El oficialismo cerró filas en torno a la legalidad de la habilitación de su binomio para las justas electorales de 2019 y minimizó las protestas, mientras que sus detractores alistan la radicalización de las medidas de presión y encaminan sus estrategias en al menos cinco escenarios.

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz
El paro cívico de este jueves contra la repostulación del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García reavivó la polarización en Bolivia. Grupos que rechazan la habilitación del binomio oficialista para que participe en los próximos comicios generales y otros que defienden la continuidad del Ejecutivo chocaron en varios puntos del país.


El oficialismo cerró filas en torno a la legalidad de la habilitación de su binomio y minimizó las protestas, mientras que sus detractores alistan la radicalización de las medidas de presión y encaminan sus estrategias en al menos cinco escenarios para impugnar la candidatura de los mandatarios que cumplen su tercer mandato.

En medio de tensión, ocho de las nueve capitales del país (solo Pando no se sumó a las movilizaciones) amanecieron con protestas, entre ellas bloqueos de vías y vigilias. No obstante, en muchos puntos se usaron solo llantas en desuso, cintas de plástico, botellas y otros objetos para interrumpir las vías, algo que fue criticado desde el oficialismo.

Los manifestantes se ubicaron en distintos puntos de esas urbes y en algunos lugares, como en el Plan 3.000 de Santa Cruz y la avenida Periférica de La Paz, chocaron con ciudadanos que apoyan al Ejecutivo, quienes reclamaron la libre transitabilidad.


En ambos puntos tuvo que intervenir la Policía para que la gresca no llegue a mayores, como también ocurrió en algunos puntos de la zona sur de La Paz, donde los choques entre ciudadanos llegaron incluso a los puños, según constató La Razón Digital.

En la tarde, dos columnas de marchistas que partieron desde los Yungas y la localidad de Konani arribaron al barrio de Sopocachi para cercar simbólicamente las oficinas del TSE que se ubican frente a la plaza Abaroa. Allí instalaron un mitin para cuestionar la repostulación y lanzaron huevos y pintura a las oficinas y a los efectivos de la Policía que custodiaban el lugar. En Sucre se registraron similares fricciones.

El presidente Evo Morales, en un acto público en el Chapare, se refirió a esta última movilización y dijo que “esta concentración es más grande que la marcha que está en La Paz, han contado hace un momento y 520 estaban llegando y aquí deben estar por lo menos 2.000 compañeros. Toda la derecha unida con ocho candidatos”.

Cuestionó además a las plataformas que reivindican el respeto a los resultados del 21 de febrero de 2016 en el que se rechazó con el 51,3% la repostulación del mandatario y que posteriormente, en 2017, fue aprobado por un fallo constitucional.

“Soy capaz de pasar talleres para que aprendan cómo se marcha, cómo se organiza”, ironizó.

Gobierno cifra en 5.000 los movilizados por el paro y dice que las actividades son normales
Pero el principal incidente se produjo en Riberalta, Beni, donde, en el ínterin de la gresca entre bloqueadores y pobladores que reclamaban respeto para su jornada laboral, una mujer de 50 años falleció, según reportes de la estatal Bolivia Tv, por un paro cardiorespiratorio.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, identificó la tarde este jueves a los presuntos responsables de esa tragedia como “un grupo de matones” y para demostrar su tesis mostró varios videos. Además, se reportó un movilizado herido en las refriegas del Plan 3.000, en Santa Cruz.

Para el Ejecutivo, las actividades laborales y productivas fueron totalmente normales y solo unas 5.000 personas se movilizaron, principalmente en Santa Cruz.

Además, acusó a los candidatos y actores políticos opositores de alentar un paro político, según dijo Romero horas antes. Su colega de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Héctor Hinojosa, respaldó esa premisa.



Tras las movilizaciones, ambos bandos se replegaron para alistar estrategias con el fin de hacer prevalecer sus posturas. En el oficialismo, preparan citas para definir las estrategia de la campaña electoral que apunta a la “profundización del proceso de cambio” con más reformas y beneficios de la mano del presidente Morales.

Desde el otro frente, los bloques opositores y plataformas del 21F también han ingresado a un periodo de reflexión.

El Comité Cívico de Santa Cruz se reunirá este viernes con el fin de definir futuras medidas de presión. Pero ya hay pilares claros de las demandas. La marcha que llegó al TSE exigió a los vocales electorales que revisen su decisión de habilitar al binomio oficialista, caso contrario, sentenciaron, deben renunciar.

Los movilizados también han pedido al presidente Morales que, de manera voluntaria, renuncie a su aspiración, un extremo que ha sido descartado rotundamente por el MAS.



Si no prosperan esas vías, los detractores apuestan a que avance el trámite de impugnación de la candidatura de Morales que un infiltrado opositor instaló en el TSE tras inscribirse como militante del oficialismo. Similar gestión hizo el diputado Rafael Quispe favoreciéndose de su adscripción irregular.

La última vía corre por en el ámbito internacional. Opositores presentaron hace más de un año un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A principios de semana, demandaron al organismo su tratamiento urgente ante la cercanía de los comicios primarios del 27 de enero en los cuales ya están inscritos Morales y García. (06/12/2018)

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