El régimen de Maduro intenta apartar a Guaidó con una inhabilitación de 15 años
El tribunal de cuentas asegura que el presidente interino de Venezuela "ocultó o falseó" datos de su declaración de patrimonio y recibió dinero de instancias internacionales y nacionales sin justificar
Alonso Moleiro
Francesco Manetto
Caracas / Bogotá, El País
El régimen de Nicolás Maduro dio este jueves un paso más allá en su intento de asfixiar a Juan Guaidó. Lo hizo por la vía administrativa, estrechándole el cerco y tratando de expulsarle de la política. La Contraloría General de Venezuela, organismo controlado por el chavismo encargado de fiscalizar las instituciones públicas, inhabilitó al presidente de la Asamblea Nacional, reconocido como mandatario interino por más de 50 Gobiernos, para el ejercicio de cargos públicos durante 15 años. El responsable de ese organismo, Elvis Amoroso, le acusa de falsear u ocultar su patrimonio. Guaidó no reconoció su decisión.
El aparato chavista lanzó ayer una nueva maniobra para intentar neutralizar el plan del presidente del Parlamento, inmerso desde hace dos meses en un complejo pulso por el control del poder con Maduro. El contralor —cargo equivalente al auditor general de la Administración— se refirió a Guaidó como “diputado en desacato” y anunció una medida similar a la adoptada en 2017 en contra del excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski. Amoroso afirmó que Guaidó “ha usurpado funciones públicas y ha cometido acciones con Gobiernos extranjeros que perjudican al pueblo de Venezuela” y que “ha ocultado información en sus declaraciones patrimoniales”, haciendo 91 viajes al exterior “que no es capaz de costear con su salario”. Además de inhabilitarlo, la Contraloría instó a la Fiscalía a que tome las acciones legales correspondientes.
Este nuevo movimiento del régimen se encuadra en un contexto de doble institucionalidad, por lo que sus consecuencias son inciertas. Si el desafío que Guaidó lanzó a Nicolás Maduro el pasado 23 de enero juramentándose como presidente interino, al considerar que Maduro asumió ilegalmente el poder, se resolviera a corto plazo con una convocatoria de elecciones presidenciales diseñada unilaterlamente por el chavismo, el político no podría presentarse a esos comicios. Se trata, sin embargo, de un escenario improbable dado que la Asamblea Nacional exige primero que cese la usurpación del régimen e iniciar un proceso de transición. Si el pulso desemboca en unas elecciones negociadas y pactadas, se establecerían las condiciones para que las decisiones del actual Gobierno quedaran sin efecto.
Pese a todo, Guaidó se comportó ayer como si nada hubiera pasado e invitó a sus seguidores a mantener la presión en la calle. “El pueblo de Venezuela no se va a dejar confundir con una falsa inhabilitación”, afirmó. “No es contralor. El Parlamento legítimo es el único que puede designar un contralor”.
Las declaraciones de Amoroso se inscriben, en cualquier caso, en un contrataque que el chavismo adelanta para sacarlo de la escena y apagar los ecos de las protestas populares en Venezuela. La población está agotada. Eso quedó demostrado en las últimas semanas con la secuencia de apagones y cortes de suministro de agua. El Gobierno lo sabe y su estrategia consiste en apagar el entusiasmo de los opositores.
Cuando Guaidó cruzó la frontera, la víspera de la operación fallida para introducir material médico y alimentos el pasado 23 de febrero, y se fue a Colombia pese a tenerlo prohibido expresamente por la justicia, el sector más intransigente del régimen, con Diosdado Cabello a la cabeza, le advirtió abiertamente de las consecuencias de su decisión. Hubiera podido detenerlo a su regreso. Sin embargo, el rival de Maduro volvió a Caracas de forma triunfal y continuó con su plan de desgaste. El chavismo, al menos hasta ayer, optó por no encarcelar al presidente de la Asamblea, quizá por temor a una reacción de Estados Unidos, pero quiere anular su margen de acción y estrecha el cerco sobre el entorno de Guaidó.
Roberto Marrero, su jefe de despacho y mano derecha, fue detenido la semana pasada bajo acusaciones de terrorismo y enfrenta la posibilidad de pasar un largo tiempo en la cárcel. El Gobierno de Maduro sigue responsabilizando a la Administración de Donald Trump y a la oposición de los, a su juicio, intentos de desestabilización con la crisis eléctrica más grave que conoció Venezuela.
La fórmula de la inhabilitación ha sido, junto con las detenciones, el recurso más utilizado por la justicia para desactivar a la oposición y generar división interna. Además del caso de Capriles, ocurrió en el pasado con el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, con la líder opositora María Corina Machado o Freddy Guevara, despojado de su inmunidad parlamentaria y actualmente asilado en la Embajada de Chile. A eso se suman las condenas judiciales y las medidas de privación de libertad como la que pesa sobre Leopoldo López, en arresto domiciliario desde 2017 tras pasar casi tres años y medio en la cárcel de Ramo Verde.
Amenazas del fiscal
El fiscal general del régimen chavista, Tarek William Saab, que también ha comentado varias veces los presuntos delitos cometidos por Guaidó en público, ha advertido esta semana a los periodistas y los usuarios de las redes sociales sobre las potenciales consecuencias de la llamada Ley Contra el Odio, que podría llevar a la cárcel los autores de pronunciamientos críticos en contra de Maduro y sus ministros.
Los miembros de los poderes públicos del Estado bolivariano se han pronunciado en cadena contra del proceder de Guaidó en estos dos meses, planteando públicamente la posibilidad de enjuiciarlo. En enero, el Tribunal Supremo de Justicia emitió un exhorto al fiscal general para que evaluara si la conducta de Guaidó era susceptible de un procedimiento judicial.
Hablando sin cesar del “fin de la usurpación, el Gobierno de transición y las elecciones libres”, Guaidó, que sigue recorriendo el país, ha declarado, sin embargo, en varias ocasiones que no reconoce a Maduro como presidente, ni a la Asamblea Constituyente por él convocada en 2017, por interpretar que estos mandatos emanan de procedimientos fraudulentos.
Varios miembros de la comunidad internacional, en particular Estados Unidos, mantienen su apoyo incondicional a Guaidó y a su investidura presidencial. Tanto que el secretario de Estado, Mike Pompeo, advirtió ayer directamente al Gobierno de Maduro de que no toque al presidente de la Asamblea, porque podría ser “la última decisión que tome”.
Francesco Manetto
Caracas / Bogotá, El País
El régimen de Nicolás Maduro dio este jueves un paso más allá en su intento de asfixiar a Juan Guaidó. Lo hizo por la vía administrativa, estrechándole el cerco y tratando de expulsarle de la política. La Contraloría General de Venezuela, organismo controlado por el chavismo encargado de fiscalizar las instituciones públicas, inhabilitó al presidente de la Asamblea Nacional, reconocido como mandatario interino por más de 50 Gobiernos, para el ejercicio de cargos públicos durante 15 años. El responsable de ese organismo, Elvis Amoroso, le acusa de falsear u ocultar su patrimonio. Guaidó no reconoció su decisión.
El aparato chavista lanzó ayer una nueva maniobra para intentar neutralizar el plan del presidente del Parlamento, inmerso desde hace dos meses en un complejo pulso por el control del poder con Maduro. El contralor —cargo equivalente al auditor general de la Administración— se refirió a Guaidó como “diputado en desacato” y anunció una medida similar a la adoptada en 2017 en contra del excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski. Amoroso afirmó que Guaidó “ha usurpado funciones públicas y ha cometido acciones con Gobiernos extranjeros que perjudican al pueblo de Venezuela” y que “ha ocultado información en sus declaraciones patrimoniales”, haciendo 91 viajes al exterior “que no es capaz de costear con su salario”. Además de inhabilitarlo, la Contraloría instó a la Fiscalía a que tome las acciones legales correspondientes.
Este nuevo movimiento del régimen se encuadra en un contexto de doble institucionalidad, por lo que sus consecuencias son inciertas. Si el desafío que Guaidó lanzó a Nicolás Maduro el pasado 23 de enero juramentándose como presidente interino, al considerar que Maduro asumió ilegalmente el poder, se resolviera a corto plazo con una convocatoria de elecciones presidenciales diseñada unilaterlamente por el chavismo, el político no podría presentarse a esos comicios. Se trata, sin embargo, de un escenario improbable dado que la Asamblea Nacional exige primero que cese la usurpación del régimen e iniciar un proceso de transición. Si el pulso desemboca en unas elecciones negociadas y pactadas, se establecerían las condiciones para que las decisiones del actual Gobierno quedaran sin efecto.
Pese a todo, Guaidó se comportó ayer como si nada hubiera pasado e invitó a sus seguidores a mantener la presión en la calle. “El pueblo de Venezuela no se va a dejar confundir con una falsa inhabilitación”, afirmó. “No es contralor. El Parlamento legítimo es el único que puede designar un contralor”.
Las declaraciones de Amoroso se inscriben, en cualquier caso, en un contrataque que el chavismo adelanta para sacarlo de la escena y apagar los ecos de las protestas populares en Venezuela. La población está agotada. Eso quedó demostrado en las últimas semanas con la secuencia de apagones y cortes de suministro de agua. El Gobierno lo sabe y su estrategia consiste en apagar el entusiasmo de los opositores.
Cuando Guaidó cruzó la frontera, la víspera de la operación fallida para introducir material médico y alimentos el pasado 23 de febrero, y se fue a Colombia pese a tenerlo prohibido expresamente por la justicia, el sector más intransigente del régimen, con Diosdado Cabello a la cabeza, le advirtió abiertamente de las consecuencias de su decisión. Hubiera podido detenerlo a su regreso. Sin embargo, el rival de Maduro volvió a Caracas de forma triunfal y continuó con su plan de desgaste. El chavismo, al menos hasta ayer, optó por no encarcelar al presidente de la Asamblea, quizá por temor a una reacción de Estados Unidos, pero quiere anular su margen de acción y estrecha el cerco sobre el entorno de Guaidó.
Roberto Marrero, su jefe de despacho y mano derecha, fue detenido la semana pasada bajo acusaciones de terrorismo y enfrenta la posibilidad de pasar un largo tiempo en la cárcel. El Gobierno de Maduro sigue responsabilizando a la Administración de Donald Trump y a la oposición de los, a su juicio, intentos de desestabilización con la crisis eléctrica más grave que conoció Venezuela.
La fórmula de la inhabilitación ha sido, junto con las detenciones, el recurso más utilizado por la justicia para desactivar a la oposición y generar división interna. Además del caso de Capriles, ocurrió en el pasado con el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, con la líder opositora María Corina Machado o Freddy Guevara, despojado de su inmunidad parlamentaria y actualmente asilado en la Embajada de Chile. A eso se suman las condenas judiciales y las medidas de privación de libertad como la que pesa sobre Leopoldo López, en arresto domiciliario desde 2017 tras pasar casi tres años y medio en la cárcel de Ramo Verde.
Amenazas del fiscal
El fiscal general del régimen chavista, Tarek William Saab, que también ha comentado varias veces los presuntos delitos cometidos por Guaidó en público, ha advertido esta semana a los periodistas y los usuarios de las redes sociales sobre las potenciales consecuencias de la llamada Ley Contra el Odio, que podría llevar a la cárcel los autores de pronunciamientos críticos en contra de Maduro y sus ministros.
Los miembros de los poderes públicos del Estado bolivariano se han pronunciado en cadena contra del proceder de Guaidó en estos dos meses, planteando públicamente la posibilidad de enjuiciarlo. En enero, el Tribunal Supremo de Justicia emitió un exhorto al fiscal general para que evaluara si la conducta de Guaidó era susceptible de un procedimiento judicial.
Hablando sin cesar del “fin de la usurpación, el Gobierno de transición y las elecciones libres”, Guaidó, que sigue recorriendo el país, ha declarado, sin embargo, en varias ocasiones que no reconoce a Maduro como presidente, ni a la Asamblea Constituyente por él convocada en 2017, por interpretar que estos mandatos emanan de procedimientos fraudulentos.
Varios miembros de la comunidad internacional, en particular Estados Unidos, mantienen su apoyo incondicional a Guaidó y a su investidura presidencial. Tanto que el secretario de Estado, Mike Pompeo, advirtió ayer directamente al Gobierno de Maduro de que no toque al presidente de la Asamblea, porque podría ser “la última decisión que tome”.
