Los 43 entran a Palacio Nacional
López Obrador crea la comisión de la verdad para Ayotzinapa junto a familiares de los estudiantes desaparecidos, en un acto sin precedentes en Palacio Nacional
Pablo Ferri
México, El País
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió este lunes a familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en Palacio Nacional. Un gesto insólito de un presidente hacia las víctimas. Un símbolo de los nuevos tiempos, uno poderoso. Los recibió para que vieran cómo firmaba el decreto por el que se crea una comisión de la verdad para el caso, herida mortal del anterior Gobierno.
Es tiempo de símbolos en México, de pintar las paredes del nuevo Gobierno a modo de los que llegan. Uno de los principales objetivos del nuevo presidente es distanciarse de su antecesor en forma y fondo. Porque ahora mismo, recién estrenado su mandato, son tan importantes las propuestas e iniciativas como la manera en que se cuentan.
Por eso la puesta en escena de este lunes. López Obrador situó a las víctimas en el presidium, junto a la secretaria de Gobernación y los secretarios de Defensa y Marina. Alejados de toda pompa y solemnidad, los familiares de los estudiantes colocaron sus pancartas en la misma mesa: "Vivos se los llevaron, vivos los queremos". Y por supuesto nadie dijo nada.
Leídos los detalles del decreto, después de que una de las madres de los 43 tomara la palabra, llegó el turno del presidente. "Estamos empezando a cumplir", dijo López Obrador, con tono grave, comedido. "Con este decreto se ordena al Gobierno a que preste todo el apoyo a la comisión para llegar a la verdad. Les aseguro que no habrá impunidad, ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro".
La comisión, que empezará a funcionar esta misma semana, integrará a funcionarios de alto nivel de las secretarías de Gobernación, Hacienda y Relaciones Exteriores, además de representantes de familiares de los 43 y organismos internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su tarea será supervisar la investigación oficial y tratar de llegar de una vez por todas a una verdad aceptable: ¿Qué pasó con los estudiantes desaparecidos?
Para ello, el decreto prevé que la fiscalía cree una oficina especial para investigar el caso, integrando las pesquisas de sus antecesores, pero sobre todo los resultados del informe que presentó la semana pasada la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH. Así lo ha explicado el futuro responsable de la comisión, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación. "Debemos entender que esclarecer el caso es el inicio de una política que coloca en el centro a las víctimas", dijo Encinas. "Conocer los hechos fortalecerá a las instituciones en vez de debilitarlas. Como sociedad tenemos derechos a la verdad y justicia".
Desde hace meses, la investigación oficial está parada. Una de las últimas actuaciones de los investigadores, la detención de uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43, quedó en nada cuando la CNDH demostró que se habían confundido de persona. Erick Sandoval, detenido en marzo, permaneció en prisión diez meses por culpa de la negligencia de la fiscalía.
El caso Sandoval ilustra los errores de los investigadores en estos cuatro años, desde el fatídico 26 de septiembre de 2014. La cacería de los estudiantes a manos de un grupo de policías y delincuentes puso en jaque el Gobierno, entonces en manos del PRI. Valiéndose de testimonios obtenidos mediante tortura, hecho que probarían posteriormente Naciones Unidas y la CNDH, la fiscalía federal presentó una versión de los hechos cuestionada desde el principio, basada en el asesinato y la cremación de los estudiantes en un basurero. Ni las familias, ni los investigadores que se acercaron al caso de manera independiente creyeron esta versión.
La nueva comisión de la verdad tratará de llenar el agujero de desconfianza entre las familias y el Gobierno. Para ello, el Ejecutivo les ha puesto en el centro de todo, ordenando a cualquier organismo gubernamental que colabore, que entregue toda información que pueda ayudar en la investigación; señalando que no se podrá reservar información en este caso, mantenerla oculta. "Este es un asunto de estado, es un asunto que interesa mucho a todos los mexicanos", ha dicho López Obrador.
Consciente quizá de la credibilidad que se juega con el buen hacer de la comisión, el presidente ha concluido: "Tengan confianza. El pueblo es el soberano, al que le tengo respeto y lealtad. No va a haber obstáculos para llegar a la verdad, saber todo lo que sucedió".
México, El País
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió este lunes a familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en Palacio Nacional. Un gesto insólito de un presidente hacia las víctimas. Un símbolo de los nuevos tiempos, uno poderoso. Los recibió para que vieran cómo firmaba el decreto por el que se crea una comisión de la verdad para el caso, herida mortal del anterior Gobierno.
Es tiempo de símbolos en México, de pintar las paredes del nuevo Gobierno a modo de los que llegan. Uno de los principales objetivos del nuevo presidente es distanciarse de su antecesor en forma y fondo. Porque ahora mismo, recién estrenado su mandato, son tan importantes las propuestas e iniciativas como la manera en que se cuentan.
Por eso la puesta en escena de este lunes. López Obrador situó a las víctimas en el presidium, junto a la secretaria de Gobernación y los secretarios de Defensa y Marina. Alejados de toda pompa y solemnidad, los familiares de los estudiantes colocaron sus pancartas en la misma mesa: "Vivos se los llevaron, vivos los queremos". Y por supuesto nadie dijo nada.
Leídos los detalles del decreto, después de que una de las madres de los 43 tomara la palabra, llegó el turno del presidente. "Estamos empezando a cumplir", dijo López Obrador, con tono grave, comedido. "Con este decreto se ordena al Gobierno a que preste todo el apoyo a la comisión para llegar a la verdad. Les aseguro que no habrá impunidad, ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro".
La comisión, que empezará a funcionar esta misma semana, integrará a funcionarios de alto nivel de las secretarías de Gobernación, Hacienda y Relaciones Exteriores, además de representantes de familiares de los 43 y organismos internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su tarea será supervisar la investigación oficial y tratar de llegar de una vez por todas a una verdad aceptable: ¿Qué pasó con los estudiantes desaparecidos?
Para ello, el decreto prevé que la fiscalía cree una oficina especial para investigar el caso, integrando las pesquisas de sus antecesores, pero sobre todo los resultados del informe que presentó la semana pasada la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH. Así lo ha explicado el futuro responsable de la comisión, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación. "Debemos entender que esclarecer el caso es el inicio de una política que coloca en el centro a las víctimas", dijo Encinas. "Conocer los hechos fortalecerá a las instituciones en vez de debilitarlas. Como sociedad tenemos derechos a la verdad y justicia".
Desde hace meses, la investigación oficial está parada. Una de las últimas actuaciones de los investigadores, la detención de uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43, quedó en nada cuando la CNDH demostró que se habían confundido de persona. Erick Sandoval, detenido en marzo, permaneció en prisión diez meses por culpa de la negligencia de la fiscalía.
El caso Sandoval ilustra los errores de los investigadores en estos cuatro años, desde el fatídico 26 de septiembre de 2014. La cacería de los estudiantes a manos de un grupo de policías y delincuentes puso en jaque el Gobierno, entonces en manos del PRI. Valiéndose de testimonios obtenidos mediante tortura, hecho que probarían posteriormente Naciones Unidas y la CNDH, la fiscalía federal presentó una versión de los hechos cuestionada desde el principio, basada en el asesinato y la cremación de los estudiantes en un basurero. Ni las familias, ni los investigadores que se acercaron al caso de manera independiente creyeron esta versión.
La nueva comisión de la verdad tratará de llenar el agujero de desconfianza entre las familias y el Gobierno. Para ello, el Ejecutivo les ha puesto en el centro de todo, ordenando a cualquier organismo gubernamental que colabore, que entregue toda información que pueda ayudar en la investigación; señalando que no se podrá reservar información en este caso, mantenerla oculta. "Este es un asunto de estado, es un asunto que interesa mucho a todos los mexicanos", ha dicho López Obrador.
Consciente quizá de la credibilidad que se juega con el buen hacer de la comisión, el presidente ha concluido: "Tengan confianza. El pueblo es el soberano, al que le tengo respeto y lealtad. No va a haber obstáculos para llegar a la verdad, saber todo lo que sucedió".
