López califica como una “arremetida política infame” las denuncias penales en su contra
Por procedimiento, los legisladores opositores debieron primero apelar a las peticiones de informe o la interpelación respecto al caso de la encuesta, dijo la ministra López.
Página Siete Digital / La Paz
La ministra de Comunicación, Gísela López, calificó como una “arremetida política infame” el que tres senadores presentaran denuncias penales en su contra por la difusión de una encuesta electoral que está calificada de ilegal por la oposición y por la cual exige la suspensión de la personería jurídica del MAS para las próximas elecciones.
“Yo considero que se trata de una arremetida política infame”, calificó López sobre las denuncias presentadas ante la Fiscalía por los senadores Arturo Murillo, Edwin Rodríguez y Óscar Ortiz, estos dos últimos candidatos para las próximas elecciones generales.
En conferencia de prensa, la autoridad mostró a los medios de comunicación las carpetas con las 56 peticiones de informe escrito (PIE), las dos peticiones de informe oral (PIO) y una interpelación que le fueron solicitadas desde su asumió sus funciones como ministra de Comunicación.
Mencionó que por procedimiento, los legisladores opositores debieron primero apelar a estos mecanismos antes de presentar la denuncia penal ante la Fiscalía.
“Han podido solicitarme en primer lugar, hablando procedimentalmente, un PIE, en segundo lugar un PIO y en tercer lugar una interpelación y no lo han hecho”, cuestionó la ministra.
En la ocasión defendió la legalidad en que se actuó con la difusión de esta encuesta, la cual, resaltó, está amparada en las normas vigentes. “Son denuncias absolutamente falsas, no existe materia para cuestionar y menos para procesar a esta autoridad”, resaltó.
El 16 de diciembre de 2018, varios medios escritos “publicaron una encuesta realizada por la empresa CIESMORI, titulada: ‘Intención de voto para Evo Morales se mantiene en ascenso’”, en la cual se mostraba a Morales como líder en la intención de voto, por encima del resto de los candidatos opositores.
Murillo remarcó que esta encuesta es netamente electoral y su difusión por parte del partido de gobierno está en contra de la norma, pues los partidos están prohibidos de difundir encuestas de acuerdo con la Ley de Régimen Electoral.
El artículo 135 de esta ley establece: “Se prohíbe la difusión de estudios de opinión en materia electoral cuando: c) Hayan sido encargados, financiados o realizados por organizaciones políticas, candidaturas (...) d) Hayan sido encargados o realizados por entidades estatales de cualquier nivel o financiadas con fondos públicos, salvo el Órgano Electoral (...)”.
Por esa razón Murillo denunció a la ministra por uso indebido de bienes y servicios públicos, malversación, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y el delito de inducción del voto por difusión ilegal de propaganda y encuestas.
Ortiz y Rodríguez, por su lado, denunciaron a López por los delitos de uso indebido de influencias, uso indebido de bienes y servicios públicos, y también por inducción del voto.
La ministra de Comunicación, Gísela López, calificó como una “arremetida política infame” el que tres senadores presentaran denuncias penales en su contra por la difusión de una encuesta electoral que está calificada de ilegal por la oposición y por la cual exige la suspensión de la personería jurídica del MAS para las próximas elecciones.
“Yo considero que se trata de una arremetida política infame”, calificó López sobre las denuncias presentadas ante la Fiscalía por los senadores Arturo Murillo, Edwin Rodríguez y Óscar Ortiz, estos dos últimos candidatos para las próximas elecciones generales.
En conferencia de prensa, la autoridad mostró a los medios de comunicación las carpetas con las 56 peticiones de informe escrito (PIE), las dos peticiones de informe oral (PIO) y una interpelación que le fueron solicitadas desde su asumió sus funciones como ministra de Comunicación.
Mencionó que por procedimiento, los legisladores opositores debieron primero apelar a estos mecanismos antes de presentar la denuncia penal ante la Fiscalía.
“Han podido solicitarme en primer lugar, hablando procedimentalmente, un PIE, en segundo lugar un PIO y en tercer lugar una interpelación y no lo han hecho”, cuestionó la ministra.
En la ocasión defendió la legalidad en que se actuó con la difusión de esta encuesta, la cual, resaltó, está amparada en las normas vigentes. “Son denuncias absolutamente falsas, no existe materia para cuestionar y menos para procesar a esta autoridad”, resaltó.
El 16 de diciembre de 2018, varios medios escritos “publicaron una encuesta realizada por la empresa CIESMORI, titulada: ‘Intención de voto para Evo Morales se mantiene en ascenso’”, en la cual se mostraba a Morales como líder en la intención de voto, por encima del resto de los candidatos opositores.
Murillo remarcó que esta encuesta es netamente electoral y su difusión por parte del partido de gobierno está en contra de la norma, pues los partidos están prohibidos de difundir encuestas de acuerdo con la Ley de Régimen Electoral.
El artículo 135 de esta ley establece: “Se prohíbe la difusión de estudios de opinión en materia electoral cuando: c) Hayan sido encargados, financiados o realizados por organizaciones políticas, candidaturas (...) d) Hayan sido encargados o realizados por entidades estatales de cualquier nivel o financiadas con fondos públicos, salvo el Órgano Electoral (...)”.
Por esa razón Murillo denunció a la ministra por uso indebido de bienes y servicios públicos, malversación, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y el delito de inducción del voto por difusión ilegal de propaganda y encuestas.
Ortiz y Rodríguez, por su lado, denunciaron a López por los delitos de uso indebido de influencias, uso indebido de bienes y servicios públicos, y también por inducción del voto.
