El Gobierno y la Fiscalía intervienen las oficinas de DDRR de Santa Cruz y Warnes
Página Siete difundió la semana pasada una investigación que develaba irregularidades al interior de esa institución.
Página Siete Digital / La Paz
Frente a las múltiples denuncias de irregularidades y manipulación informática en la oficina de Derechos Reales de Santa Cruz, hoy la Fiscalía y los Ministerios de Gobierno y de Justicia procedieron a intervenir esa dependencia en la capital oriental, además de otra en el municipio de Warnes.
En conferencia de prensa conjunta, los ministros de Gobierno y de Justicia, Carlos Romero y Héctor Arce respectivamente, dieron a conocer que son un total de siete denuncias penales que se han presentado la mañana de hoy contra algunos de los servidores públicos de estas oficinas, para quienes se expidieron órdenes de aprehensión.
“Hay ocho personas involucradas, cinco en Santa Cruz y tres en la ciudad de Warnes con casos concretos y gravísimos”, dio a conocer Arce, quien detalló que las denuncias tienen que ver con los delitos de manipulación informática, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.
Arce detalló una serie de casos irregulares que se presentaron en la oficina de DDRR. Por ejemplo citó el caso de un banco que logró una orden para hipotecar legalmente un bien, pero en DDRR se bloqueó esa acción bajo la figura de que el bien debía ser transferido, antes, a una tercera persona.
Otro caso implica el levantamiento de gravámenes de 80 mil o 120 mil dólares sin orden judicial, con la finalidad de que los bienes afectados puedan ser vendidos. También otros casos en los que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) se ha visto perjudicado por la elevación de hipotecas de bienes.
Asimismo se desveló que cajeros de DDRR anulaban boletas de cobro de 30 mil o 40 mil bolivianos para reducirlas a 1.000 o 2.000 bolivianos que eran cobrados por ellos mismos, lo que generaba una afectación a las arcas de la institución.
“Esta es una primera incursión de manera conjunta y coordinada, con ayuda del Ministerio Público y vamos a seguir trabajando en un manejo irresponsable, caótico de una institución fundamental que tiene la responsabilidad de dar fe y registrar la propiedad de las personas”, comentó Arce.
El periódico Página Siete publicó hace una semana una investigación sobre las irregularidades que existen en Derechos Reales de este departamento, las cuales advierten que desde esta entidad se cancelan deudas y se gravan bienes a pedido, además de otros trámites irregulares.
Frente a las múltiples denuncias de irregularidades y manipulación informática en la oficina de Derechos Reales de Santa Cruz, hoy la Fiscalía y los Ministerios de Gobierno y de Justicia procedieron a intervenir esa dependencia en la capital oriental, además de otra en el municipio de Warnes.
En conferencia de prensa conjunta, los ministros de Gobierno y de Justicia, Carlos Romero y Héctor Arce respectivamente, dieron a conocer que son un total de siete denuncias penales que se han presentado la mañana de hoy contra algunos de los servidores públicos de estas oficinas, para quienes se expidieron órdenes de aprehensión.
“Hay ocho personas involucradas, cinco en Santa Cruz y tres en la ciudad de Warnes con casos concretos y gravísimos”, dio a conocer Arce, quien detalló que las denuncias tienen que ver con los delitos de manipulación informática, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.
Arce detalló una serie de casos irregulares que se presentaron en la oficina de DDRR. Por ejemplo citó el caso de un banco que logró una orden para hipotecar legalmente un bien, pero en DDRR se bloqueó esa acción bajo la figura de que el bien debía ser transferido, antes, a una tercera persona.
Otro caso implica el levantamiento de gravámenes de 80 mil o 120 mil dólares sin orden judicial, con la finalidad de que los bienes afectados puedan ser vendidos. También otros casos en los que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) se ha visto perjudicado por la elevación de hipotecas de bienes.
Asimismo se desveló que cajeros de DDRR anulaban boletas de cobro de 30 mil o 40 mil bolivianos para reducirlas a 1.000 o 2.000 bolivianos que eran cobrados por ellos mismos, lo que generaba una afectación a las arcas de la institución.
“Esta es una primera incursión de manera conjunta y coordinada, con ayuda del Ministerio Público y vamos a seguir trabajando en un manejo irresponsable, caótico de una institución fundamental que tiene la responsabilidad de dar fe y registrar la propiedad de las personas”, comentó Arce.
El periódico Página Siete publicó hace una semana una investigación sobre las irregularidades que existen en Derechos Reales de este departamento, las cuales advierten que desde esta entidad se cancelan deudas y se gravan bienes a pedido, además de otros trámites irregulares.
