Denuncian a la exfiscal Boyán por otra sentencia sin pruebas
La abuela de una de las implicadas cuestiona la investigación y el amedrentamiento que la exresponsable del caso Alexander realizó contra sus testigos.
Carlos Quisbert/ La Paz
No pasaron ni cuatro meses desde que se revelara la manipulación del Ministerio Público en contra del médico Jhiery Fernández para que una de las fiscales de ese caso, Susana Boyán, esté de nuevo involucrada en un caso de secuestro en el que se sentenció a una mujer sin pruebas y bajo las presiones de la exfuncionaria.
La afectada es María de los Ángeles Castro, de 27 años, y madre de dos hijos. El 7 de marzo de 2018 fue sentenciada a 30 años de cárcel después de ser acusada por el secuestro e infanticidio del bebé Juan Israel C. A., de 17 meses. No obstante, la principal sospechosa del delito es la madre del fallecido, Jhoselín Alí.
La exfiscal Boyán fue denunciada por Ana Fernández, la abuela de la detenida, quien afirmó que Boyán lanzó amenazas durante el proceso e ignoró pruebas con el fin de que un tribunal dicte sentencia contra Castro.
La mujer aseguró que la defensa de la detenida presentó pruebas de descargo como informes médicos, extractos de llamadas telefónicas y la declaración de varios testigos que aseguran que su nieta estaba en la ciudad de El Alto cuando se cometió el delito.
“Esta señora Boyán amenazó a nuestros testigos antes de que entren a declarar al juicio, no ha querido ver nuestras pruebas, ahora nosotros queremos denunciarla porque ha obrado igual que en el caso del bebé Alexander, no hay pruebas contra mi nieta, ella es inocente”, sostuvo Fernández.
Contradictoriamente de lo que dictó la justicia sobre la base de datos de la Fiscalía, la madre de Juan Israel confesó que planificó y fingió el secuestro de su hijo en complicidad de su exenamorado de colegio, Kevin Acomata.
Sin embargo, en su declaración, Alí dijo que también fue obligada por su prima “Angi Mariño” (así era llamada María de los Ángeles Castro por Alí). Asimismo, la pareja de Castro, “Eduardo”, supuestamente también la obligó.
La muerte sucedió el 2 de diciembre de 2013. Ese día, Alí relató a su familia y a la Policía que le habían robado el bebé luego de que subiera a un minibús en la avenida Periférica. Contó que ahí le taparon la boca con un trapo y despertó a las 11:30 en la calle Potosí, en la puerta del Hotel Presidente ya sin el niño.
El fin de los supuestos secuestradores era pedir dinero a los abuelos de Alí, a quienes ese día Acomata envió mensajes al celular para pedir 25.000 bolivianos de rescate.
El bebé de 17 meses apareció muerto a las 5:45 del día siguiente a metros de la casa de Alí, en la zona Cinco Dedos de La Paz. Horas después la madre fue aprehendida en el velorio del niño, Acomata fue detenido en El Alto, pero nunca hubo datos de “Eduardo”.
Fernández explicó que Alí y Castro son primas lejanas, que por cariño llamaban a ésta “Angi” y que “Mariño” es por el apellido del padrastro.
En su declaración ante la Fiscalía, Castro contó que se enteró del caso por los noticieros y que el 2 de diciembre ella estuvo con varios familiares de su pareja, Jordy A. A., con quienes cocinó y que luego acompañó a jugar después de ir a una revisión médica ya que estaba embarazada.
“Todos ellos (familiares y amigos) han declarado también, además, hemos presentado el informe del médico y la enfermera que la atendieron esa tarde, el reporte de radio bases de llamadas de celular, no hay ni mensajes entre ellos, cómo pudo ser cómplice”, cuestionó la abuela.
Relató que el Tribunal Tercero de Sentencia, a cargo del juicio, en junio de 2017 decidió realizar una audiencia en la cárcel de San Pedro donde está recluido Acomata. Allí Boyán amenazó a los testigos con procesarlos por dar “falso testimonio”, lo que causó confusión en ellos.
En el cuaderno de investigaciones, al que accedió Página Siete, están las declaraciones de al menos 11 personas que afirman que el 2 de diciembre, mientras se desarrollaba el supuesto secuestro del bebé, Castro estuvo con sus familiares en la zona Santiago Primero, de El Alto.
Castro se presentó voluntariamente a la Fiscalía el 18 de diciembre de 2013, luego de escuchar en las noticias que su prima la implicaba como su cómplice. Pese a sus descargos, fue aprehendida y continúa recluida en la cárcel de mujeres de Obrajes.
Fernández aseguró que Alí incriminó a Castro debido a rencillas familiares, por su actividad de comerciantes en el centro paceño. En abril de 2018, Castro apeló la sentencia. Ahora, Fernández espera que otros fiscales revisen el proceso, luego de que Boyán ya fue destituida.
La denuncia por la falta de valoración de pruebas y amenazas contra testigos que presentó Ana Fernández contra la exfiscal Susana Boyán es la tercera que se conoce desde que se revelaron las irregularidades que se cometieron en el proceso del bebé Alexander.
Fernández afirmó que su nieta, María de los Ángeles Castro, fue sentenciada pese a que se presentaron varios testigos y pruebas de su inocencia en el caso de secuestro y muerte de un bebé de diciembre de 2013.
El primer caso es precisamente el del bebé Alexander, en el que se dictó sentencia sin pruebas contra el médico Jhiery Fernández, quien a fines del año pasado recuperó su libertad y cuando, paralelamente, se abrió un proceso contra Boyán y el exfiscal departamental Edwin Blanco.
Boyán y Blanco son acusados de amenazar a peritos e investigadores que en el juicio negaron que el bebé Alexander fuera víctima de violación y quienes declararon que no existían indicios contra el galeno. Un informe del Defensor del Pueblo señala que los fiscales ocultaron varias pruebas.
La segunda denuncia fue presentada por Nelson Estrada, por las supuestas irregularidades que Boyán cometió dentro del caso de robo agravado seguido de la muerte de su padre, el exjuez Reynaldo Estrada.
Acusan a Boyán de manipular una declaración para involucrar a la esposa de Nelson Estrada, María Elena Murillo, quien colaboró para dar con los verdaderos responsables de la muerte del exjuez. La Fiscalía informó que la exfiscal también afronta dos procesos disciplinarios.
Proceso de 5 años
Investigación Según los registros, la Fiscalía demoró tres meses para tomar las declaraciones a los testigos de descargo de María de los Angeles Castro.
Juicio La exfiscal Susana Boyán presentó la resolución conclusiva para el inicio de juicio 18 meses después de la muerte del bebé. Después, el Tribunal Décimo de Sentencia demoró tres años en dictar sentencia contra los tres acusados sin valorar todas las pruebas.
No pasaron ni cuatro meses desde que se revelara la manipulación del Ministerio Público en contra del médico Jhiery Fernández para que una de las fiscales de ese caso, Susana Boyán, esté de nuevo involucrada en un caso de secuestro en el que se sentenció a una mujer sin pruebas y bajo las presiones de la exfuncionaria.
La afectada es María de los Ángeles Castro, de 27 años, y madre de dos hijos. El 7 de marzo de 2018 fue sentenciada a 30 años de cárcel después de ser acusada por el secuestro e infanticidio del bebé Juan Israel C. A., de 17 meses. No obstante, la principal sospechosa del delito es la madre del fallecido, Jhoselín Alí.
La exfiscal Boyán fue denunciada por Ana Fernández, la abuela de la detenida, quien afirmó que Boyán lanzó amenazas durante el proceso e ignoró pruebas con el fin de que un tribunal dicte sentencia contra Castro.
La mujer aseguró que la defensa de la detenida presentó pruebas de descargo como informes médicos, extractos de llamadas telefónicas y la declaración de varios testigos que aseguran que su nieta estaba en la ciudad de El Alto cuando se cometió el delito.
“Esta señora Boyán amenazó a nuestros testigos antes de que entren a declarar al juicio, no ha querido ver nuestras pruebas, ahora nosotros queremos denunciarla porque ha obrado igual que en el caso del bebé Alexander, no hay pruebas contra mi nieta, ella es inocente”, sostuvo Fernández.
Contradictoriamente de lo que dictó la justicia sobre la base de datos de la Fiscalía, la madre de Juan Israel confesó que planificó y fingió el secuestro de su hijo en complicidad de su exenamorado de colegio, Kevin Acomata.
Sin embargo, en su declaración, Alí dijo que también fue obligada por su prima “Angi Mariño” (así era llamada María de los Ángeles Castro por Alí). Asimismo, la pareja de Castro, “Eduardo”, supuestamente también la obligó.
La muerte sucedió el 2 de diciembre de 2013. Ese día, Alí relató a su familia y a la Policía que le habían robado el bebé luego de que subiera a un minibús en la avenida Periférica. Contó que ahí le taparon la boca con un trapo y despertó a las 11:30 en la calle Potosí, en la puerta del Hotel Presidente ya sin el niño.
El fin de los supuestos secuestradores era pedir dinero a los abuelos de Alí, a quienes ese día Acomata envió mensajes al celular para pedir 25.000 bolivianos de rescate.
El bebé de 17 meses apareció muerto a las 5:45 del día siguiente a metros de la casa de Alí, en la zona Cinco Dedos de La Paz. Horas después la madre fue aprehendida en el velorio del niño, Acomata fue detenido en El Alto, pero nunca hubo datos de “Eduardo”.
Fernández explicó que Alí y Castro son primas lejanas, que por cariño llamaban a ésta “Angi” y que “Mariño” es por el apellido del padrastro.
En su declaración ante la Fiscalía, Castro contó que se enteró del caso por los noticieros y que el 2 de diciembre ella estuvo con varios familiares de su pareja, Jordy A. A., con quienes cocinó y que luego acompañó a jugar después de ir a una revisión médica ya que estaba embarazada.
“Todos ellos (familiares y amigos) han declarado también, además, hemos presentado el informe del médico y la enfermera que la atendieron esa tarde, el reporte de radio bases de llamadas de celular, no hay ni mensajes entre ellos, cómo pudo ser cómplice”, cuestionó la abuela.
Relató que el Tribunal Tercero de Sentencia, a cargo del juicio, en junio de 2017 decidió realizar una audiencia en la cárcel de San Pedro donde está recluido Acomata. Allí Boyán amenazó a los testigos con procesarlos por dar “falso testimonio”, lo que causó confusión en ellos.
En el cuaderno de investigaciones, al que accedió Página Siete, están las declaraciones de al menos 11 personas que afirman que el 2 de diciembre, mientras se desarrollaba el supuesto secuestro del bebé, Castro estuvo con sus familiares en la zona Santiago Primero, de El Alto.
Castro se presentó voluntariamente a la Fiscalía el 18 de diciembre de 2013, luego de escuchar en las noticias que su prima la implicaba como su cómplice. Pese a sus descargos, fue aprehendida y continúa recluida en la cárcel de mujeres de Obrajes.
Fernández aseguró que Alí incriminó a Castro debido a rencillas familiares, por su actividad de comerciantes en el centro paceño. En abril de 2018, Castro apeló la sentencia. Ahora, Fernández espera que otros fiscales revisen el proceso, luego de que Boyán ya fue destituida.
La denuncia por la falta de valoración de pruebas y amenazas contra testigos que presentó Ana Fernández contra la exfiscal Susana Boyán es la tercera que se conoce desde que se revelaron las irregularidades que se cometieron en el proceso del bebé Alexander.
Fernández afirmó que su nieta, María de los Ángeles Castro, fue sentenciada pese a que se presentaron varios testigos y pruebas de su inocencia en el caso de secuestro y muerte de un bebé de diciembre de 2013.
El primer caso es precisamente el del bebé Alexander, en el que se dictó sentencia sin pruebas contra el médico Jhiery Fernández, quien a fines del año pasado recuperó su libertad y cuando, paralelamente, se abrió un proceso contra Boyán y el exfiscal departamental Edwin Blanco.
Boyán y Blanco son acusados de amenazar a peritos e investigadores que en el juicio negaron que el bebé Alexander fuera víctima de violación y quienes declararon que no existían indicios contra el galeno. Un informe del Defensor del Pueblo señala que los fiscales ocultaron varias pruebas.
La segunda denuncia fue presentada por Nelson Estrada, por las supuestas irregularidades que Boyán cometió dentro del caso de robo agravado seguido de la muerte de su padre, el exjuez Reynaldo Estrada.
Acusan a Boyán de manipular una declaración para involucrar a la esposa de Nelson Estrada, María Elena Murillo, quien colaboró para dar con los verdaderos responsables de la muerte del exjuez. La Fiscalía informó que la exfiscal también afronta dos procesos disciplinarios.
Proceso de 5 años
Investigación Según los registros, la Fiscalía demoró tres meses para tomar las declaraciones a los testigos de descargo de María de los Angeles Castro.
Juicio La exfiscal Susana Boyán presentó la resolución conclusiva para el inicio de juicio 18 meses después de la muerte del bebé. Después, el Tribunal Décimo de Sentencia demoró tres años en dictar sentencia contra los tres acusados sin valorar todas las pruebas.
