Empresas fraudulentas, prácticas irregulares y un oficio fantasma: la realidad de los guardaespaldas en México
Ante los niveles de violencia en el país, la seguridad privada se ha convertido en un mal necesario. Sin embargo, la industria opera en medio de una serie de problemas
Denisse López
Infobae
A medida que se ha ido incrementando la inseguridad en México, también lo han hecho los servicios de seguridad privada. Según el registro de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), el número de empresas con autorización federal para prestar este tipo de servicios en dos o mas entidades son, hasta abril de 2018, 1,232. Sin embargo, se estima que hay entre 6,000 y 8,000 compañías que ofrecen el servicio sin tener licencia para hacerlo, es decir, que son ilegales.
Además del alto número de empresas fraudulentas, existe un problema con la normatividad, pues según se ha señalado, no cumple con los mínimos requerimientos para asegurar el cumplimiento de los perfiles y preparación adecuada del personal.
José Antonio Parra, presidente del Consejo Mexicano de la Sociedad de Estudios Internacionales, explicó en entrevista con Infobae México que en realidad el país no cuenta con una legislación moderna en torno al tema, pues en ningún lado aparece explícitamente definida la profesión de escoltas.
Estos cuerpos de seguridad que fungen como guardaespaldas aparecen bajo el concepto de guardias, que puede entenderse como personal de vigilancia de acceso y salida de tiendas, centros comerciales, estacionamientos, restaurantes, aeropuertos, inmuebles, traslado de valores y por supuesto, custodia de personas.
Prácticas irregulares, un rasgo común en el sector
Según explicó Antonio Parra, México cuenta con una ley a nivel federal que regula la seguridad privada cuando la prestación de estos servicios se realiza en dos o más estados. Sin embargo, sí sólo se prestan en un estado se regulan por la ley local; al respecto hay que destacar que para marzo de 2018 todavía había cuatro entidades que no contaban con una legislación en torno al tema: Veracruz, Sinaloa, Tabasco y Baja California.
Ya sea la Secretaría de Seguridad Pública Federal o alguna estatal la que acredite el ejercicio de una empresa de seguridad privada, también es necesaria la aprobación de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para la portación de armas.
Pocas empresas cuenta con este permiso, pero ello no ha evitado su descontrol. Al respecto, Parra explicó que muchas empresas ponen escoltas con su propio personal y los dan de alta en una agencia de seguridad que cuente con el permiso de portación de arma. La empresa paga por el uso de la pistola y el salario del personal, pero es la agencia la que proporciona el armamento.
Esta práctica ha fomentando que exista personal mal capacitado y sin experiencia en el campo, así lo explicó Julio César García, presidente de la Sociedad Mexicana de Guardaespaldas a Infobae México.
En el país hay un problema de corrupción que se ve reflejado en todos los ámbitos, incluido este rubro. Según explicó García, es recurrente que gente con "influencia o dinero" arme a personal que no tuvo entrenamiento y carece de vocación. Ello se confirma en la poca eficacia de algunos y en el uso indiscriminado de la fuerza de otros.
"Por eso vemos guardaespaldas que se meten en problemas; son los que no están bien preparados", sentenció el presidente de la asociación.
Además de los permisos de portación de arma, hay negocios e incluso empresarios que compran los exámenes que su personal tiene que aprobar, pues todo elemento de seguridad privada pasa por un control muy parecido al que hace la policía.
Según explicó Antonio Parra, hay una laxitud en cuanto a la aprobación de estos tests psicométricos, toxicológicos y de estado de salud general. El motivo es que al ser compañías privadas, pueden realizarlos en el laboratorio de su conveniencia; a diferencia del cuerpo de seguridad del estado, donde quien los realiza son instituciones públicas.
Ex militares y policías
Por si esto fuera poco hay otro problema, y es que la suave regulación ha permitido que muchos ex militares y ex policías brinden estos servicios sin estar debidamente contratados.
Según explicaron ambos entrevistados, los empresarios suelen contratar a este tipo de personal bajo acuerdo de palabra, sin ningún contrato ni prestaciones de ley. Y debido a que el estado le permite a sus ex trabajadores quedarse con su arma al retirarse, ni siquiera tienen que preocuparse por el permiso de portación de arma. "Es una profesión que se ha prostituido", dijo César García.
Por su parte, Parra explicó que esta situación se debe a que este tipo de perfil ya cuenta con las prestaciones que le otorga el Estado por sus años de servicio, por lo que no les importa estar irregulares siempre y cuando les paguen.
Hay otra ilegalidad en esta práctica, relacionada con el uso del arma. Pues de acuerdo con el presidente del Consejo Mexicano, aunque una persona tenga licencia de portación, ésta es para defensa personal y no para cuidar a un tercero. Y añadió que técnicamente, la renta de escolta a título personal no está permitido, se tiene que hacer por medio de una empresa.
Un trabajo de riesgo con condiciones desfavorables
Los vacíos en la legislación han repercutido incluso en las condiciones laborales de aquellos que ejercen este oficio. Ambos entrevistados coincidieron en que no hay una homologación en el sueldo o en prestaciones.
"Depende de la empresa que sea, si es 'patito' pues no tienen ni prestaciones. Hay otras que dan lo que esta de acuerdo a la ley, como seguro social, etc. Y no hay que olvidar que los guardaespaldas están dados de alta como guardias porque su oficio no esta contemplado", sentenció José Antonio Parra.
César García añadió que el pago no esta fijado, por lo que depende mucho para quien trabajes. "Si trabajas para alguien que tiene mucho dinero pues seguro tendrás un mejor salario. Pero hay gente que no tiene la capacidad económica para tener un escolta y lo contrata; le pagan muy mal y no le dan ninguna prestación".
Las estimaciones reflejan que el salario promedio para un escolta esta entre los 15.000 y los 20.000 pesos mensuales, una tasa baja si se considera que son personas que en muchos casos arriesgan su vida.
"En este país el riesgo no solo es de un enfrentamiento, sino desde que sale de su casa (el escolta), porque muchas veces los levantan a ellos para sacarles información de sus jefes", explicó García.
Las condiciones en las que operan los guardaespaldas en México han generado la creación de varias asociaciones con el objetivo de dar un soporte a los trabajadores; tal es el caso de la Sociedad Mexicana de Guardaespaldas.
Escoltas, un lujo que pocos pueden pagar
Con el tiempo, las asociaciones esperan conformar un sindicato que les brinde presencia a nivel nacional y les otorgue cierta protección. De acuerdo con César, presidente de la Sociedad Mexicana, también se espera trabajar en conjunto con el gobierno federal para generar un nuevo modelo que estandarice el perfil de los guardaespaldas y homologue su formación sin importar en qué parte del país ejerza.
"Así se evitaría que incluso gobernadores, alcaldes y presidentes municipales paguen con su vida la mala capacitación de los escoltas".
El panorama es crudo pero realista. Ante los niveles de violencia en el país, la seguridad privada se ha convertido en un mal necesario. Aunque su existencia ha traído consigo otros problemas y se olvida la premisa que flota en el aire, la cual es que sólo aquel que tiene dinero puede pagar su propia seguridad.
Infobae
A medida que se ha ido incrementando la inseguridad en México, también lo han hecho los servicios de seguridad privada. Según el registro de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), el número de empresas con autorización federal para prestar este tipo de servicios en dos o mas entidades son, hasta abril de 2018, 1,232. Sin embargo, se estima que hay entre 6,000 y 8,000 compañías que ofrecen el servicio sin tener licencia para hacerlo, es decir, que son ilegales.
Además del alto número de empresas fraudulentas, existe un problema con la normatividad, pues según se ha señalado, no cumple con los mínimos requerimientos para asegurar el cumplimiento de los perfiles y preparación adecuada del personal.
José Antonio Parra, presidente del Consejo Mexicano de la Sociedad de Estudios Internacionales, explicó en entrevista con Infobae México que en realidad el país no cuenta con una legislación moderna en torno al tema, pues en ningún lado aparece explícitamente definida la profesión de escoltas.
Estos cuerpos de seguridad que fungen como guardaespaldas aparecen bajo el concepto de guardias, que puede entenderse como personal de vigilancia de acceso y salida de tiendas, centros comerciales, estacionamientos, restaurantes, aeropuertos, inmuebles, traslado de valores y por supuesto, custodia de personas.
Prácticas irregulares, un rasgo común en el sector
Según explicó Antonio Parra, México cuenta con una ley a nivel federal que regula la seguridad privada cuando la prestación de estos servicios se realiza en dos o más estados. Sin embargo, sí sólo se prestan en un estado se regulan por la ley local; al respecto hay que destacar que para marzo de 2018 todavía había cuatro entidades que no contaban con una legislación en torno al tema: Veracruz, Sinaloa, Tabasco y Baja California.
Ya sea la Secretaría de Seguridad Pública Federal o alguna estatal la que acredite el ejercicio de una empresa de seguridad privada, también es necesaria la aprobación de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para la portación de armas.
Pocas empresas cuenta con este permiso, pero ello no ha evitado su descontrol. Al respecto, Parra explicó que muchas empresas ponen escoltas con su propio personal y los dan de alta en una agencia de seguridad que cuente con el permiso de portación de arma. La empresa paga por el uso de la pistola y el salario del personal, pero es la agencia la que proporciona el armamento.
Esta práctica ha fomentando que exista personal mal capacitado y sin experiencia en el campo, así lo explicó Julio César García, presidente de la Sociedad Mexicana de Guardaespaldas a Infobae México.
En el país hay un problema de corrupción que se ve reflejado en todos los ámbitos, incluido este rubro. Según explicó García, es recurrente que gente con "influencia o dinero" arme a personal que no tuvo entrenamiento y carece de vocación. Ello se confirma en la poca eficacia de algunos y en el uso indiscriminado de la fuerza de otros.
"Por eso vemos guardaespaldas que se meten en problemas; son los que no están bien preparados", sentenció el presidente de la asociación.
Además de los permisos de portación de arma, hay negocios e incluso empresarios que compran los exámenes que su personal tiene que aprobar, pues todo elemento de seguridad privada pasa por un control muy parecido al que hace la policía.
Según explicó Antonio Parra, hay una laxitud en cuanto a la aprobación de estos tests psicométricos, toxicológicos y de estado de salud general. El motivo es que al ser compañías privadas, pueden realizarlos en el laboratorio de su conveniencia; a diferencia del cuerpo de seguridad del estado, donde quien los realiza son instituciones públicas.
Ex militares y policías
Por si esto fuera poco hay otro problema, y es que la suave regulación ha permitido que muchos ex militares y ex policías brinden estos servicios sin estar debidamente contratados.
Según explicaron ambos entrevistados, los empresarios suelen contratar a este tipo de personal bajo acuerdo de palabra, sin ningún contrato ni prestaciones de ley. Y debido a que el estado le permite a sus ex trabajadores quedarse con su arma al retirarse, ni siquiera tienen que preocuparse por el permiso de portación de arma. "Es una profesión que se ha prostituido", dijo César García.
Por su parte, Parra explicó que esta situación se debe a que este tipo de perfil ya cuenta con las prestaciones que le otorga el Estado por sus años de servicio, por lo que no les importa estar irregulares siempre y cuando les paguen.
Hay otra ilegalidad en esta práctica, relacionada con el uso del arma. Pues de acuerdo con el presidente del Consejo Mexicano, aunque una persona tenga licencia de portación, ésta es para defensa personal y no para cuidar a un tercero. Y añadió que técnicamente, la renta de escolta a título personal no está permitido, se tiene que hacer por medio de una empresa.
Un trabajo de riesgo con condiciones desfavorables
Los vacíos en la legislación han repercutido incluso en las condiciones laborales de aquellos que ejercen este oficio. Ambos entrevistados coincidieron en que no hay una homologación en el sueldo o en prestaciones.
"Depende de la empresa que sea, si es 'patito' pues no tienen ni prestaciones. Hay otras que dan lo que esta de acuerdo a la ley, como seguro social, etc. Y no hay que olvidar que los guardaespaldas están dados de alta como guardias porque su oficio no esta contemplado", sentenció José Antonio Parra.
César García añadió que el pago no esta fijado, por lo que depende mucho para quien trabajes. "Si trabajas para alguien que tiene mucho dinero pues seguro tendrás un mejor salario. Pero hay gente que no tiene la capacidad económica para tener un escolta y lo contrata; le pagan muy mal y no le dan ninguna prestación".
Las estimaciones reflejan que el salario promedio para un escolta esta entre los 15.000 y los 20.000 pesos mensuales, una tasa baja si se considera que son personas que en muchos casos arriesgan su vida.
"En este país el riesgo no solo es de un enfrentamiento, sino desde que sale de su casa (el escolta), porque muchas veces los levantan a ellos para sacarles información de sus jefes", explicó García.
Las condiciones en las que operan los guardaespaldas en México han generado la creación de varias asociaciones con el objetivo de dar un soporte a los trabajadores; tal es el caso de la Sociedad Mexicana de Guardaespaldas.
Escoltas, un lujo que pocos pueden pagar
Con el tiempo, las asociaciones esperan conformar un sindicato que les brinde presencia a nivel nacional y les otorgue cierta protección. De acuerdo con César, presidente de la Sociedad Mexicana, también se espera trabajar en conjunto con el gobierno federal para generar un nuevo modelo que estandarice el perfil de los guardaespaldas y homologue su formación sin importar en qué parte del país ejerza.
"Así se evitaría que incluso gobernadores, alcaldes y presidentes municipales paguen con su vida la mala capacitación de los escoltas".
El panorama es crudo pero realista. Ante los niveles de violencia en el país, la seguridad privada se ha convertido en un mal necesario. Aunque su existencia ha traído consigo otros problemas y se olvida la premisa que flota en el aire, la cual es que sólo aquel que tiene dinero puede pagar su propia seguridad.
