La caravana de los migrantes quedó trabada en Tijuana: ¿qué pasará?
La ciudad mexicana vecina a San Diego se llenó de refugios para contener a los migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala que esperaban pedir asilo político en los Estados Unidos. Dado que las autoridades migratorias sólo tramitan las solicitudes de aquellos que permanezcan en México durante el proceso y que los rechazos aumentaron un 65% en 2018, muchos comenzaron a buscar alternativas. Mientras tanto, las tensiones aumentan en el área fronteriza
Infobae
Sin líderes, sin esperanza. En refugios, algunos con empleos más que precarios, como cortar el pelo al paso. Los migrantes de la caravana que partió de octubre para pedir asilo en los Estados Unidos quedaron varados en Tijuana, en la frontera norte de México, cerca de la ciudad de San Diego. Son miles de personas que huyen de la violencia de las maras y la pobreza endémica de Honduras, El Salvador y Guatemala, principalmente, y que enfrentan el rechazo más duro de la Casa Blanca en años.
"Se han quedado con una existencia incómoda en Tijuana, y enfrentan una reacción negativa a ambos lados de la frontera", evaluó Los Angeles Times. "Los coordinadores que ayudaron a dirigir a los migrantes a lo largo de México con megáfonos y consejo han desaparecido ya hace mucho, y muchos de los migrantes se sienten frustrados e inseguros sobre qué hacer a continuación".
El escenario más probable consiste en la prolongación de ese limbo, acampados durante meses a la espera de llegar al tope de la larga lista de espera para solicitar asilos que mayormente se niegan. En ese tiempo, el desarrollo de una crisis humanitaria en una ciudad superada por las circunstancias parece inevitable, según informó Associated Press (AP).
Algunos le echan la culpa a Pueblo Sin Fronteras, una organización de unos 40 estadounidenses y mexicanos que en octubre, cuando el gobierno de México ofreció asilo a los migrantes, y ellos tomaron la decisión de seguir su caravana, los acompañó. "Los críticos, incluidos ex aliados y algunos de los propios migrantes, dijeron que Pueblo Sin Fronteras minimizó los peligros del trayecto, en especial para las familias y los niños", dijo la agencia.
"Adelaida Gonzalez, de 37 años, de la ciudad de Guatemala, quien se sumó a la caravana con su hijo de 15 años y una vecina, dijo que ahora que está en Tijuana quisiera haber aceptado la oferta de México de quedarse y trabajar en el estado sureño de Chiapas".
El tiempo parece haber jugado en contra de los migrantes. Si bien la simpatía que despertaban no era tan alta como la de grupos anteriores (por ejemplo, los niños de la crisis de menores solos que ingresaron a los Estados Unidos en 2014), la sucesión de hechos como la campaña electoral de noviembre, en la que se convirtieron en un tema divisivo, y la pelea por la financiación del muro que quiere hacer el presidente Donald Trump, y que causó el cierre parcial del gobierno federal, ha mellado incluso aquella escasa consideración.
Peor aún, en esas semanas las posibilidades de ingresar legalmente a los Estados Unidos se redujeron. No sólo los jueces comenzaron a rechazar cada vez más pedidos —la tasa de negativa llegó en 2018 a un récord de 65%, según lo seguimientos de Syracuse University—, sino que la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen decretó que los aspirantes a recibir asilo deben esperar en México mientras sus casos se procesan en los Estados Unidos.
"Dejé mi país porque pensé que esta caravana iba a los Estados Unidos", dijo a Los Angeles Times José Morenos, hondureño de 49. "No hubiera venido de haber sabido que se detendría en México". Pero como él, más de 6.000 centroamericanos quedaron trabados en Tijuana, algunos en un albergue hacinado a sólo 100 metros de la frontera. A medida que llegaba más gente, se abrieron otros refugios con carpas en la ciudad, y comenzaron las hostilidades.
Primero se vio a dos personas, que no fueron detenidas, arrojar un cartucho de gas lacrimógeno en la sección de mujeres del albergue El Barretal; luego dos personas fueron arrestadas por ser sospechosas de haber asesinado a dos adolescentes hondureños que integraban las caravanas.
El enfrentamiento entre migrantes y la patrulla fronteriza en San Ysidro, el punto de entrada con más capacidad de procesamiento de casos, recorrió el mundo con sus imágenes de niños que corrían escapando de los gases lacrimógenos. "Tenían una actitud agresiva", dijo Kevin McAleenan, director de Aduanas y Protección Fronteriza. "Arrojaron piedras contra los agentes". El alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, también acusó a los migrantes en Twitter: "No permitiremos que la mala conducta de la caravana migrante rompa nuestra relación binacional".
Orfirio Mendoza, hondureño de 41 años, dijo al periódico de Los Angeles que faltó organización entre los migrantes que ese día llegaron a la frontera. "Nadie sabía qué hacer. Entonces comenzó el caos. Venía gente que trataba de convertirse en dirigentes, organizar una reunión, pero nadie les prestó atención", dijo Mendoza, quien decidió quedarse en México, donde pidió asilo.
Como él, otras 600 personas lo solicitaron a las autoridades mexicanas; más de 1.000, además, encontraron trabajos para obtener permisos de residencia y unas 3.500 solicitaron visas de empleo. México deportó a 300 miembros de la caravana y ayudó a otros 700 que prefirieron regresar a sus países de origen. Se estima que 1.100 lograron ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos.
Pueblo Sin Fronteras, aunque perdió popularidad entre los migrantes, organizó una marcha frente al consulado estadounidense en Tijuana para reclamar por el derecho al asilo de los solicitantes. "Ellos saben que el muro es muy grande y que mucha gente no les va a dar la bienvenida en los Estados Unidos", dijo el fundador de la organización, Roberto Corona, a AP, "pero todavía tienen esperanza de llegar, de tener mayor protección de sus derechos que en sus países, de poder ganarse la vida".
Sin líderes, sin esperanza. En refugios, algunos con empleos más que precarios, como cortar el pelo al paso. Los migrantes de la caravana que partió de octubre para pedir asilo en los Estados Unidos quedaron varados en Tijuana, en la frontera norte de México, cerca de la ciudad de San Diego. Son miles de personas que huyen de la violencia de las maras y la pobreza endémica de Honduras, El Salvador y Guatemala, principalmente, y que enfrentan el rechazo más duro de la Casa Blanca en años.
"Se han quedado con una existencia incómoda en Tijuana, y enfrentan una reacción negativa a ambos lados de la frontera", evaluó Los Angeles Times. "Los coordinadores que ayudaron a dirigir a los migrantes a lo largo de México con megáfonos y consejo han desaparecido ya hace mucho, y muchos de los migrantes se sienten frustrados e inseguros sobre qué hacer a continuación".
El escenario más probable consiste en la prolongación de ese limbo, acampados durante meses a la espera de llegar al tope de la larga lista de espera para solicitar asilos que mayormente se niegan. En ese tiempo, el desarrollo de una crisis humanitaria en una ciudad superada por las circunstancias parece inevitable, según informó Associated Press (AP).
Algunos le echan la culpa a Pueblo Sin Fronteras, una organización de unos 40 estadounidenses y mexicanos que en octubre, cuando el gobierno de México ofreció asilo a los migrantes, y ellos tomaron la decisión de seguir su caravana, los acompañó. "Los críticos, incluidos ex aliados y algunos de los propios migrantes, dijeron que Pueblo Sin Fronteras minimizó los peligros del trayecto, en especial para las familias y los niños", dijo la agencia.
"Adelaida Gonzalez, de 37 años, de la ciudad de Guatemala, quien se sumó a la caravana con su hijo de 15 años y una vecina, dijo que ahora que está en Tijuana quisiera haber aceptado la oferta de México de quedarse y trabajar en el estado sureño de Chiapas".
El tiempo parece haber jugado en contra de los migrantes. Si bien la simpatía que despertaban no era tan alta como la de grupos anteriores (por ejemplo, los niños de la crisis de menores solos que ingresaron a los Estados Unidos en 2014), la sucesión de hechos como la campaña electoral de noviembre, en la que se convirtieron en un tema divisivo, y la pelea por la financiación del muro que quiere hacer el presidente Donald Trump, y que causó el cierre parcial del gobierno federal, ha mellado incluso aquella escasa consideración.
Peor aún, en esas semanas las posibilidades de ingresar legalmente a los Estados Unidos se redujeron. No sólo los jueces comenzaron a rechazar cada vez más pedidos —la tasa de negativa llegó en 2018 a un récord de 65%, según lo seguimientos de Syracuse University—, sino que la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen decretó que los aspirantes a recibir asilo deben esperar en México mientras sus casos se procesan en los Estados Unidos.
"Dejé mi país porque pensé que esta caravana iba a los Estados Unidos", dijo a Los Angeles Times José Morenos, hondureño de 49. "No hubiera venido de haber sabido que se detendría en México". Pero como él, más de 6.000 centroamericanos quedaron trabados en Tijuana, algunos en un albergue hacinado a sólo 100 metros de la frontera. A medida que llegaba más gente, se abrieron otros refugios con carpas en la ciudad, y comenzaron las hostilidades.
Primero se vio a dos personas, que no fueron detenidas, arrojar un cartucho de gas lacrimógeno en la sección de mujeres del albergue El Barretal; luego dos personas fueron arrestadas por ser sospechosas de haber asesinado a dos adolescentes hondureños que integraban las caravanas.
El enfrentamiento entre migrantes y la patrulla fronteriza en San Ysidro, el punto de entrada con más capacidad de procesamiento de casos, recorrió el mundo con sus imágenes de niños que corrían escapando de los gases lacrimógenos. "Tenían una actitud agresiva", dijo Kevin McAleenan, director de Aduanas y Protección Fronteriza. "Arrojaron piedras contra los agentes". El alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, también acusó a los migrantes en Twitter: "No permitiremos que la mala conducta de la caravana migrante rompa nuestra relación binacional".
Orfirio Mendoza, hondureño de 41 años, dijo al periódico de Los Angeles que faltó organización entre los migrantes que ese día llegaron a la frontera. "Nadie sabía qué hacer. Entonces comenzó el caos. Venía gente que trataba de convertirse en dirigentes, organizar una reunión, pero nadie les prestó atención", dijo Mendoza, quien decidió quedarse en México, donde pidió asilo.
Como él, otras 600 personas lo solicitaron a las autoridades mexicanas; más de 1.000, además, encontraron trabajos para obtener permisos de residencia y unas 3.500 solicitaron visas de empleo. México deportó a 300 miembros de la caravana y ayudó a otros 700 que prefirieron regresar a sus países de origen. Se estima que 1.100 lograron ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos.
Pueblo Sin Fronteras, aunque perdió popularidad entre los migrantes, organizó una marcha frente al consulado estadounidense en Tijuana para reclamar por el derecho al asilo de los solicitantes. "Ellos saben que el muro es muy grande y que mucha gente no les va a dar la bienvenida en los Estados Unidos", dijo el fundador de la organización, Roberto Corona, a AP, "pero todavía tienen esperanza de llegar, de tener mayor protección de sus derechos que en sus países, de poder ganarse la vida".
