Las regiones de Colombia donde la guerra no terminó y el ELN se expande
Los departamentos de Chocó y Bolívar están asediados por la violencia que desatan los enfrentamientos de esta guerrilla con otros grupos armados por el control de las rentas ilícitas, sobre todo el narcotráfico y la minería ilegal
Adriana Chica
Infobae
Después de la salida del conflicto de las FARC, la guerrilla del ELN se ha dispuesto -junto a otros grupos armados- a tomarse los espacios abandonados. Así, pasó de hacer presencia en 96 municipios en 2016 (año de la firma de la paz), a estar en 112 en 2018. La violencia ha escalado en las regiones donde se disputa el poder. El departamento de Chocó es uno de los más afectados, y recientemente el sur de Bolívar es su fortín de expansión. Ambas son zonas estratégicas para las rentas ilícitas.
"En el 2010, el ELN reapareció en los territorios como un actor con capacidad de producción de violencia y protagonista en el conflicto armado. Desde ese año se ha mantenido en escalada su crecimiento y la demostración de fuerza", asegura la Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Ello, tiene que ver con la lucha entre organizaciones al margen de la ley por controlar los espacios que fueron de las FARC y, así, sus actividades ilegales.
Un reciente informe de las Naciones Unidas da cuenta de esa intensificación de la violencia, que se ha visto reflejada en el aumento de masacres en Colombia, que pasaron de 11 casos en 2017 a 29 en 2018, un incremento del 164%. Esta situación es evidente, sobre todo, en los departamentos de Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Caquetá. En el primero el ELN mantiene un conflicto con Los Urabeños y Los Caparrapos.
En Cauca, la lucha es con las disidencias de las FARC, especialmente por el control de los cultivos de coca y amapola, y por la minería ilegal. En Catatumbo, subregión del Norte de Santander, la guerra es con Los Pelusos, los últimos residuos del Ejército Popular de Liberación (EPL). El año pasado ambos grupos se declararon la guerra y mantuvieron en zozobra a varias comunidades durante meses.
Además de estas regiones, hay dos departamentos más donde la guerra del ELN mantiene un incremento de la violencia y asesinatos sistemáticos que ha llevado a las poblaciones al confinamiento y desplazamiento forzado: Bolívar y Chocó.
Sur de Bolívar
Esta semana el alcalde de Arenal del Sur, José Luis Pacheco, denunció en un consejo de seguridad que había recibido amenazas por sus denuncias contra la minería ilegal en la región, y señaló directamente al ELN de ello. Y es que en ese municipio han circulado panfletos amenazantes firmados por esa guerrilla y un cartel que advierte de una zona minada. Fue el mandatario quien lo reportó a las autoridades.
Pacheco también ha asegurado que la vía entre Arenal del Sur y Norosí está bloqueada por un campo lleno de minas antipersonal sembradas por esa insurgencia. "La problemática viene desde el mismo momento en que dijimos 'no' a la minería ilegal, a las máquinas amarillas que hacen presencia en la parte sur de municipio donde se encuentra la quebrada Arenal, nuestro afluente más importante", fue una de las denuncias del mandatario.
Debido a esta situación, el gobierno aumentó el pie de fuerza en el departamento con más de 2.000 hombres del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y la Policía Antinarcóticos, con el único objetivo de combatir al frente Darío de Jesús Ramírez del ELN, y al Clan del Golfo, entre los cuales se pelean el dominio de las zonas mineras y de los cultivos de coca.
De hecho, hace unas semanas ocurrieron dos asesinatos en menos de 72 horas que según las autoridades corresponde a represalias del ELN por el aumento de la Fuerza Pública en el departamento. En el corregimiento de Micoahumado, del municipio de Morales, fue atacado a tiros el líder social Wilmar Carvajalino, perteneciente a la Asociación Agrominera del sur de Bolívar.
Horas antes habían asesinado al candidato al concejo local del municipio de Morales, Belisario Arciniegas García, de 38 años de edad, quien recibió cinco tiros cuando se movilizaba en su carro. Ambas muertes tienen que ver con las denuncias contra la minería ilegal, pues han encontrado excavadoras que trabajan sin autorización en zonas de yacimiento de recursos.
Y es que las regiones de Simití, Santa Rosa del Sur, Montecristo, Morales, Tiquisio y Norosí son fuente de oro, según datos de la Agencia Nacional de Minería (ANM). Para 2017 la producción del metal precioso era de cuatro toneladas al año, lo que representa el 6 por ciento del total nacional; de acuerdo con el portal VerdadAbierta.com. Pero además de esta actividad, el departamento es clave para el narcotráfico.
Por su ubicación geográfica, el Sur de Bolívar ofrece varios accesos a muchas partes del país y tiene rutas de tráfico al exterior. Está junto a las fronteras de Panamá y Venezuela, tiene transporte por el río Magdalena y el mar Caribe. Además, la zona tiene extensos cultivos de coca. Por eso el departamento se ha convertido en un fortín preciado para las organizaciones armadas.
El ELN se disputa el control territorial con las disidencias de las FARC y Los Urabeños. Aunque su presencia en la región no es nueva, advierte Pares. En los años 70 comenzó su expansión por el sur de Bolívar, hasta llegar a la Serranía de San Lucas, actual punto importante para la minería ilegal de oro; detalla la Fundación Insight Crime. Ahora, ya ha instalado cristalizaderos de cocaína.
Chocó
El reporte de las Naciones Unidas denunció el confinamiento de miles de personas en el municipio de Bojayá desde febrero de 2019, debido a la guerra por el control territorial entre el ELN y Los Urabeños. En marzo unas imágenes impactantes mostraban a las comunidades indígenas del resguardo Chintadó en el municipio de Riosucio escondidos en huecos en la arena para protegerse de las balas.
Así vive la gente en el departamento de Chocó donde el ELN se disputa las rutas del narcotráfico por la costa Pacífica con Los Urabeños, también conocidos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Las personas confinadas por esta situación son casi tres mil, según el reporte de la ONU.
El Chocó también goza de una ubicación geográfica clave, fronterizo con Panamá, con acceso a mares y a regiones de Colombia como Antioquia. Bojayá es el punto de conexión para el envío de la droga a Centroamérica, porque lo atraviesan los ríos Bojayá, que conecta con la costa Pacífica, y Atrato, que conecta con la costa Caribe; según Insight Crime. La guerra, entonces, es por varias rutas entre los dos océanos que rodean el país.
"Así, el que salga vencedor en esta lucha se haría de una zona extremadamente importante en Chocó y controlaría el movimiento de cocaína, lo cual le daría un ventaja estratégica y un poder económico superior al de los otros grupos criminales de la región", aseguró Insight Crime. En 2018, esta guerra dejó 48.797 víctimas de desplazamiento en el departamento, según cifras del Registro Único de Víctimas (RUV).
"Del total de los eventos de desplazamiento masivo que se han presentado en el Chocó, el 42% se ha originado por enfrentamientos entre el ELN y las AGC quienes, principalmente en la subregión del Bajo Atrato, están en constantes disputas por el control territorial de la zona", denunció la ONU en su informe. Y describen que Chocó es la zona del país con más afectados por confinamiento en el país, con el 57%.
Infobae
Después de la salida del conflicto de las FARC, la guerrilla del ELN se ha dispuesto -junto a otros grupos armados- a tomarse los espacios abandonados. Así, pasó de hacer presencia en 96 municipios en 2016 (año de la firma de la paz), a estar en 112 en 2018. La violencia ha escalado en las regiones donde se disputa el poder. El departamento de Chocó es uno de los más afectados, y recientemente el sur de Bolívar es su fortín de expansión. Ambas son zonas estratégicas para las rentas ilícitas.
"En el 2010, el ELN reapareció en los territorios como un actor con capacidad de producción de violencia y protagonista en el conflicto armado. Desde ese año se ha mantenido en escalada su crecimiento y la demostración de fuerza", asegura la Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Ello, tiene que ver con la lucha entre organizaciones al margen de la ley por controlar los espacios que fueron de las FARC y, así, sus actividades ilegales.
Un reciente informe de las Naciones Unidas da cuenta de esa intensificación de la violencia, que se ha visto reflejada en el aumento de masacres en Colombia, que pasaron de 11 casos en 2017 a 29 en 2018, un incremento del 164%. Esta situación es evidente, sobre todo, en los departamentos de Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Caquetá. En el primero el ELN mantiene un conflicto con Los Urabeños y Los Caparrapos.
En Cauca, la lucha es con las disidencias de las FARC, especialmente por el control de los cultivos de coca y amapola, y por la minería ilegal. En Catatumbo, subregión del Norte de Santander, la guerra es con Los Pelusos, los últimos residuos del Ejército Popular de Liberación (EPL). El año pasado ambos grupos se declararon la guerra y mantuvieron en zozobra a varias comunidades durante meses.
Además de estas regiones, hay dos departamentos más donde la guerra del ELN mantiene un incremento de la violencia y asesinatos sistemáticos que ha llevado a las poblaciones al confinamiento y desplazamiento forzado: Bolívar y Chocó.
Sur de Bolívar
Esta semana el alcalde de Arenal del Sur, José Luis Pacheco, denunció en un consejo de seguridad que había recibido amenazas por sus denuncias contra la minería ilegal en la región, y señaló directamente al ELN de ello. Y es que en ese municipio han circulado panfletos amenazantes firmados por esa guerrilla y un cartel que advierte de una zona minada. Fue el mandatario quien lo reportó a las autoridades.
Pacheco también ha asegurado que la vía entre Arenal del Sur y Norosí está bloqueada por un campo lleno de minas antipersonal sembradas por esa insurgencia. "La problemática viene desde el mismo momento en que dijimos 'no' a la minería ilegal, a las máquinas amarillas que hacen presencia en la parte sur de municipio donde se encuentra la quebrada Arenal, nuestro afluente más importante", fue una de las denuncias del mandatario.
Debido a esta situación, el gobierno aumentó el pie de fuerza en el departamento con más de 2.000 hombres del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y la Policía Antinarcóticos, con el único objetivo de combatir al frente Darío de Jesús Ramírez del ELN, y al Clan del Golfo, entre los cuales se pelean el dominio de las zonas mineras y de los cultivos de coca.
De hecho, hace unas semanas ocurrieron dos asesinatos en menos de 72 horas que según las autoridades corresponde a represalias del ELN por el aumento de la Fuerza Pública en el departamento. En el corregimiento de Micoahumado, del municipio de Morales, fue atacado a tiros el líder social Wilmar Carvajalino, perteneciente a la Asociación Agrominera del sur de Bolívar.
Horas antes habían asesinado al candidato al concejo local del municipio de Morales, Belisario Arciniegas García, de 38 años de edad, quien recibió cinco tiros cuando se movilizaba en su carro. Ambas muertes tienen que ver con las denuncias contra la minería ilegal, pues han encontrado excavadoras que trabajan sin autorización en zonas de yacimiento de recursos.
Y es que las regiones de Simití, Santa Rosa del Sur, Montecristo, Morales, Tiquisio y Norosí son fuente de oro, según datos de la Agencia Nacional de Minería (ANM). Para 2017 la producción del metal precioso era de cuatro toneladas al año, lo que representa el 6 por ciento del total nacional; de acuerdo con el portal VerdadAbierta.com. Pero además de esta actividad, el departamento es clave para el narcotráfico.
Por su ubicación geográfica, el Sur de Bolívar ofrece varios accesos a muchas partes del país y tiene rutas de tráfico al exterior. Está junto a las fronteras de Panamá y Venezuela, tiene transporte por el río Magdalena y el mar Caribe. Además, la zona tiene extensos cultivos de coca. Por eso el departamento se ha convertido en un fortín preciado para las organizaciones armadas.
El ELN se disputa el control territorial con las disidencias de las FARC y Los Urabeños. Aunque su presencia en la región no es nueva, advierte Pares. En los años 70 comenzó su expansión por el sur de Bolívar, hasta llegar a la Serranía de San Lucas, actual punto importante para la minería ilegal de oro; detalla la Fundación Insight Crime. Ahora, ya ha instalado cristalizaderos de cocaína.
Chocó
El reporte de las Naciones Unidas denunció el confinamiento de miles de personas en el municipio de Bojayá desde febrero de 2019, debido a la guerra por el control territorial entre el ELN y Los Urabeños. En marzo unas imágenes impactantes mostraban a las comunidades indígenas del resguardo Chintadó en el municipio de Riosucio escondidos en huecos en la arena para protegerse de las balas.
Así vive la gente en el departamento de Chocó donde el ELN se disputa las rutas del narcotráfico por la costa Pacífica con Los Urabeños, también conocidos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Las personas confinadas por esta situación son casi tres mil, según el reporte de la ONU.
El Chocó también goza de una ubicación geográfica clave, fronterizo con Panamá, con acceso a mares y a regiones de Colombia como Antioquia. Bojayá es el punto de conexión para el envío de la droga a Centroamérica, porque lo atraviesan los ríos Bojayá, que conecta con la costa Pacífica, y Atrato, que conecta con la costa Caribe; según Insight Crime. La guerra, entonces, es por varias rutas entre los dos océanos que rodean el país.
"Así, el que salga vencedor en esta lucha se haría de una zona extremadamente importante en Chocó y controlaría el movimiento de cocaína, lo cual le daría un ventaja estratégica y un poder económico superior al de los otros grupos criminales de la región", aseguró Insight Crime. En 2018, esta guerra dejó 48.797 víctimas de desplazamiento en el departamento, según cifras del Registro Único de Víctimas (RUV).
"Del total de los eventos de desplazamiento masivo que se han presentado en el Chocó, el 42% se ha originado por enfrentamientos entre el ELN y las AGC quienes, principalmente en la subregión del Bajo Atrato, están en constantes disputas por el control territorial de la zona", denunció la ONU en su informe. Y describen que Chocó es la zona del país con más afectados por confinamiento en el país, con el 57%.
