Legislativo aprueba informe final del proceso de privatización y capitalización
La investigación identificó a 55 personas implicadas en el proceso de enajenación en relaciones políticas, económicas y familiares, y a tres personas como ejes principales de estas relaciones: Gonzalo Sánchez de Lozada, Samuel Doria Medina y Raúl Garáfulic.
La Razón Digital / Ángel Guarachi / La Paz
El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó el informe conclusivo de la Comisión que estableció que el proceso de privatización y capitalización provocó un daño económico al Estado de $us 21.000 millones, al cambio actual.
El presidente de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización, el senador Rubén Medinaceli, expuso los resultados del trabajo en tres sesiones, entre el martes y jueves.
El documento consta de 2.748 páginas, aglutinadas en tres tomos y anexos correspondientes bajo el título: “Neoliberalismo: enajenación de empresas públicas y recursos naturales en Bolivia 1985-2005”.
Todo el trabajo será remitido al Ministerio Público, a la Procuraduría General del Estado, a la Contraloría General del Estado y al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
Una de las recomendaciones es que el Ejecutivo realice las investigaciones “económicas, jurídicas y de auditorías de las empresas que estaban en su jurisdicción y que durante la enajenación fueron cerradas”, y cuyo destino de activos es desconocido.
Se recomendó a la comisión mixta elaborar las proposiciones acusatorias o demandas contra altas autoridades involucradas con base en los análisis jurídicos realizados de las irregularidades detectadas durante el proceso enajenador.
Durante la investigación fueron identificadas unas 55 personas implicadas en relaciones políticas, económicas y familiares, y a tres personas como ejes principales de esas relaciones: Gonzalo Sánchez de Lozada, Samuel Doria Medina y Raúl Garáfulic.
Todos formaron parte de las denominadas “redes de poder” que se beneficiaron con las privatizaciones, ya sea mediante sociedades familiares o beneficios empresariales.
También se recomendó al Órgano Judicial, Fiscalía General del Estado y Procuraduría "cumplir con los plazos procesales, en el marco de sus atribuciones, en los procesos penales en contra de exautoridades y exfuncionarios públicos por presunta participación en la enajenación de empresas públicas y recursos naturales causantes de perjuicios económicos al Estado y al pueblo boliviano".
El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó el informe conclusivo de la Comisión que estableció que el proceso de privatización y capitalización provocó un daño económico al Estado de $us 21.000 millones, al cambio actual.
El presidente de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización, el senador Rubén Medinaceli, expuso los resultados del trabajo en tres sesiones, entre el martes y jueves.
El documento consta de 2.748 páginas, aglutinadas en tres tomos y anexos correspondientes bajo el título: “Neoliberalismo: enajenación de empresas públicas y recursos naturales en Bolivia 1985-2005”.
Todo el trabajo será remitido al Ministerio Público, a la Procuraduría General del Estado, a la Contraloría General del Estado y al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
Una de las recomendaciones es que el Ejecutivo realice las investigaciones “económicas, jurídicas y de auditorías de las empresas que estaban en su jurisdicción y que durante la enajenación fueron cerradas”, y cuyo destino de activos es desconocido.
Se recomendó a la comisión mixta elaborar las proposiciones acusatorias o demandas contra altas autoridades involucradas con base en los análisis jurídicos realizados de las irregularidades detectadas durante el proceso enajenador.
Durante la investigación fueron identificadas unas 55 personas implicadas en relaciones políticas, económicas y familiares, y a tres personas como ejes principales de esas relaciones: Gonzalo Sánchez de Lozada, Samuel Doria Medina y Raúl Garáfulic.
Todos formaron parte de las denominadas “redes de poder” que se beneficiaron con las privatizaciones, ya sea mediante sociedades familiares o beneficios empresariales.
También se recomendó al Órgano Judicial, Fiscalía General del Estado y Procuraduría "cumplir con los plazos procesales, en el marco de sus atribuciones, en los procesos penales en contra de exautoridades y exfuncionarios públicos por presunta participación en la enajenación de empresas públicas y recursos naturales causantes de perjuicios económicos al Estado y al pueblo boliviano".
