En su primer día como presidente, López Obrador firmó acuerdo migratorio con El Salvador, Guatemala y Honduras
Los cuatro gobiernos se comprometieron a atender el problema desde el origen y a garantizar el respeto a los derechos humanos
Infobae
En su primer día como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó un acuerdo migratorio con El Salvador, Guatemala y Honduras, países de donde son originarios los miles de integrantes de las cinco caravanas migrantes que desde octubre han llegado a territorio azteca con la intención de cruzar la frontera norte para llegar a Estados Unidos en la búsqueda de mejores condiciones de vida.
Los mandatarios acordaron sentar las bases para la construcción de un plan de desarrollo integral y las oportunidades de la región para combatir las causas estructurales que detonan este fenómeno.
"El vínculo y las similitudes entre el sur de México, El Salvador, Guatemala y Honduras acentuó la necesidad de atender el fenómeno migratorio como una problemática compleja que exige la gobernanza adecuada para facilitar la migración segura, ordenada y regular desde una perspectiva regional integral, y contemple la atención prioritaria a todo el ciclo de la migración (origen, tránsito, destino y retorno) guiada por el principio de responsabilidad compartida pero diferenciada y con pleno respeto y protección de los derechos humanos", destacó el gobierno de México.
Una de las primeras acciones contempladas en el acuerdo es la creación de un fondo que ayude a la implementación del plan de desarrollo que deberá generar acciones para generar empleos y combatir la pobreza.
La elaboración del plan estará a cargo de las cancillerías que trabajarán con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), que durante el primer trimestres de 2019 trabajara en la identificación y unificación de las áreas de oportunidad existentes, la elaboración así como el diseño del proyecto y su implementación futura en armonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.
Estimaciones de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob), señalan que en 2015, cerca de 300.000 centroamericanos transitaron por México con intención de llegar a Estados Unidos, de los cuales 140.000 fueron deportados.
El de las caravanas migrantes centroamericanas es uno de los fenómenos que heredó López Obrador de la anterior administración. Al menos 6.000 integrantes de estas caravanas, principalmente hondureñas, permanecen en un limbo en la frontera norte de México ante la negativo del gobierno de Estados Unidos para otorgarles asilo humanitario.
Mientras que en México tampoco se les han otorgado visas humanitarias.
El año pasado, el gobierno federal impulsó un acuerdo laboral con estos países, en los que contemplaba el intercambio de hasta 4.000 trabajadores mexicanos certificados en labores de construcción y manufacturas, e igual número de centroamericanos que vendrían a integrarse a las labores agrícolas. Sin embargo se desconocen los resultados.
El documento fue signado por los mandatarios de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera; y Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, así como por el vicepresidente de El Salvador, Óscar Samuel Ortiz Ascencio.
En su primer día como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó un acuerdo migratorio con El Salvador, Guatemala y Honduras, países de donde son originarios los miles de integrantes de las cinco caravanas migrantes que desde octubre han llegado a territorio azteca con la intención de cruzar la frontera norte para llegar a Estados Unidos en la búsqueda de mejores condiciones de vida.
Los mandatarios acordaron sentar las bases para la construcción de un plan de desarrollo integral y las oportunidades de la región para combatir las causas estructurales que detonan este fenómeno.
"El vínculo y las similitudes entre el sur de México, El Salvador, Guatemala y Honduras acentuó la necesidad de atender el fenómeno migratorio como una problemática compleja que exige la gobernanza adecuada para facilitar la migración segura, ordenada y regular desde una perspectiva regional integral, y contemple la atención prioritaria a todo el ciclo de la migración (origen, tránsito, destino y retorno) guiada por el principio de responsabilidad compartida pero diferenciada y con pleno respeto y protección de los derechos humanos", destacó el gobierno de México.
Una de las primeras acciones contempladas en el acuerdo es la creación de un fondo que ayude a la implementación del plan de desarrollo que deberá generar acciones para generar empleos y combatir la pobreza.
La elaboración del plan estará a cargo de las cancillerías que trabajarán con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), que durante el primer trimestres de 2019 trabajara en la identificación y unificación de las áreas de oportunidad existentes, la elaboración así como el diseño del proyecto y su implementación futura en armonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.
Estimaciones de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob), señalan que en 2015, cerca de 300.000 centroamericanos transitaron por México con intención de llegar a Estados Unidos, de los cuales 140.000 fueron deportados.
El de las caravanas migrantes centroamericanas es uno de los fenómenos que heredó López Obrador de la anterior administración. Al menos 6.000 integrantes de estas caravanas, principalmente hondureñas, permanecen en un limbo en la frontera norte de México ante la negativo del gobierno de Estados Unidos para otorgarles asilo humanitario.
Mientras que en México tampoco se les han otorgado visas humanitarias.
El año pasado, el gobierno federal impulsó un acuerdo laboral con estos países, en los que contemplaba el intercambio de hasta 4.000 trabajadores mexicanos certificados en labores de construcción y manufacturas, e igual número de centroamericanos que vendrían a integrarse a las labores agrícolas. Sin embargo se desconocen los resultados.
El documento fue signado por los mandatarios de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera; y Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, así como por el vicepresidente de El Salvador, Óscar Samuel Ortiz Ascencio.
