Cayó Mónica Sosa, la mujer que buscaba recuperar a balazos contra su familia el control de la principal banda criminal del Uruguay
Tras haber salido de prisión en enero, la mujer había iniciado una guerra para recuperar el liderazgo de Los Chingas, un grupo que había tomado el control de una zona de Montevideo donde tomaba viviendas, extorsionaba, distribuía drogas y mataba. En la pelea, un primo suyo terminó asesinado y otro repleto de balas
Guillermo Draper
desde Montevideo, Uruguay
Mónica Sosa salió de prisión en enero después de cumplir una condena de seis meses por usurpación y parecía que quería empezar una vida nueva. Era considerada la jefa de Los Chingas, un grupo criminal que llevó a niveles inéditos en Uruguay su control de un territorio, lo que incluía robar, ocupar viviendas, extorsionar comercios, distribuir droga, prohibir que los niños vayan a la escuela. Y matar, claro.
Una de las primeras cosas que hizo cuando recuperó su libertad fue ir a la Dirección del Liberado para que la incluyeran en la Bolsa de Trabajo para ex reclusos. Podía trabajar en limpieza, cocina o cuidado de ancianos, informó. Vivía en una casa fuera de su antigua zona de influencia, aunque no demasiado lejos. Las autoridades sospechan que todo era una fachada.
Esta semana, la Policía llevó adelante un operativo en Los Palomares de Casavalle, un barrio ubicado apenas a 12 minutos de la residencia presidencial, en el marco de una investigación conjunta entre las Fiscalías de Homicidios y Estupefacientes. El caso comenzó después de que el 29 de abril balearon a dos hombres, uno falleció y el otro sobrevivió pese a recibir 10 tiros. Ambos eran primos de Sosa, que fue detenida junto a otros familiares en la redada.
Los investigadores sospechan que la ex líder de Los Chingas, que es indagada por narcotráfico y no por los homicidios, intentaba rearmar a su organización, aun cuando eso implicara presionar a sus familiares y hacerlos matar si se negaban a participar, relataron a Infobae fuentes vinculadas al caso.
Pero esta vez no le funcionó. Hay "un quiebre en la omertá y el pacto de silencio" en la organización y la denunciaron, evalúan en el gobierno. "Es el intento desesperado de una banda criminal que quedó diezmada y que lleva a que hoy se exterminan entre familiares".
Casavalle amaneció rodeado el 20 de diciembre del 2017. Las entradas y salidas al barrio estaban controladas por piquetes policiales que exigían documentación a cada persona. El operativo Mirador movilizó a 600 efectivos para desarrollar 68 allanamientos. Fue el principio del fin de Los Chingas.
Meses antes, Los Chingas habían ganado un enfrentamiento con su rival del barrio, la banda del Camala, y con eso logró el control absoluto de la zona. Con el camino despejado, la organización comenzó a operar con una impunidad que las autoridades no habían visto antes. Mediante amenazas y violencia desalojaban a vecinos de Casavalle, ocupaban sus viviendas, las vendían o alquilaban a otras personas, las usaban como bocas de drogas y depósitos de armas. Tomaron unas 60 casas y desalojaron a más de 200 personas en tan solo dos meses.
El gobierno de Tabaré Vázquez consideraba que enfrentaba una de las situaciones de seguridad "más delicadas", informó entonces el semanario uruguayo Búsqueda. El fiscal general, Jorge Díaz, declaró a ese medio que la conducta criminal de Los Chingas era "inédita en Uruguay".
Tras el operativo Mirador, el primero de varios que haría el gobierno para desarticular bandas criminales, hubo varias detenciones. Mónica Sosa marchó a prisión por "cooperar moralmente" con el delito de usurpación de vivienda, según escribió el fiscal Enrique Rodríguez en su dictamen. Atrás dejó una casa humilde por fuera, similar a la de sus vecinos, pero con el mejor confort: jacuzzi, plasmas, aires acondicionados.
Era su segundo procesamiento, antes había sido acusada de extorsión.
Sosa salió en libertad el 12 de enero y, según los investigadores, comenzó un trabajo subterráneo para recuperar el control del barrio. En el proceso, empezó a presionar a sus familiares para que trabajaran con ella, lo que incluyó amenazas para que sus hijos —muchos de ellos apenas niños— fueran parte de una nueva red de vendedores de drogas. Quería sicarios y seguridad personal.
La situación se volvió pronto insostenible. Derivó en el enfrentamiento que terminó con uno de sus primos muerto y el otro repleto de balas. Y los familiares empezaron a acusarse entre sí.
La Policía detuvo a Sosa el martes y con ella también se llevó a su nuera de 18 años, a su consuegro de 39 y al hijastro de su consuegro (24 años).
Mientras la fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero, le tomaba declaraciones ayer miércoles por un delito de drogas, Sosa rompió en llantos. "Es una personalidad manipuladora, es fría y despiadada", aseguró a Infobae uno de los que más investigó a Los Chingas.
A partir de las declaraciones recabadas, la Policía sospecha que es la autora intelectual del crimen de su primo, aunque el autor material sería otra persona. Por el momento, la fiscal presentará en la tarde de hoy la acusación contra Sosa por el delito de violencia privada y no por homicidio.
desde Montevideo, Uruguay
Mónica Sosa salió de prisión en enero después de cumplir una condena de seis meses por usurpación y parecía que quería empezar una vida nueva. Era considerada la jefa de Los Chingas, un grupo criminal que llevó a niveles inéditos en Uruguay su control de un territorio, lo que incluía robar, ocupar viviendas, extorsionar comercios, distribuir droga, prohibir que los niños vayan a la escuela. Y matar, claro.
Una de las primeras cosas que hizo cuando recuperó su libertad fue ir a la Dirección del Liberado para que la incluyeran en la Bolsa de Trabajo para ex reclusos. Podía trabajar en limpieza, cocina o cuidado de ancianos, informó. Vivía en una casa fuera de su antigua zona de influencia, aunque no demasiado lejos. Las autoridades sospechan que todo era una fachada.
Esta semana, la Policía llevó adelante un operativo en Los Palomares de Casavalle, un barrio ubicado apenas a 12 minutos de la residencia presidencial, en el marco de una investigación conjunta entre las Fiscalías de Homicidios y Estupefacientes. El caso comenzó después de que el 29 de abril balearon a dos hombres, uno falleció y el otro sobrevivió pese a recibir 10 tiros. Ambos eran primos de Sosa, que fue detenida junto a otros familiares en la redada.
Los investigadores sospechan que la ex líder de Los Chingas, que es indagada por narcotráfico y no por los homicidios, intentaba rearmar a su organización, aun cuando eso implicara presionar a sus familiares y hacerlos matar si se negaban a participar, relataron a Infobae fuentes vinculadas al caso.
Pero esta vez no le funcionó. Hay "un quiebre en la omertá y el pacto de silencio" en la organización y la denunciaron, evalúan en el gobierno. "Es el intento desesperado de una banda criminal que quedó diezmada y que lleva a que hoy se exterminan entre familiares".
Casavalle amaneció rodeado el 20 de diciembre del 2017. Las entradas y salidas al barrio estaban controladas por piquetes policiales que exigían documentación a cada persona. El operativo Mirador movilizó a 600 efectivos para desarrollar 68 allanamientos. Fue el principio del fin de Los Chingas.
Meses antes, Los Chingas habían ganado un enfrentamiento con su rival del barrio, la banda del Camala, y con eso logró el control absoluto de la zona. Con el camino despejado, la organización comenzó a operar con una impunidad que las autoridades no habían visto antes. Mediante amenazas y violencia desalojaban a vecinos de Casavalle, ocupaban sus viviendas, las vendían o alquilaban a otras personas, las usaban como bocas de drogas y depósitos de armas. Tomaron unas 60 casas y desalojaron a más de 200 personas en tan solo dos meses.
El gobierno de Tabaré Vázquez consideraba que enfrentaba una de las situaciones de seguridad "más delicadas", informó entonces el semanario uruguayo Búsqueda. El fiscal general, Jorge Díaz, declaró a ese medio que la conducta criminal de Los Chingas era "inédita en Uruguay".
Tras el operativo Mirador, el primero de varios que haría el gobierno para desarticular bandas criminales, hubo varias detenciones. Mónica Sosa marchó a prisión por "cooperar moralmente" con el delito de usurpación de vivienda, según escribió el fiscal Enrique Rodríguez en su dictamen. Atrás dejó una casa humilde por fuera, similar a la de sus vecinos, pero con el mejor confort: jacuzzi, plasmas, aires acondicionados.
Era su segundo procesamiento, antes había sido acusada de extorsión.
Sosa salió en libertad el 12 de enero y, según los investigadores, comenzó un trabajo subterráneo para recuperar el control del barrio. En el proceso, empezó a presionar a sus familiares para que trabajaran con ella, lo que incluyó amenazas para que sus hijos —muchos de ellos apenas niños— fueran parte de una nueva red de vendedores de drogas. Quería sicarios y seguridad personal.
La situación se volvió pronto insostenible. Derivó en el enfrentamiento que terminó con uno de sus primos muerto y el otro repleto de balas. Y los familiares empezaron a acusarse entre sí.
La Policía detuvo a Sosa el martes y con ella también se llevó a su nuera de 18 años, a su consuegro de 39 y al hijastro de su consuegro (24 años).
Mientras la fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero, le tomaba declaraciones ayer miércoles por un delito de drogas, Sosa rompió en llantos. "Es una personalidad manipuladora, es fría y despiadada", aseguró a Infobae uno de los que más investigó a Los Chingas.
A partir de las declaraciones recabadas, la Policía sospecha que es la autora intelectual del crimen de su primo, aunque el autor material sería otra persona. Por el momento, la fiscal presentará en la tarde de hoy la acusación contra Sosa por el delito de violencia privada y no por homicidio.
