El Parlamento británico aprobó una moción de "desacato" contra Theresa May y el Brexit camina por la cuerda floja
Los legisladores castigaron al ejecutivo por no haber proporcionado los informes legales sobre el acuerdo negociado con la UE. El episodio debilita aún más a la primera ministra
Infobae
Un nuevo episodio de fiebre en el drama del Brexit tuvo lugar este martes en Londres: el Parlamento condenó al gobierno por rechazar sus demandas de información antes de iniciar los debates sobre un acuerdo que cada vez parece más encaminado al fracaso.
Por 311 votos a favor y 293 en contra, la Cámara de los Comunes aprobó una "moción de desacato" sin precedentes contra el ejecutivo por haberse negado a proporcionar integralmente los informes legales sobre el acuerdo de Brexit negociado con Bruselas.
"El ejecutivo se está negando deliberadamente a cumplir una orden vinculante de esta cámara", había afirmado el diputado laborista Keir Starmer, autor de una moción que ahora obliga al gobierno de Theresa May a hacer público ese material.
Tras perder la "moción de desacato", el gobierno de May claudicó y aceptó publicar los informes en su totalidad por lo que ni el fiscal general ni ningún otro miembro del ejecutivo, que también son diputados, fueron sancionados con suspensión ni exclusión del parlamento, dos castigos posibles aunque este último no se ha aplicado desde hace más de 70 años.
En ese contexto, May se esforzó este martes por defender el acuerdo del Brexit al iniciar cinco días de debate en un parlamento hostil, acentuando su fragilidad y sus perspectivas de fracaso.
Los legisladores habían exigido en noviembre conocer esos informes en su totalidad antes de la votación crucial del 11 de diciembre, en que debe ratificar o rechazar el texto. Pero el lunes, el fiscal general Geoffrey Cox sólo presentó un resumen, alegando que se trataba de documentos confidenciales.
El acuerdo sellado por la primera ministra conservadora con sus 27 socios europeos, al término de 17 meses de difíciles negociaciones, prevé, entre otras cuestiones, un periodo de transición que puede prolongarse hasta finales de 2022 durante el cual Reino Unido sigue sometido a las reglas europeas pero sin voz ni voto.
Y un complejo sistema denominado "backstop", o "red de seguridad", para evitar instaurar una frontera dura entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, que muchos diputados temen mantenga al país inevitablemente atrapado en Europa, lo que sospechan que queda reflejado en los informes legales de Cox.
Revocación unilateral
La "moción de desacato" mostró la creciente fragilidad del gobierno minoritario de May ante un Parlamento hostil, cuando se inician cinco días de acalorado debate sobre el acuerdo del Brexit, a menos de cuatro meses para la fecha prevista: el 29 de marzo.
"El pueblo británico quiere que avancemos con un acuerdo que honre el resultado del referéndum" de 2016, en que un 52% votó por salir de la UE "y nos permite volver a unirnos como país, independientemente de lo que votó cada uno", debía decir May, según extractos de su discurso avanzados por Downing Street.
En un país profundamente dividido, el acuerdo sellado entre Londres y Bruselas desagrada tanto a los proeuropeos, que ven condiciones peores a las actuales, como a los euroescépticos, convencidos de que hace concesiones inaceptables a la UE.
Choca así con el rechazo de la oposición laborista, de los eurófilos del centrista Partido Liberaldemócrata, de los independentistas escoceses, del pequeño partido unionista norirlandés DUP -en el que May se apoyaba para gobernar- y de decenas de diputados rebeldes del Partido Conservador de la primera ministra.
Embarcada en una intensiva campaña para convencer a la opinión pública de que su acuerdo es "el único posible", la jefa de gobierno advirtió que si el parlamento lo tumba existe el riesgo de un Brexit sin acuerdo o incluso de que no haya Brexit.
El Banco de Inglaterra advirtió la semana pasada de que un Brexit sin acuerdo desencadenaría una crisis económica de enormes proporciones, con disparada del desempleo y la inflación, desplome de la libra y el precio de la vivienda y casi 10% de reducción del PIB.
Ante esta oscura perspectiva, los partidarios de permanecer en la UE intensificaron la campaña a favor de un segundo referéndum que permita dar marcha atrás: el lunes diputados conservadores proeuropeos, laboristas, liberaldemócratas y verdes entregaron al gobierno una petición con más de un millón de firmas.
Confortando su postura, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró el martes que Reino Unido puede revocar unilateralmente su decisión de abandonar el bloque antes del 29 de marzo.
Pero está aún por ver qué decide el parlamento dentro de una semana. Si tumba el acuerdo como se prevé, algunos diputados quieren que May vuelva a negociar a Bruselas aprovechando la cumbre europea del 13 y 14, una opción calificada de imposible por ella y por sus socios europeos.
Otros escenarios: una segunda votación parlamentaria bajo la presión de unos mercados en pánico, una moción de censura al gobierno o elecciones legislativas anticipadas.
Un nuevo episodio de fiebre en el drama del Brexit tuvo lugar este martes en Londres: el Parlamento condenó al gobierno por rechazar sus demandas de información antes de iniciar los debates sobre un acuerdo que cada vez parece más encaminado al fracaso.
Por 311 votos a favor y 293 en contra, la Cámara de los Comunes aprobó una "moción de desacato" sin precedentes contra el ejecutivo por haberse negado a proporcionar integralmente los informes legales sobre el acuerdo de Brexit negociado con Bruselas.
"El ejecutivo se está negando deliberadamente a cumplir una orden vinculante de esta cámara", había afirmado el diputado laborista Keir Starmer, autor de una moción que ahora obliga al gobierno de Theresa May a hacer público ese material.
Tras perder la "moción de desacato", el gobierno de May claudicó y aceptó publicar los informes en su totalidad por lo que ni el fiscal general ni ningún otro miembro del ejecutivo, que también son diputados, fueron sancionados con suspensión ni exclusión del parlamento, dos castigos posibles aunque este último no se ha aplicado desde hace más de 70 años.
En ese contexto, May se esforzó este martes por defender el acuerdo del Brexit al iniciar cinco días de debate en un parlamento hostil, acentuando su fragilidad y sus perspectivas de fracaso.
Los legisladores habían exigido en noviembre conocer esos informes en su totalidad antes de la votación crucial del 11 de diciembre, en que debe ratificar o rechazar el texto. Pero el lunes, el fiscal general Geoffrey Cox sólo presentó un resumen, alegando que se trataba de documentos confidenciales.
El acuerdo sellado por la primera ministra conservadora con sus 27 socios europeos, al término de 17 meses de difíciles negociaciones, prevé, entre otras cuestiones, un periodo de transición que puede prolongarse hasta finales de 2022 durante el cual Reino Unido sigue sometido a las reglas europeas pero sin voz ni voto.
Y un complejo sistema denominado "backstop", o "red de seguridad", para evitar instaurar una frontera dura entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, que muchos diputados temen mantenga al país inevitablemente atrapado en Europa, lo que sospechan que queda reflejado en los informes legales de Cox.
Revocación unilateral
La "moción de desacato" mostró la creciente fragilidad del gobierno minoritario de May ante un Parlamento hostil, cuando se inician cinco días de acalorado debate sobre el acuerdo del Brexit, a menos de cuatro meses para la fecha prevista: el 29 de marzo.
"El pueblo británico quiere que avancemos con un acuerdo que honre el resultado del referéndum" de 2016, en que un 52% votó por salir de la UE "y nos permite volver a unirnos como país, independientemente de lo que votó cada uno", debía decir May, según extractos de su discurso avanzados por Downing Street.
En un país profundamente dividido, el acuerdo sellado entre Londres y Bruselas desagrada tanto a los proeuropeos, que ven condiciones peores a las actuales, como a los euroescépticos, convencidos de que hace concesiones inaceptables a la UE.
Choca así con el rechazo de la oposición laborista, de los eurófilos del centrista Partido Liberaldemócrata, de los independentistas escoceses, del pequeño partido unionista norirlandés DUP -en el que May se apoyaba para gobernar- y de decenas de diputados rebeldes del Partido Conservador de la primera ministra.
Embarcada en una intensiva campaña para convencer a la opinión pública de que su acuerdo es "el único posible", la jefa de gobierno advirtió que si el parlamento lo tumba existe el riesgo de un Brexit sin acuerdo o incluso de que no haya Brexit.
El Banco de Inglaterra advirtió la semana pasada de que un Brexit sin acuerdo desencadenaría una crisis económica de enormes proporciones, con disparada del desempleo y la inflación, desplome de la libra y el precio de la vivienda y casi 10% de reducción del PIB.
Ante esta oscura perspectiva, los partidarios de permanecer en la UE intensificaron la campaña a favor de un segundo referéndum que permita dar marcha atrás: el lunes diputados conservadores proeuropeos, laboristas, liberaldemócratas y verdes entregaron al gobierno una petición con más de un millón de firmas.
Confortando su postura, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró el martes que Reino Unido puede revocar unilateralmente su decisión de abandonar el bloque antes del 29 de marzo.
Pero está aún por ver qué decide el parlamento dentro de una semana. Si tumba el acuerdo como se prevé, algunos diputados quieren que May vuelva a negociar a Bruselas aprovechando la cumbre europea del 13 y 14, una opción calificada de imposible por ella y por sus socios europeos.
Otros escenarios: una segunda votación parlamentaria bajo la presión de unos mercados en pánico, una moción de censura al gobierno o elecciones legislativas anticipadas.
