Gobernación cruceña se suma al paro cívico del jueves en contra de la repostulación

Rubén Costas, jefe del opositor Demócratas, administra la gobernación de Santa Cruz. Su secretario General, Roly Aguilera, explicó que los funcionarios tienen derechos a manifestarse

La Razón Digital / Aldo Aguilera, Paulo Cuiza / Santa Cruz, La Paz
La Gobernación de Santa Cruz, bajo administración del jefe de Demócratas, Rubén Costas, acatará el paro cívico convocado para el jueves 6 en defensa del voto del 21 de febrero de 2016 y rechazo a la repostulación del presidente Evo Morales.


El secretario General de la Gobernación, Roly Aguilera, confirmó que el gobierno departamental atacará la medida de presión que fue dispuesta en una reunión de representantes cívicos de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Potosí, Oruro, Beni y Santa Cruz.

"El gobierno departamental va a acatar el paro del Comité Pro Santa Cruz como lo ha hecho durante todos estos años en defensa de la democracia (...) Todos estamos convocados porque esto es una defensa de nuestra democracia y de nuestro voto; y si nosotros no defendemos lo nuestro no esperemos que otros lo hagan", sostuvo.

Cívicos cruceños ratifican paro nacional en defensa del 21F y exigen depurar padrón de militantes
La medida de presión exige al gobierno respetar el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 que rechazó la repostulación de los actuales mandatarios. La protesta es parte de una estrategia de presión al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que el sábado deberá determinar qué binomios presidenciales están habilitados o no para las primarias y las elecciones generales.

"Como Gobernación, todos los funcionarios tienen la libertad para llevar adelante como ciudadanos esa protesta pacífica que está en Santa Cruz y en el país en reclamo al 21 de febrero", insistió.

La Asamblea de la Cruceñidad, máxima instancia de decisión cívica de Santa Cruz, ratificó la noche del 21 de noviembre la decisión de cumplir un paro cívico nacional este jueves. También exige depurar el padrón de militantes ante las irregularidades detectadas.

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