Bachelet pide la repatriación de las familias del ISIS que no sean sospechosas de haber delinquido
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos los Estados llama a los Estados a conceder la nacionalidad "a los niños nacidos de sus ciudadanos" en las zonas de conflicto
Agencias
Ginebra
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha pedido este lunes que los miembros de las familias de yihadistas capturados o muertos en Siria e Irak sean "repatriados a menos que sean investigados por crímenes". "Los niños, en particular, han sufrido graves violaciones de sus derechos, incluidos aquellos que pueden haber sido adoctrinados o reclutados (...) para cometer actos violentos. La consideración principal debe ser su rehabilitación, su protección", ha añadido en el inicio de la 41ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
Desde la caída en marzo del califato del ISIS, la comunidad internacional se enfrenta al rompecabezas de la repatriación de las familias de los yihadistas capturados o muertos en Siria y en Irak. Su situación ha encabezado la larga lista de preocupaciones enumeradas por Bachelet.
Según la Alta Comisionada, más de 11.000 miembros de familias de combatientes del Estado Islámico están detenidos en el campo de Al Hol (Siria), administrado por las autoridades kurdas. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estima que hay 29.000 niños de combatientes extranjeros en Siria, entre ellos 20.000 de Irak, indicó al precisar que la mayoría de ellos tenían menos de 12 años.
"Está claro que todas las personas sospechosas de haber cometido crímenes —cualquiera que sea su país de origen y la naturaleza de su crimen— deben ser objeto de investigaciones y de acciones judiciales", pero "mantener en detención a personas que no son sospechosas de crímenes, en ausencia de un fundamento legal y de un control judicial independiente regular, es inaceptable", ha precisado.
Bachelet ha hecho también un llamado a los Estados para que otorguen la nacionalidad "a los niños nacidos de sus ciudadanos" en las zonas de conflicto, ya que imponer el estatuto de apátrida a esos menores es un "acto de crueldad". "Los niños apátridas son con frecuencia privados de educación, de acceso a la atención médica y de otros elementos fundamentales de la dignidad", ha enfatizado.
Bachelet ha destacado que "algunos países han hecho esfuerzos para repatriar a algunos ciudadanos, especialmente niños", sin detallar cuáles, y señalado que "cuatro casos han sido llevados al Comité de los Derechos del Niño y de la Convención contra la tortura por los abuelos franceses de niños actualmente detenidos en Siria o en Irak".
París solo acepta de momento repatriar a los niños "caso por caso", mientras que Washington ha comenzado a repatriar recientemente a sus propios ciudadanos. Dinamarca pretende privarlos de la nacionalidad.
En cuanto a los combatientes, Bachelet ha recalcado que más de 150 hombres y mujeres fueron condenados a muerte en Irak, en virtud de la ley antiterrorista, después de juicios que "no fueron acompañados de las garantías de un proceso regular". "Si hay ciudadanos sospechosos de haber cometido crímenes graves en otro país, o si están detenidos por cualquier otro motivo, el Estado de origen debería hacer todo lo posible para que sean tratados conforme al derecho internacional", ha insistido.
Ginebra
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha pedido este lunes que los miembros de las familias de yihadistas capturados o muertos en Siria e Irak sean "repatriados a menos que sean investigados por crímenes". "Los niños, en particular, han sufrido graves violaciones de sus derechos, incluidos aquellos que pueden haber sido adoctrinados o reclutados (...) para cometer actos violentos. La consideración principal debe ser su rehabilitación, su protección", ha añadido en el inicio de la 41ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
Desde la caída en marzo del califato del ISIS, la comunidad internacional se enfrenta al rompecabezas de la repatriación de las familias de los yihadistas capturados o muertos en Siria y en Irak. Su situación ha encabezado la larga lista de preocupaciones enumeradas por Bachelet.
Según la Alta Comisionada, más de 11.000 miembros de familias de combatientes del Estado Islámico están detenidos en el campo de Al Hol (Siria), administrado por las autoridades kurdas. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estima que hay 29.000 niños de combatientes extranjeros en Siria, entre ellos 20.000 de Irak, indicó al precisar que la mayoría de ellos tenían menos de 12 años.
"Está claro que todas las personas sospechosas de haber cometido crímenes —cualquiera que sea su país de origen y la naturaleza de su crimen— deben ser objeto de investigaciones y de acciones judiciales", pero "mantener en detención a personas que no son sospechosas de crímenes, en ausencia de un fundamento legal y de un control judicial independiente regular, es inaceptable", ha precisado.
Bachelet ha hecho también un llamado a los Estados para que otorguen la nacionalidad "a los niños nacidos de sus ciudadanos" en las zonas de conflicto, ya que imponer el estatuto de apátrida a esos menores es un "acto de crueldad". "Los niños apátridas son con frecuencia privados de educación, de acceso a la atención médica y de otros elementos fundamentales de la dignidad", ha enfatizado.
Bachelet ha destacado que "algunos países han hecho esfuerzos para repatriar a algunos ciudadanos, especialmente niños", sin detallar cuáles, y señalado que "cuatro casos han sido llevados al Comité de los Derechos del Niño y de la Convención contra la tortura por los abuelos franceses de niños actualmente detenidos en Siria o en Irak".
París solo acepta de momento repatriar a los niños "caso por caso", mientras que Washington ha comenzado a repatriar recientemente a sus propios ciudadanos. Dinamarca pretende privarlos de la nacionalidad.
En cuanto a los combatientes, Bachelet ha recalcado que más de 150 hombres y mujeres fueron condenados a muerte en Irak, en virtud de la ley antiterrorista, después de juicios que "no fueron acompañados de las garantías de un proceso regular". "Si hay ciudadanos sospechosos de haber cometido crímenes graves en otro país, o si están detenidos por cualquier otro motivo, el Estado de origen debería hacer todo lo posible para que sean tratados conforme al derecho internacional", ha insistido.
