Lava Jato: 7 de 9 depósitos se hicieron en el gobierno de Evo
Según la imputación formal presentada por la Fiscalía, las transferencias a los dos detenidos por el caso se realizaron a través de empresas “off shore”.
Página Siete / La Paz
Siete de los nueve depósitos a través de empresas off shore mencionados en la imputación formal en contra de Luis Humberto Landívar y Roberto Saavedra por el caso Lava Jato fueron realizados durante la primera gestión de gobierno de Evo Morales, de acuerdo con el documento presentado por el Ministerio Público.
En la acusación se indica que los pagos realizados por las empresas Camargo Correa y Odebrecht se dieron entre el 13 de enero de 2006 y el 5 de enero de 2007, a través de empresas constituidas en paraísos fiscales.
La Fiscalía Departamental de La Paz imputó a Landívar por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Por los mismos delitos se acusa a Roberto Saavedra, con excepción de los últimos.
Ambos fueron detenidos el martes y se los investiga por recibir dinero de las empresas Camargo Correa y Odebrecht, que ganaron la construcción de esas carreteras.
Según la relación de hechos presentada por el Ministerio Público, los dineros de Camargo Correa llegaron en primera instancia a Leticia Marcela Bruno de Kempff a través de depósitos hechos en su cuenta SAFI.
Los mismos se concretaron el 16 de enero de 2006, el 23 de enero de 2006, el 2 de marzo de 2006 y el 20 de marzo de 2006
Las transferencias fueron efectivizadas por ARG LTDA. American Express Bank (179.990 dólares), Carlos Morales Landívar (74.990 dólares), Trend Bank Limited (87.490 dólares) y Performance Managed Internacional American Express Bank NY AC00734467 (185.000 dólares).
Según la Fiscalía, estas empresas son catalogadas en el extranjero como “off shore”.
Una parte de estos recursos, 50.000 dólares, se le transfirió al imputado Roberto Saavedra el 30 de enero de 2006.
En el caso de Odebrecht, el documento de la Fiscalía refiere que los montos transferidos provinieron de al menos cuatro empresas, llegando a la cuenta SAFI de Raquel Brychcy de Saavedra.
Los depósitos fueron hechos el 13 de enero de 2006, el 23 de enero de 2006, el 6 de febrero de 2006 y 23 de febrero de 2006, provenientes de Multicredit Bank (49.980 dólares), Baltic Control (89.945 dólares), Performance Managed Internacional American Express Bank NY AC00734467 (75.000 dólares) y de una fuente desconocida (69.990 dólares).
De la misma manera, la Fiscalía señala que estas empresas son catalogadas como “off shore”.
De estos recursos, 50.000 dólares fueron transferidos el 30 de enero de 2006 a Roberto Saavedra de parte de la señora Brychcy de Saavedra.
En ambos casos la Fiscalía aclara que el perfil económico de las titulares de las cuentas SAFI (Leticia Marcela Bruno de Kempff y Raquel Brychcy de Saavedra) no coincide con los movimientos económicos que ejecutaron, “mucho menos puede resultar lógico y razonable el nivel de relacionamiento con empresas internacionales que realizan transferencias bancarias mediante banca corresponsal”, se explica en la imputación.
La Fiscalía no aclara cuál la relación exacta con el caso de las señoras que recibieron la plata y si se las imputará.
En el caso del exgerente del Servicio Nacional de Caminos (SNC) Luis Humberto Landívar, el documento detalla que el 5 de enero de 2007, Odebrecht, a través Klienfeld Service Limited, le transfiere 39.955 dólares a su cuenta en el Banco Unión. Esta es una empresa constituida en Antigua y Barbuda y que tendría relaciones con Odebrecht.
Sobre el monto, el documento estipula que no coincide con el perfil económico de Landívar, ni coincide con los movimientos económicos que ejecuta.
“Mucho menos puede resultar lógico y razonable el nivel de relacionamiento de empresas internacionales que realizan transferencias bancarias en el extranjero como ‘off shore’”, puntualiza la Fiscalía.
Respecto a Landívar, el Ministerio Público indica que esta transferencia fue generada como pago de los favores que este habría prestado cuando fungía como gerente de Construcción del SNC. Se los acusa de recibir el dinero por el nivel de relacionamiento que tenía en el proceso de contratación, ya que fue uno de los encargados de la elaboración y modificación de los pliegos de licitación y de la firma de contratos en 2005 con las empresas Camargo Correa y Odebrecht.
Defensa: Imputación carece de sentido
Audalia Zurita, una de las abogadas que defiende a Luis Humberto Landivar, observó que se lo acusa por recibir dinero en su cuenta en 2007, “lo que no tiene sentido”, porque en esa fecha ya no era funcionario de Caminos.
“Es ingenierio civil, está vinculado con empresas constructoras por su profesión. Cuando fue gerente de Construcción y se adjudica a la firma Camargo-Correa, él era vocal de la comisión calificadora que estaba compuesta por varios gerentes, sin ninguna posibilidad de influir en una decisión de esa naturaleza”, aseguró.
En el caso de Saavedra, la abogada Zurita afirmó que éste nunca tuvo relación con el sector constructor y se lo acusa por recibir dinero que era proveniente de una deuda personal.
“Saavedra cobró una deuda que prestó a uno de sus parientes que también tiene el nombre de Roberto Saavedra Bruno, en 2004, pero el pago recién se hizo en 2006 mediante un cheque de Nacional SAFI, donde ocupaba el cargo de vicepresidente. Mi defendido no tenía por qué averiguar o saber a quién pertenecía esa cuenta bancaria”, explicó.
Landívar y Saavedra fueron enviados a Palmasola
El Juzgado Cuarto de Instrucción Anticorrupción determinó la detención preventiva en el penal de Palmasola de Luis Humberto Landívar y Roberto Saavedra, ambos imputados por el caso Lava Jato.
La fiscal Edna Montoya explicó que Saavedra fue imputado por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y Landívar enfrenta cargos por los delitos de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
Se encontraron riesgos procesales de fuga, obstaculización y probabilidad de autoría. También se fundamentó que los dos investigados pueden destruir, modificar u ocultar elementos de prueba al estar en libertad.
La Fiscalía aún no halló nuevos documentos y pruebas.
Ernesto Vásquez, abogado de Landívar, aseguró que la detención preventiva de su cliente es injusta y sin fundamento. “Por parte del ingeniero Landívar se ha demostrado claramente que él tenía domicilio, que tenía trabajo en Santa Cruz”, sostuvo el jurista, según una radio local.
Según la Fiscalía, se encontraron indicios suficientes contra los sindicados por la presunta recepción de sobornos por la firma de contrato con la empresa brasileña Camargo Correa para la ejecución del tramo Roboré – El Carmen en Santa Cruz y El Carmen-Arroyo Concepción.
Los acusados fueron aprehendidos en Santa Cruz, los trasladaron a La Paz la noche del martes para someterlos a un interrogatorio.
El caso Lava Jato-Odebrecht fue investigado en 2018 por una comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sobre el supuesto pago de sobornos de empresas brasileñas a funcionarios bolivianos para adjudicar la construcción de obras.
Página Siete / La Paz
Siete de los nueve depósitos a través de empresas off shore mencionados en la imputación formal en contra de Luis Humberto Landívar y Roberto Saavedra por el caso Lava Jato fueron realizados durante la primera gestión de gobierno de Evo Morales, de acuerdo con el documento presentado por el Ministerio Público.
En la acusación se indica que los pagos realizados por las empresas Camargo Correa y Odebrecht se dieron entre el 13 de enero de 2006 y el 5 de enero de 2007, a través de empresas constituidas en paraísos fiscales.
La Fiscalía Departamental de La Paz imputó a Landívar por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Por los mismos delitos se acusa a Roberto Saavedra, con excepción de los últimos.
Ambos fueron detenidos el martes y se los investiga por recibir dinero de las empresas Camargo Correa y Odebrecht, que ganaron la construcción de esas carreteras.
Según la relación de hechos presentada por el Ministerio Público, los dineros de Camargo Correa llegaron en primera instancia a Leticia Marcela Bruno de Kempff a través de depósitos hechos en su cuenta SAFI.
Los mismos se concretaron el 16 de enero de 2006, el 23 de enero de 2006, el 2 de marzo de 2006 y el 20 de marzo de 2006
Las transferencias fueron efectivizadas por ARG LTDA. American Express Bank (179.990 dólares), Carlos Morales Landívar (74.990 dólares), Trend Bank Limited (87.490 dólares) y Performance Managed Internacional American Express Bank NY AC00734467 (185.000 dólares).
Según la Fiscalía, estas empresas son catalogadas en el extranjero como “off shore”.
Una parte de estos recursos, 50.000 dólares, se le transfirió al imputado Roberto Saavedra el 30 de enero de 2006.
En el caso de Odebrecht, el documento de la Fiscalía refiere que los montos transferidos provinieron de al menos cuatro empresas, llegando a la cuenta SAFI de Raquel Brychcy de Saavedra.
Los depósitos fueron hechos el 13 de enero de 2006, el 23 de enero de 2006, el 6 de febrero de 2006 y 23 de febrero de 2006, provenientes de Multicredit Bank (49.980 dólares), Baltic Control (89.945 dólares), Performance Managed Internacional American Express Bank NY AC00734467 (75.000 dólares) y de una fuente desconocida (69.990 dólares).
De la misma manera, la Fiscalía señala que estas empresas son catalogadas como “off shore”.
De estos recursos, 50.000 dólares fueron transferidos el 30 de enero de 2006 a Roberto Saavedra de parte de la señora Brychcy de Saavedra.
En ambos casos la Fiscalía aclara que el perfil económico de las titulares de las cuentas SAFI (Leticia Marcela Bruno de Kempff y Raquel Brychcy de Saavedra) no coincide con los movimientos económicos que ejecutaron, “mucho menos puede resultar lógico y razonable el nivel de relacionamiento con empresas internacionales que realizan transferencias bancarias mediante banca corresponsal”, se explica en la imputación.
La Fiscalía no aclara cuál la relación exacta con el caso de las señoras que recibieron la plata y si se las imputará.
En el caso del exgerente del Servicio Nacional de Caminos (SNC) Luis Humberto Landívar, el documento detalla que el 5 de enero de 2007, Odebrecht, a través Klienfeld Service Limited, le transfiere 39.955 dólares a su cuenta en el Banco Unión. Esta es una empresa constituida en Antigua y Barbuda y que tendría relaciones con Odebrecht.
Sobre el monto, el documento estipula que no coincide con el perfil económico de Landívar, ni coincide con los movimientos económicos que ejecuta.
“Mucho menos puede resultar lógico y razonable el nivel de relacionamiento de empresas internacionales que realizan transferencias bancarias en el extranjero como ‘off shore’”, puntualiza la Fiscalía.
Respecto a Landívar, el Ministerio Público indica que esta transferencia fue generada como pago de los favores que este habría prestado cuando fungía como gerente de Construcción del SNC. Se los acusa de recibir el dinero por el nivel de relacionamiento que tenía en el proceso de contratación, ya que fue uno de los encargados de la elaboración y modificación de los pliegos de licitación y de la firma de contratos en 2005 con las empresas Camargo Correa y Odebrecht.
Defensa: Imputación carece de sentido
Audalia Zurita, una de las abogadas que defiende a Luis Humberto Landivar, observó que se lo acusa por recibir dinero en su cuenta en 2007, “lo que no tiene sentido”, porque en esa fecha ya no era funcionario de Caminos.
“Es ingenierio civil, está vinculado con empresas constructoras por su profesión. Cuando fue gerente de Construcción y se adjudica a la firma Camargo-Correa, él era vocal de la comisión calificadora que estaba compuesta por varios gerentes, sin ninguna posibilidad de influir en una decisión de esa naturaleza”, aseguró.
En el caso de Saavedra, la abogada Zurita afirmó que éste nunca tuvo relación con el sector constructor y se lo acusa por recibir dinero que era proveniente de una deuda personal.
“Saavedra cobró una deuda que prestó a uno de sus parientes que también tiene el nombre de Roberto Saavedra Bruno, en 2004, pero el pago recién se hizo en 2006 mediante un cheque de Nacional SAFI, donde ocupaba el cargo de vicepresidente. Mi defendido no tenía por qué averiguar o saber a quién pertenecía esa cuenta bancaria”, explicó.
Landívar y Saavedra fueron enviados a Palmasola
El Juzgado Cuarto de Instrucción Anticorrupción determinó la detención preventiva en el penal de Palmasola de Luis Humberto Landívar y Roberto Saavedra, ambos imputados por el caso Lava Jato.
La fiscal Edna Montoya explicó que Saavedra fue imputado por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y Landívar enfrenta cargos por los delitos de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
Se encontraron riesgos procesales de fuga, obstaculización y probabilidad de autoría. También se fundamentó que los dos investigados pueden destruir, modificar u ocultar elementos de prueba al estar en libertad.
La Fiscalía aún no halló nuevos documentos y pruebas.
Ernesto Vásquez, abogado de Landívar, aseguró que la detención preventiva de su cliente es injusta y sin fundamento. “Por parte del ingeniero Landívar se ha demostrado claramente que él tenía domicilio, que tenía trabajo en Santa Cruz”, sostuvo el jurista, según una radio local.
Según la Fiscalía, se encontraron indicios suficientes contra los sindicados por la presunta recepción de sobornos por la firma de contrato con la empresa brasileña Camargo Correa para la ejecución del tramo Roboré – El Carmen en Santa Cruz y El Carmen-Arroyo Concepción.
Los acusados fueron aprehendidos en Santa Cruz, los trasladaron a La Paz la noche del martes para someterlos a un interrogatorio.
El caso Lava Jato-Odebrecht fue investigado en 2018 por una comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sobre el supuesto pago de sobornos de empresas brasileñas a funcionarios bolivianos para adjudicar la construcción de obras.