Alemania aprobó una ley que busca agilizar las deportaciones a inmigrantes
En el paquete, impulsado por la coalición de gobierno, también se incluyen facilidades para la incorporación de trabajadores calificados al mercado laboral
Infobae
El parlamento alemán aprobó este viernes un paquete de medidas que incluyen la aceleración y concreción de las deportaciones de inmigrantes con orden de expulsión y también facilidades para la incorporación de trabajadores calificados al mercado laboral.
Con las siete leyes migratorias, el objetivo del gobierno -compuesto por la Unión Democrática Cristiana y la Social Democracia- sería "ordenar, controlar y limitar la inmigración", informó un artículo del diario El País.
Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar y la iniciativa fue cuestionada por imponer sanciones y presuntamente desproteger a quienes necesitan asilo.
Con todo, después de semanas de agitación política antes y después de las elecciones europeas y de encuestas demoledoras para los partidos en el Gobierno, este paquete le permite al debilitado Ejecutivo alemán ofrecer un resultado tangible de su gestión.
Un total de 372 parlamentarios votaron a favor de la ley de deportación, mientras que 159 la rechazaron y 111 se abstuvieron.
"Quien no tenga derecho a quedarse debe abandonar el país", dijo Horst Seehofer, el ministro del Interior, de la conservadora Unión Social Cristiana bávara (CSU), impulsora de la iniciativa.
Por su parte, los Verdes y el partido de La Izquierda denunciaron que lo votado el viernes es un retroceso para los derechos fundamentales de los inmigrantes. "Un día negro para la democracia", sentenció la parlamentaria Filiz Polat, del partido ecologista.
La llamada 'ley del retorno ordenado' es la ley dentro del paquete que mayor polémica ha suscitado. Busca que las expulsiones se materialicen, ya que cerca de la mitad no se consuman: unas 31.000 expulsiones programadas en 2018 no se efectuaron, frente a las 25.000 que se ejecutaron.
Ahora, la ley "elimina numerosos obstáculos prácticos a la deportación e incrementa las posibilidades de que las personas obligadas a dejar el país lo abandonen", según citó El País al Ministerio del Interior.
Las condiciones para la privación de libertad con vistas a la deportación se amplían para incluir, por ejemplo, a personas consideradas peligrosas o que no cooperen en su identificación. La fecha de la deportación será secreta y se castigará a quien la desvele. La idea es que las personas que deben ser deportadas no desaparezcan el día antes de subir al avión.
El texto contempla además el recorte de beneficios sociales para aquellos a los que se les haya dado asilo en otro país de la Unión Europea, así como la opción de que de manera transitoria se encierre a futuros deportados en prisiones, separados de presos comunes, hasta que se amplíen las plazas en centros especializados.
Los demandantes de asilo llamados "tolerados", es decir, los que a pesar de no haberse reconocido su solicitud estén integrados y tengan un trabajo estable, conozcan el idioma y no hayan tenido problemas con la justicia, recibirán un estatuto legal para seguridad a ellos y sus empleadores.
La ley de trabajadores calificados, otra de las leyes del paquete, permite la entrada de licenciados universitarios y aprendices de formación profesional que vengan a trabajar o buscar empleo. El preámbulo explica que el desempleo nunca había sido tan bajo desde la reunificación y que hay cerca de 1,2 millones de puestos vacantes. Se elimina la lista de profesiones más necesitadas y se amplía a cualquier empleo.
Los beneficiarios podrán buscar trabajo en Alemania y quedarse hasta seis meses siempre que tengan la formación necesaria, conozcan el idioma y tengan medios para subsistir. La idea es coordinarse mejor con las agencias de empleo de los países de origen.
En un comunicado, el Consejo para la Migración, del que forman parte 150 académicos, criticó el paquete legislativo por considerar que supone "un deterioro para las personas que buscan protección".
"Básicamente impone sanciones y recorta beneficios. Esto no favorece el reclutamiento de trabajadores cualificados ni refuerza la obligación de abandonar Alemania y, desde luego, tampoco la integración de personas que se quedan a largo plazo", sostiene Constantin Hruschka, abogado del Instituto Max Planck.
El parlamento alemán aprobó este viernes un paquete de medidas que incluyen la aceleración y concreción de las deportaciones de inmigrantes con orden de expulsión y también facilidades para la incorporación de trabajadores calificados al mercado laboral.
Con las siete leyes migratorias, el objetivo del gobierno -compuesto por la Unión Democrática Cristiana y la Social Democracia- sería "ordenar, controlar y limitar la inmigración", informó un artículo del diario El País.
Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar y la iniciativa fue cuestionada por imponer sanciones y presuntamente desproteger a quienes necesitan asilo.
Con todo, después de semanas de agitación política antes y después de las elecciones europeas y de encuestas demoledoras para los partidos en el Gobierno, este paquete le permite al debilitado Ejecutivo alemán ofrecer un resultado tangible de su gestión.
Un total de 372 parlamentarios votaron a favor de la ley de deportación, mientras que 159 la rechazaron y 111 se abstuvieron.
"Quien no tenga derecho a quedarse debe abandonar el país", dijo Horst Seehofer, el ministro del Interior, de la conservadora Unión Social Cristiana bávara (CSU), impulsora de la iniciativa.
Por su parte, los Verdes y el partido de La Izquierda denunciaron que lo votado el viernes es un retroceso para los derechos fundamentales de los inmigrantes. "Un día negro para la democracia", sentenció la parlamentaria Filiz Polat, del partido ecologista.
La llamada 'ley del retorno ordenado' es la ley dentro del paquete que mayor polémica ha suscitado. Busca que las expulsiones se materialicen, ya que cerca de la mitad no se consuman: unas 31.000 expulsiones programadas en 2018 no se efectuaron, frente a las 25.000 que se ejecutaron.
Ahora, la ley "elimina numerosos obstáculos prácticos a la deportación e incrementa las posibilidades de que las personas obligadas a dejar el país lo abandonen", según citó El País al Ministerio del Interior.
Las condiciones para la privación de libertad con vistas a la deportación se amplían para incluir, por ejemplo, a personas consideradas peligrosas o que no cooperen en su identificación. La fecha de la deportación será secreta y se castigará a quien la desvele. La idea es que las personas que deben ser deportadas no desaparezcan el día antes de subir al avión.
El texto contempla además el recorte de beneficios sociales para aquellos a los que se les haya dado asilo en otro país de la Unión Europea, así como la opción de que de manera transitoria se encierre a futuros deportados en prisiones, separados de presos comunes, hasta que se amplíen las plazas en centros especializados.
Los demandantes de asilo llamados "tolerados", es decir, los que a pesar de no haberse reconocido su solicitud estén integrados y tengan un trabajo estable, conozcan el idioma y no hayan tenido problemas con la justicia, recibirán un estatuto legal para seguridad a ellos y sus empleadores.
La ley de trabajadores calificados, otra de las leyes del paquete, permite la entrada de licenciados universitarios y aprendices de formación profesional que vengan a trabajar o buscar empleo. El preámbulo explica que el desempleo nunca había sido tan bajo desde la reunificación y que hay cerca de 1,2 millones de puestos vacantes. Se elimina la lista de profesiones más necesitadas y se amplía a cualquier empleo.
Los beneficiarios podrán buscar trabajo en Alemania y quedarse hasta seis meses siempre que tengan la formación necesaria, conozcan el idioma y tengan medios para subsistir. La idea es coordinarse mejor con las agencias de empleo de los países de origen.
En un comunicado, el Consejo para la Migración, del que forman parte 150 académicos, criticó el paquete legislativo por considerar que supone "un deterioro para las personas que buscan protección".
"Básicamente impone sanciones y recorta beneficios. Esto no favorece el reclutamiento de trabajadores cualificados ni refuerza la obligación de abandonar Alemania y, desde luego, tampoco la integración de personas que se quedan a largo plazo", sostiene Constantin Hruschka, abogado del Instituto Max Planck.
