“Los que critican a la Corte Penal Internacional lo hacen porque le tienen miedo”
El presidente de la institución considera necesario "revitalizar" el tribunal con sede en La Haya
Carlos Torralba
Madrid, El País
Chile Eboe-Osuji lleva siete años juzgando crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional (CPI), sita en La Haya. El nigeriano, además, preside desde marzo este tribunal permanente de justicia. Eboe-Osuji (Anara, 56 años) sucedió en el cargo a la argentina Silvia Fernández de Gurmendi con la intención de "revitalizar la Corte". El magistrado cree que la energía con la que se logró poner en marcha el tribunal hace 20 años se ha esfumado. “Abogados, docentes, diplomáticos, sociedad civil... Necesitamos recuperar todos juntos el espíritu del Estatuto de Roma”, comenta durante una entrevista celebrada el pasado viernes en la Escuela Diplomática en Madrid.
En julio de 1998, el Estatuto de Roma fue aprobado por 120 países con la idea central de juzgar, bajo el principio de justicia universal, a los autores de ciertos crímenes gravísimos cuando su propio país no pueda o quiera hacerlo. Entonces las expectativas eran muy altas. “Muchos países hicieron un esfuerzo admirable para impulsarlo”, afirma el nigeriano. La Corte entró en vigor a mediados de 2002, poco después de que se lograran las 60 ratificaciones del Estatuto de Roma necesarias para su creación.
Hoy son 123 los Estados miembros de la Corte, más del 60% de los países que forman la ONU. Sin embargo, la justicia universal a la que aspira la CPI todavía no alcanza a dos tercios de la población mundial. Entre los países que escapan de su jurisdicción están, por un lado, los que firmaron el tratado, pero nunca llegaron a ratificarlo, como Estados Unidos, Rusia, Israel, Irán o Siria. Y otros, entre los que destacan China, India, Arabia Saudí o Turquía, que rechazaron de plano desde el inicio la opción de adherirse.
Eboe-Osuji confía en que se sumen nuevos miembros en los próximos años. "Hasta llegar a la ratificación universal", dice". El último en adherirse fue El Salvador en 2016, dejando a Cuba y Nicaragua como únicos países latinoamericanos sobre los que no tiene jurisdicción la Corte. Burundi se retiró en 2017, cuando su dictador, Pierre Nkurunziza, comenzó a sentir el aliento de la fiscalía. Rodrigo Duterte, el presidente filipino, firmó hace unos meses la retirada de su país de la Corte, después de que él y otros altos cargos de su Ejecutivo comenzaran a ser investigados por crímenes de lesa humanidad. "No son los países los que se van o amenazan con irse. Son los mandatarios de ese momento", explica Eboe-Osuji. "Confío en que los sucesores de estos líderes reviertan esas decisiones, como ocurrió en Gambia [tras la caída del dictador Yahya Jammeh en 2017]", añade.
El nigeriano, que ostentará la presidencia hasta 2021 (renovable por otro período de tres años), cree que los éxitos de la Corte no deben valorarse únicamente según las sentencias. "Gracias a la mera existencia de la CPI muchos autócratas han dejado de sentirse impunes. Miles de soldados en zonas de conflicto saben que las atrocidades que se cometan serán juzgadas", asegura.
El magistrado reclama una mayor colaboración de los Estados miembros para poder ejecutar las órdenes de arresto pendientes. "No tenemos nuestra propia policía", recalca con una sonrisa. Actualmente hay 15 órdenes de arresto emitidas por la CPI que no han sido ejecutadas. Destacan las del dictador sudanés, Omar al Bashir, el rebelde cristiano ugandés Joseph Kony, y Saif al-Islam Gaddafi, hijo del dictador libio derrocado en 2011. La Corte, sin embargo, sí cuenta con un centro de detención en La Haya por el que han pasado el exmandatario marfileño Laurent Gbagbo o el exvicepresidente congoleño Jean-Pierre Bemba, entre otros.
En los 16 años que lleva funcionando la Corte, 44 personas han sido procesadas. Todas ellas africanas, lo que despertó críticas e incluso generó pavor en La Haya ante un hipotético abandono en masa de los países de este continente. "Parece que el riesgo de estampida por fin ha desaparecido”, sostiene el juez. "Además, los que nos critican siempre son los que nos tienen miedo. Nunca fueron las víctimas africanas", sentencia.
Eboe-Osuji, que prefiere no entrar a comentar ninguno de los casos que están siendo investigados, considera que la Corte "nunca ha estado exclusivamente centrada en África. Siempre hemos estudiado y examinado denuncias en otros continentes". La fiscal de la CPI, la gambiana Fatou Bensouda, abrió hace un año una investigación preliminar por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela por Nicolás Maduro y otros altos cargos del régimen chavista. Además, se están estudiando algunas acciones perpetradas en Georgia, Myanmar (antigua Birmania) y Colombia.
Madrid, El País
Chile Eboe-Osuji lleva siete años juzgando crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional (CPI), sita en La Haya. El nigeriano, además, preside desde marzo este tribunal permanente de justicia. Eboe-Osuji (Anara, 56 años) sucedió en el cargo a la argentina Silvia Fernández de Gurmendi con la intención de "revitalizar la Corte". El magistrado cree que la energía con la que se logró poner en marcha el tribunal hace 20 años se ha esfumado. “Abogados, docentes, diplomáticos, sociedad civil... Necesitamos recuperar todos juntos el espíritu del Estatuto de Roma”, comenta durante una entrevista celebrada el pasado viernes en la Escuela Diplomática en Madrid.
En julio de 1998, el Estatuto de Roma fue aprobado por 120 países con la idea central de juzgar, bajo el principio de justicia universal, a los autores de ciertos crímenes gravísimos cuando su propio país no pueda o quiera hacerlo. Entonces las expectativas eran muy altas. “Muchos países hicieron un esfuerzo admirable para impulsarlo”, afirma el nigeriano. La Corte entró en vigor a mediados de 2002, poco después de que se lograran las 60 ratificaciones del Estatuto de Roma necesarias para su creación.
Hoy son 123 los Estados miembros de la Corte, más del 60% de los países que forman la ONU. Sin embargo, la justicia universal a la que aspira la CPI todavía no alcanza a dos tercios de la población mundial. Entre los países que escapan de su jurisdicción están, por un lado, los que firmaron el tratado, pero nunca llegaron a ratificarlo, como Estados Unidos, Rusia, Israel, Irán o Siria. Y otros, entre los que destacan China, India, Arabia Saudí o Turquía, que rechazaron de plano desde el inicio la opción de adherirse.
Eboe-Osuji confía en que se sumen nuevos miembros en los próximos años. "Hasta llegar a la ratificación universal", dice". El último en adherirse fue El Salvador en 2016, dejando a Cuba y Nicaragua como únicos países latinoamericanos sobre los que no tiene jurisdicción la Corte. Burundi se retiró en 2017, cuando su dictador, Pierre Nkurunziza, comenzó a sentir el aliento de la fiscalía. Rodrigo Duterte, el presidente filipino, firmó hace unos meses la retirada de su país de la Corte, después de que él y otros altos cargos de su Ejecutivo comenzaran a ser investigados por crímenes de lesa humanidad. "No son los países los que se van o amenazan con irse. Son los mandatarios de ese momento", explica Eboe-Osuji. "Confío en que los sucesores de estos líderes reviertan esas decisiones, como ocurrió en Gambia [tras la caída del dictador Yahya Jammeh en 2017]", añade.
El nigeriano, que ostentará la presidencia hasta 2021 (renovable por otro período de tres años), cree que los éxitos de la Corte no deben valorarse únicamente según las sentencias. "Gracias a la mera existencia de la CPI muchos autócratas han dejado de sentirse impunes. Miles de soldados en zonas de conflicto saben que las atrocidades que se cometan serán juzgadas", asegura.
El magistrado reclama una mayor colaboración de los Estados miembros para poder ejecutar las órdenes de arresto pendientes. "No tenemos nuestra propia policía", recalca con una sonrisa. Actualmente hay 15 órdenes de arresto emitidas por la CPI que no han sido ejecutadas. Destacan las del dictador sudanés, Omar al Bashir, el rebelde cristiano ugandés Joseph Kony, y Saif al-Islam Gaddafi, hijo del dictador libio derrocado en 2011. La Corte, sin embargo, sí cuenta con un centro de detención en La Haya por el que han pasado el exmandatario marfileño Laurent Gbagbo o el exvicepresidente congoleño Jean-Pierre Bemba, entre otros.
En los 16 años que lleva funcionando la Corte, 44 personas han sido procesadas. Todas ellas africanas, lo que despertó críticas e incluso generó pavor en La Haya ante un hipotético abandono en masa de los países de este continente. "Parece que el riesgo de estampida por fin ha desaparecido”, sostiene el juez. "Además, los que nos critican siempre son los que nos tienen miedo. Nunca fueron las víctimas africanas", sentencia.
Eboe-Osuji, que prefiere no entrar a comentar ninguno de los casos que están siendo investigados, considera que la Corte "nunca ha estado exclusivamente centrada en África. Siempre hemos estudiado y examinado denuncias en otros continentes". La fiscal de la CPI, la gambiana Fatou Bensouda, abrió hace un año una investigación preliminar por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela por Nicolás Maduro y otros altos cargos del régimen chavista. Además, se están estudiando algunas acciones perpetradas en Georgia, Myanmar (antigua Birmania) y Colombia.
