuvo una fuerte participación agentes del Estado.
Un reporte del portal Rutas del Conflicto da cuenta de una alianza entre el Ejército y el Bloque Centauros de las AUC para que desaparecieran cuerpos arrojándolos al río Guaviare para que las cifras de homicidios no aumentaran en la región. Los mismo excomandantes Mancuso y Rodrigo Pérez Alzate, alias "Julián Bolívar", aceptaron en el proceso de desmovilización llevar a cabo esa "política" por indicaciones de la Fuerza Pública.
En otras versiones hechas a la Fiscalía por varios exjefes paramilitares, daban cuenta incluso de arrojar cuerpos a territorio venezolano para que no fueran encontrados ni identificados. El objetivo de los militares era no obtener "malas calificaciones" y no aumentar los índices de inseguridad en zonas de guerra. Algunos, incluso, abrían los cuerpos y los llenaban de piedras antes de arrojarlos al río para que no flotaran; según VerdadAbierta.com.
Muchos ríos desembocan en el océano, lo que hacía que los cuerpos desaparecieran para siempre. En uno de ellos, el Magdalena, el CNMH registró más de 320 cadáveres encontrados desde 1982. Pero por las mismas condiciones, es incierta una cifra exacta sobre las desapariciones forzadas bajo este método, muchos nunca fueron encontrados. Por eso, este flagelo sigue siendo uno de los episodios más dolorosos del conflicto armado colombiano.
desde Bogotá, Colombia
Entre los años 1958 y 2017 del conflicto armado en Colombia se registraron 82.998 desapariciones forzadas cometidas por todos los actores armados: guerrilla, paramilitares y agentes del Estado. Las estrategias y los motivos fueron diversos. Desde hornos de incineración hasta ríos de cementerios, para ocultar crímenes o producir temor en las comunidades.
Apenas se han podido ubicar unos 10.000 cuerpos de los desaparecidos. Así lo reportó en un informe de 2018 el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Solo se conocen los responsables del 52% de esos casos: 26.475 (62,3%) por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), 10.360 (24,3%) por las guerrillas -entre las cuales se incluyen las FARC (3.606), el ELN (622) y otras-, 2.484 (5,8%) por agentes del Estado y 388 (0,9%) por alianzas entre los paramilitares y la Fuerza Pública.
El CNMH describe este crimen en una combinación de "privación de libertad, sustracción del amparo legal de la víctima y ocultamiento de información sobre su paradero". Y las razones son variadas. En su mayoría el perpetrador busca ocultar un crimen, en otros el motivo es evitar que las estadísticas de violencia aumenten, sobre todo en el caso de los agentes del Estado; en otros el objetivo es infundir miedo en las poblaciones para mantener control de los territorios. Y las víctimas son igual de variadas.
La mayoría de los desaparecidos eran personas acusadas por un grupo de colaborar con el adversario. El exjefe paramilitar extraditado a Estados Unidos, Salvatore Mancuso, afirmó que muchas veces se realizaban con "lista en mano", nombres aportados por exguerrilleros que cambiaron de bando e incluso por miembros de la Policía, el Ejército y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Pero la Fuerza Pública también fue víctima.
En un informe entregado esta semana a la Comisión de la Verdad, el Ejército documentó los casos de 78 soldados, 2 oficiales, 22 suboficiales, 5 conductores y 5 agentes de inteligencia víctimas de desaparición forzada. "Hoy todavía tenemos a 112 a los que sus familias los reclaman", indicó el comandante de la institución, el general Nicacio Martínez Espinel. La mayoría de ellos se presentaron entre 1997 y 2004, cuando los uniformados no estaban en servicio, y en manos de las guerrillas de las FARC y el ELN.
En general -según da cuenta el informe de la CNMH- las víctimas eran enterradas en fosas clandestinas, algunas incluso eran desmembradas y las partes de sus cuerpos repartidas en distintas zonas para evitar su exhumación. En otras eran abandonadas en lugares inhóspitos de difícil acceso, y en algunas tiradas a espacios donde habitan animales para los cadáveres fueran devorados. Pero dos métodos son recordados por su atrocidad: el uso de los ríos y los "hornos crematorios".
Las peores prácticas
Como si se tratara de los campos de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial, el Frente Fronteras de las AUC desapareció 560 personas en "hornos crematorios" que adaptaron en Juan Frío, un pequeño pueblito ubicado en el límite del departamento fronterizo de Norte de Santander, bordeando el río Táchira, que lo comunica con San Antonio de Táchira, en Venezuela.
La violencia ya la habían impuesto los paramilitares, que llegaron a la subregión del Catatumbo en 1999 por órdenes de los hermanos Vicente y Carlos Castaño -fundadores de las AUC- en medio de la lucha contrainsurgencia, para tomarse el territorio históricamente controlado por las guerrillas del ELN y las FARC y por sus cultivos de coca; detalló el portal La Ruta del Conflicto.
En Juan Frío todo cambió un año después, el 14 de septiembre del 2000. Ese domingo los niños del pueblo recibían catequesis para pronto realizar su comunión, cuando un tiroteo espantó la tranquilidad de repente; recuerda el CNMH. Un grupo de paramilitares del Frente Fronteras del Bloque Catatumbo llegó con lista en mano y asesinó a seis campesinos señalados de colaborar con las guerrillas.
O así lo dejaron marcado en las fachadas de las viviendas: "muerte a sapos", "guerrilleros hp", documento el Centro. Lo peor estuvo por venir. La mayoría de los pobladores abandonaron sus tierras por miedo, y el pueblo quedó a merced de las AUC. Así, por órdenes del comandante Jorge Iván Laverde Zapata, alias 'El Iguano', acondicionaron unas ladrilleras como sitios crematorios para desaparecer "colaboradores" de la guerrilla entre 2001 y 2003.
El hecho quedó documentado en el libro Me hablarás del fuego: Los hornos de la infamia del periodista Javier Osuna. En él se registra la creación de dos sitios elaborados con ladrillo y cemento usados como hornos que funcionaban con carbón mineral, lo que generaba más fuego que los neumáticos que utilizaron al principio. Los lugares habían servido antes para producir panela (azúcar morena en bloque).
Dice el periodista que la comunidad da cuenta de que incluso metían personas vivas para que se quemaran. Pero según las declaraciones de "El Iguano" ante la justicia, eso nunca sucedió, aunque aceptó haber utilizado esos hornos para desaparecer 98 cadáveres en 2001, y que el objetivo era que los cuerpos no fueran encontrados por las autoridades en fosas comunes.
El mismo exjefe paramilitar confesó que años después fue ordenada la construcción de otro horno crematorio en la Finca Pacolandia, en Puerto Santander. Ahí no solo caían presuntos guerrilleros o colaboradores, sino ladrones y otras personas con actividades sociales que ellos rechazaban, como ladrones, en una especie de "limpieza social"; según reportó la Fiscalía.
Esta macabra idea de quemar cuerpos para desaparecer personas fue del mismo creador de las AUC, Carlos Castaño Gil (asesinado por sus propios hombres en 2004). Así lo reconoció Mancuso ante la Fiscalía, antes de su extradición en 2008. "Carlos Castaño decía que hacer aparecer la víctima era mostrar una versión más degradada) del conflicto colombiano".
Otras de las estrategias de desaparición forzadas utilizadas en la guerra fueron los cuerpos lanzados a los ríos. En 190 de ellos fueron recuperados más de 1.080 cuerpos, el 68% de los casos fueron perpetrados por paramilitares y el 8% por grupos guerrilleros; según cifras del CNMH. Y en ellos también tuvo una fuerte participación agentes del Estado.
Un reporte del portal Rutas del Conflicto da cuenta de una alianza entre el Ejército y el Bloque Centauros de las AUC para que desaparecieran cuerpos arrojándolos al río Guaviare para que las cifras de homicidios no aumentaran en la región. Los mismo excomandantes Mancuso y Rodrigo Pérez Alzate, alias "Julián Bolívar", aceptaron en el proceso de desmovilización llevar a cabo esa "política" por indicaciones de la Fuerza Pública.
En otras versiones hechas a la Fiscalía por varios exjefes paramilitares, daban cuenta incluso de arrojar cuerpos a territorio venezolano para que no fueran encontrados ni identificados. El objetivo de los militares era no obtener "malas calificaciones" y no aumentar los índices de inseguridad en zonas de guerra. Algunos, incluso, abrían los cuerpos y los llenaban de piedras antes de arrojarlos al río para que no flotaran; según VerdadAbierta.com.
Muchos ríos desembocan en el océano, lo que hacía que los cuerpos desaparecieran para siempre. En uno de ellos, el Magdalena, el CNMH registró más de 320 cadáveres encontrados desde 1982. Pero por las mismas condiciones, es incierta una cifra exacta sobre las desapariciones forzadas bajo este método, muchos nunca fueron encontrados. Por eso, este flagelo sigue siendo uno de los episodios más dolorosos del conflicto armado colombiano.
