Revilla observa la Ley de Imprenta: “No tenemos garantía del derecho de rectificación”
El presidente del TSJ aseguró que no hay ni un sólo Tribunal de Imprenta instalado en el país, no obstante sí hay uno que fue conformado por el Concejo Municipal de La Paz.
Página Siete Digital / La Paz
Además de lanzar críticas a la labor de los medios de comunicación, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, observó la aplicación de la Ley de Imprenta, que rige el trabajo periodístico, y dijo que a la fecha no se ha instalado ningún tribunal de imprenta en el país, razón por la cual no hay un mecanismo jurídico para defenderse en casos de delitos de imprenta. Sin embargo, el magistrado no tomó en cuenta que en el caso de La Paz, el Concejo paceño sí conformó un Tribunal de Imprenta.
En entrevista con el programa Todo A Pulmón, Revilla mencionó que la “Ley de Imprenta carece de positividad”. “La pregunta: ¿cuántos tribunales de imprenta están constituidos? Ninguno. Consiguiente carece de positividad, no digo que deba ser cambiada la Ley de Imprenta, sino simplemente es una garantía, carece de positividad. Es una norma vigente, pero no positiva”, declaró.
No obstante, en el caso de La Paz, sí se conformó un Tribunal de Imprenta a través del Concejo Municipal, y que se encuentra integrado por 40 personas, la mayoría son periodistas de notable trayectoria. En septiembre de 2018 se integraron 14 personas a este Tribunal, luego de que similar cantidad de jurados se había retirado por fallecimiento u otros motivos.
“Debe tenerse presente que no tenemos garantía del derecho de rectificación y del derecho de respuesta por cuanto los tribunales de imprenta no están implementados, ninguno de ellos, consiguientemente carecemos del mecanismo jurídico, lo cual obviamente tampoco corresponde a un Estado de derecho en el que también tiene primacía la libertad de expresión y la libertad de información”, sostuvo el titular del TSJ, entrevistado ayer por la noche por el programa televisivo.
A su criterio, actualmente “debe haber un montón de personas afectadas por la actividad periodística”, quienes no tienen un mecanismo que permita tener una solución jurídica en estos casos.
Dijo entender que “esta ley debe ser actualizada” a través de la conciliación de las partes interesadas, entre ellas los propios periodistas.
Además de lanzar críticas a la labor de los medios de comunicación, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, observó la aplicación de la Ley de Imprenta, que rige el trabajo periodístico, y dijo que a la fecha no se ha instalado ningún tribunal de imprenta en el país, razón por la cual no hay un mecanismo jurídico para defenderse en casos de delitos de imprenta. Sin embargo, el magistrado no tomó en cuenta que en el caso de La Paz, el Concejo paceño sí conformó un Tribunal de Imprenta.
En entrevista con el programa Todo A Pulmón, Revilla mencionó que la “Ley de Imprenta carece de positividad”. “La pregunta: ¿cuántos tribunales de imprenta están constituidos? Ninguno. Consiguiente carece de positividad, no digo que deba ser cambiada la Ley de Imprenta, sino simplemente es una garantía, carece de positividad. Es una norma vigente, pero no positiva”, declaró.
No obstante, en el caso de La Paz, sí se conformó un Tribunal de Imprenta a través del Concejo Municipal, y que se encuentra integrado por 40 personas, la mayoría son periodistas de notable trayectoria. En septiembre de 2018 se integraron 14 personas a este Tribunal, luego de que similar cantidad de jurados se había retirado por fallecimiento u otros motivos.
“Debe tenerse presente que no tenemos garantía del derecho de rectificación y del derecho de respuesta por cuanto los tribunales de imprenta no están implementados, ninguno de ellos, consiguientemente carecemos del mecanismo jurídico, lo cual obviamente tampoco corresponde a un Estado de derecho en el que también tiene primacía la libertad de expresión y la libertad de información”, sostuvo el titular del TSJ, entrevistado ayer por la noche por el programa televisivo.
A su criterio, actualmente “debe haber un montón de personas afectadas por la actividad periodística”, quienes no tienen un mecanismo que permita tener una solución jurídica en estos casos.
Dijo entender que “esta ley debe ser actualizada” a través de la conciliación de las partes interesadas, entre ellas los propios periodistas.
