Jueces anulan operativo antidroga en aeropuertos de Beni y Dircabi debe devolver valor de $us 1 millón en incautaciones
El responsable de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), Mauricio Gutiérrez, informó que ya presentó una denuncia penal contra los dos jueces y puso en conocimiento del Consejo de la Magistratura el caso
La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz
Dos jueces anularon todo lo hecho en operativos antidroga ejecutados en Beni y que estuvieron relacionados con avionetas en pistas clandestinas, lo que no solo representó afectar la investigación sino la obligación de devolver todo lo incautado, que supera el millón de dólares. El Gobierno denunció a los dos jueces y considera que corresponde su destitución.
El responsable de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), Marcelo Gutiérrez, informó que ya presentó una denuncia contra los jueces Ana Karina Flores de San Joaquín y José Carvallo Ojopi de Trinidad por haber anulado todas las acciones del operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).
“Producto de esta nulidad, Dircabi ha tenido que devolver los bienes que se han secuestrado e incautado en una primera instancia. Lo que estamos haciendo de forma directa es presentar una denuncia penal y presentar antecedentes en el Consejo de la Magistratura”, informó y explicó que la decisión judicial anula todo lo hecho en ese operativo.
Requisa en aeropuertos de Beni halla 2 avionetas sospechosas de transportar droga
Con apoyo militar, la fuerza antidroga intervino el 13 de junio los aeropuertos de Trinidad y Santa Ana. Unas 130 avionetas fueron “puestas en observación” y se encontraron dos sospechosas de transportar droga y una con matrícula ‘clonada’. Efectivos antinarcóticos y 200 militares participaron del operativo activado tras denuncias de pistas clandestinas para el transporte de droga.
Gutiérrez explicó que la decisión judicial no solo representó afectar el “golpe dado en Trinidad” sino la obligación de devolver todo lo secuestrado como parte de la investigación para establecer responsabilidades.
“Estamos hablando de un millón de dólares (devueltos de todo lo secuestrado) producto de estas nulidades (del operativo) y devoluciones que se realiza”, explicó en una entrevista con el canal estatal.
Lo que ahora espera el Gobierno es el proceso de los dos jueces no solo en la vía penal sino en la administrativa, a través del Consejo de la Magistratura.
Dos jueces anularon todo lo hecho en operativos antidroga ejecutados en Beni y que estuvieron relacionados con avionetas en pistas clandestinas, lo que no solo representó afectar la investigación sino la obligación de devolver todo lo incautado, que supera el millón de dólares. El Gobierno denunció a los dos jueces y considera que corresponde su destitución.
El responsable de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), Marcelo Gutiérrez, informó que ya presentó una denuncia contra los jueces Ana Karina Flores de San Joaquín y José Carvallo Ojopi de Trinidad por haber anulado todas las acciones del operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).
“Producto de esta nulidad, Dircabi ha tenido que devolver los bienes que se han secuestrado e incautado en una primera instancia. Lo que estamos haciendo de forma directa es presentar una denuncia penal y presentar antecedentes en el Consejo de la Magistratura”, informó y explicó que la decisión judicial anula todo lo hecho en ese operativo.
Requisa en aeropuertos de Beni halla 2 avionetas sospechosas de transportar droga
Con apoyo militar, la fuerza antidroga intervino el 13 de junio los aeropuertos de Trinidad y Santa Ana. Unas 130 avionetas fueron “puestas en observación” y se encontraron dos sospechosas de transportar droga y una con matrícula ‘clonada’. Efectivos antinarcóticos y 200 militares participaron del operativo activado tras denuncias de pistas clandestinas para el transporte de droga.
Gutiérrez explicó que la decisión judicial no solo representó afectar el “golpe dado en Trinidad” sino la obligación de devolver todo lo secuestrado como parte de la investigación para establecer responsabilidades.
“Estamos hablando de un millón de dólares (devueltos de todo lo secuestrado) producto de estas nulidades (del operativo) y devoluciones que se realiza”, explicó en una entrevista con el canal estatal.
Lo que ahora espera el Gobierno es el proceso de los dos jueces no solo en la vía penal sino en la administrativa, a través del Consejo de la Magistratura.
