Mesa: No me defenderé, acusaré al Gobierno de autoritarismo y corrupción sin límites

El candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC) fue convocado a declarar a la Fiscalía por el caso narcopolicías el lunes 6 de mayo a las 15:00

Página Siete Digital / La Paz
El expresidente y candidato presidencial, Carlos Mesa, fue citado a declarar por la Fiscalía el lunes a las tres de la tarde por el depósito de $us 30 mil que le hizo el exdirector de la FELCC de Santa Cruz, Gonzalo Medina, en 2009 por la compra de un departamento de sus padres.


El abogado del otrora vocero de la causa marítima, Carlos Alarcón, dijo que Mesa "no se defenderá" en este caso sino acusará a los operadores y responsables del Gobierno por el mal manejo de la Policía. El exPresidente también dijo que acusará al gobierno por el autoritarismo y la corrupción".

El exPresidente en un tuit reciente dijo que "este gobierno corrupto con los mayores nexos con el narcotrafico, busca con esta acción inhabilitar mi candidatura. NO ME AMEDRENTAN. Yo lo acuso de autoritarismo y corrupción sin límites!".

"Vamos a asumir como lo hemos hecho en el caso Quiborax, en el caso misiles, en el caso petrocontratos. Vamos a asumir con total hidalguía y entereza este juicio penal, es más no vamos a ir a defendernos en el juicio penal, vamos a acusar ante esa operadora de Evo Morales que está a cargo de ese proceso de que las verdaderas investigaciones tienen que ir contra los operadores y responsables del manejo de la Policía en el Gobierno nacional" dijo Alarcón en conferencia de prensa.

La artillería del MAS apunto hacia Mesa después de que se conoció que Medina, exdirector de la FELCC de Santa Cruz, depositó $us 30 mil a la cuenta del exPresidente en 2009 por la compra de un departamento de propiedad de los padres de Mesa.

El proceso de compra

El abogado de Mesa explicó esta tarde en base a un informe del abogado de los padres de Mesa que estuvo a cargo del bien inmueble. El jurista en un informe refiere que "el año 2009 los señores José de Mesa y Teresa Gisbert me pidieron que me hiciera cargo, como abogado, de una operación de compra venta de un departamento de su propiedad. Dicho inmueble está ubicado en el 7º piso Nº 701 del edificio Brasilia, Av. 6 de agosto esq. Juan José Pérez de la ciudad de La Paz".

"A través de un aviso de venta de inmueble, se contactó conmigo el doctor Rubén Fernando Medina Sánchez (CI. 2728622-Oruro) con quien se suscribió un documento privado de compra venta de fecha 16 de junio de 2009, por la suma de $us 55.000 (cincuenta y cinco mil dólares americanos), de los cuáles se pagarían $us 30.000 a la firma del documento privado y el resto cuando se
formalizara la transacción. A solicitud de los vendedores los 30.000 dólares iniciales, fueron depositados en la cuenta de Carlos Mesa", explicó.

"El doctor Medina -refiere el jurista- me pidió que la venta del departamento se hiciera a nombre de la señora Blanca Grimanesa
Hinojosa Imanareco (CI. 1927860-Beni), madre de un hijo en común con su hermano Gonzalo Felipe Medina Sánchez", quien vendría ser ahora el exdirector de la FELCC acusado de vínculos con el narcotráfico.


Esa compra se habría retrasado por una discrepancia en la superficie total del departamento, "lo que obligó a realizar un proceso de aclaratoria de ubicación y superficie del bien inmueble". Una vez que finalizó el proceso de aclaratoria "se hallaba ya en su fase final, se firmó la escritura pública Nº 20/2010 de 4 de mayo de 2010 otorgada ante Notario Nº 045, Dr. Ernesto Ossio Aramayo. En este documento figura como precio de la compra venta la suma de Bs. 133.000 (Ciento treinta tres mil bolivianos), que era el valor catastral del inmueble".

El abogado que estuvo a cargo del proceso de compra venta expresó que Mesa "no participó en el proceso de negociación, definición de costo, valor comercial, protocolización u otros, ni antes ni después del acuerdo".

Alarcón también facilitó a los periodistas el documento privado de compra venta del inmueble que ahora es motivo de investigación para la Fiscalía que con una velocidad inédita abrió el proceso contra Mesa, quien según las encuestas podría llevar a Morales a una segunda vuelta en las elecciones generales de octubre. En esa segunda vuelta, el exPresidente podría resultar victorioso.

Evo se quitó la máscara

Mesa asume que la reciente acusación del MAS busca eliminarlo de la contienda electoral. "Queremos decir que Evo Morales se ha quitado la máscara y a través de sus operadores y por tener bajo sus pies al Ministerio Público y a la justicia penal en Bolivia pretende eliminar tramposamente de la contienda electoral al candidato ganador, legal y legítimo", dijo Alarcón en conferencia de prensa.

Dijo que "el candidato inconstitucional, ilegal, fraudulento, perdedor del referéndum del 21 de febrero" en referencia a Evo Morales pretende ganar "tramposamente" estas elecciones vinculando a Mesa en un supuesto caso de vinculación y lavado de dinero del narcotráfico cuando el Gobierno desde la época del general René Sanabria, agente antinarcótico del Ministerio de Gobierno, se vio envuelto en el transporte de cocaína al exterior del país.

En el Gobierno, según dijo, no refundaron no reestructuraron a fondo la Policía nacional y se generó una fuerte penetración del narcotráfico en la Policía. "Resulta que ahora pretenden responsabilizar, cargarle el burro muert al expresidente Mesa de un tema que es de directa responsabilidad del gobierno nacional".

Cuestionó que cómo es posible que Medina, quien según las declaraciones de la diputada del MAS Susana Rivero, estaría vinculado al narcotráfico dirigió la lucha contra la delincuencia en Santa Cruz. "Cómo es posible que si ellos sabían que habían estas actividades ilícitas del narcotráfico le den la más alta confianza a este coronel para que sea el encargado principal de la lucha contra el delito, contra la delincuencia, en el departamento de Santa Cruz cuando ya se tenía el antecedente del general Sanabria y el Gobierno se cruzó de brazos".

Dijo que pedirán a la Fiscalía que por este caso también se llame a declarar a la diputada Rivero y al ministro de Gobierno, Carlos Romero.

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