Fiscal que indaga a Keiko Fujimori y Alan García pide medida cautelar a la CIDH
Lima, EFE
El fiscal peruano José Domingo Pérez, que investiga por presunto lavado de activos a la líder opositora Keiko Fujimori y al expresidente Alan García, pidió una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por interferencias a su trabajo, informó hoy la prensa local.
Pérez alegó haber sufrido "interferencias externas e internas" en el Ministerio Público en el ejercicio de sus labores, reveló el diario Perú21.
El fiscal agregó que esas interferencias se refieren a la "apertura de investigaciones disciplinarias, penales y parlamentarias, sin fundamentación real y violación de su libertad de expresión".
Pérez está en un abierto enfrentamiento con el fiscal general de Perú, Pedro Gonzalo Chávarry, quien ha sido directamente vinculado con la mafia de "Los Cuellos Blancos del Puerto", una red de corrupción descubierta al interior de la judicatura peruana y que habría protegido a los principales líderes del fujimorismo y del partido Aprista, de Alan García, de las pesquisas en su contra.
Chávarry ordenó una serie de investigaciones internas contra Pérez, antes y después de haber sido interrogado por el fiscal sobre su presunta vinculación con aquella mafia y con el caso abierto contra Keiko Fujimori por presuntos aportes irregulares de la empresa brasileña Odebrecht.
Asimismo, una comisión del Congreso, dominado por el fujimorismo, solicitó una investigación contra Pérez por haber calificado, durante una charla en México de "guerrilla o guerra civil" a la acción de las bandas armadas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) entre 1980 y 2000 en Perú.
El fiscal también citó que algunos de los aspectos negativos del Gobierno de Alberto Fujimori, entre 1990 y 2000, fueron las "ejecuciones extrajudiciales" del grupo militar encubierto Colina por las cuales el exmandatario fue condenado a 25 años de prisión en 2009.
El diario Perú21 informó que el secretario técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Martín Mijichich Loli, pidió información al Ministerio Público sobre la idoneidad y efectividad de las medidas de protección con las que cuenta actualmente Pérez.
También pidió conocer el estado de las indagaciones contra los legisladores fujimoristas que entorpecieron el allanamiento que hizo Pérez en la sede del partido Fuerza Popular, de Keiko, mientras investigaba el caso de los falsos aportantes en la campaña presidencial de 2011.
Keiko Fujimori, actualmente bajo prisión preventiva, por 36 meses, es investigada junto a una decena de dirigentes, asesores y colaboradores de Fuerza Popular por el delito de lavado de activos, a raíz de los aportes irregulares en sus campañas electorales.
El expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) es investigado por los sobornos entregados por Odebrecht para adjudicarse la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima durante su segundo gobierno.
García, que tiene una orden de impedimento de salida del país por 18 meses, intentó asilarse en Uruguay y, después de recibir una negativa a ese pedido, dijo que tenía fuentes en la Fiscalía que le informaron que se alistaba una solicitud de detención preventiva en su contra, lo cual ha sido recibido como una clara interferencia a la acción de la justicia.
El fiscal peruano José Domingo Pérez, que investiga por presunto lavado de activos a la líder opositora Keiko Fujimori y al expresidente Alan García, pidió una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por interferencias a su trabajo, informó hoy la prensa local.
Pérez alegó haber sufrido "interferencias externas e internas" en el Ministerio Público en el ejercicio de sus labores, reveló el diario Perú21.
El fiscal agregó que esas interferencias se refieren a la "apertura de investigaciones disciplinarias, penales y parlamentarias, sin fundamentación real y violación de su libertad de expresión".
Pérez está en un abierto enfrentamiento con el fiscal general de Perú, Pedro Gonzalo Chávarry, quien ha sido directamente vinculado con la mafia de "Los Cuellos Blancos del Puerto", una red de corrupción descubierta al interior de la judicatura peruana y que habría protegido a los principales líderes del fujimorismo y del partido Aprista, de Alan García, de las pesquisas en su contra.
Chávarry ordenó una serie de investigaciones internas contra Pérez, antes y después de haber sido interrogado por el fiscal sobre su presunta vinculación con aquella mafia y con el caso abierto contra Keiko Fujimori por presuntos aportes irregulares de la empresa brasileña Odebrecht.
Asimismo, una comisión del Congreso, dominado por el fujimorismo, solicitó una investigación contra Pérez por haber calificado, durante una charla en México de "guerrilla o guerra civil" a la acción de las bandas armadas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) entre 1980 y 2000 en Perú.
El fiscal también citó que algunos de los aspectos negativos del Gobierno de Alberto Fujimori, entre 1990 y 2000, fueron las "ejecuciones extrajudiciales" del grupo militar encubierto Colina por las cuales el exmandatario fue condenado a 25 años de prisión en 2009.
El diario Perú21 informó que el secretario técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Martín Mijichich Loli, pidió información al Ministerio Público sobre la idoneidad y efectividad de las medidas de protección con las que cuenta actualmente Pérez.
También pidió conocer el estado de las indagaciones contra los legisladores fujimoristas que entorpecieron el allanamiento que hizo Pérez en la sede del partido Fuerza Popular, de Keiko, mientras investigaba el caso de los falsos aportantes en la campaña presidencial de 2011.
Keiko Fujimori, actualmente bajo prisión preventiva, por 36 meses, es investigada junto a una decena de dirigentes, asesores y colaboradores de Fuerza Popular por el delito de lavado de activos, a raíz de los aportes irregulares en sus campañas electorales.
El expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) es investigado por los sobornos entregados por Odebrecht para adjudicarse la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima durante su segundo gobierno.
García, que tiene una orden de impedimento de salida del país por 18 meses, intentó asilarse en Uruguay y, después de recibir una negativa a ese pedido, dijo que tenía fuentes en la Fiscalía que le informaron que se alistaba una solicitud de detención preventiva en su contra, lo cual ha sido recibido como una clara interferencia a la acción de la justicia.