El giro que Bolsonaro quiere dar al mercado laboral: menos derechos para los trabajadores brasileños
El presidente electo apuesta por la creación de un nuevo régimen de trabajo con menos garantías para tratar de dinamizar el empleo
Gil Alessi
São Paulo, El País
Cuando Jair Bolsonaro tome posesión como presidente de Brasil el próximo martes, una de las primeras medidas que ha prometido tomar busca solucionar el problema del desempleo en el país, que roza el 12% de la población activa. El giro que propone supone una fuerte flexibilización del mercado de trabajo, sobre todo para los jóvenes. Y es, en parte, contraria en algunos puntos a la Constitución y al Estatuto de los Trabajadores.
Su plan aún no ha sido detallado: pese a la magnitud de los cambios que ha dejado entrever, el programa con el que se presentó a las elecciones en octubre pasado apenas le dedicaba cinco líneas. Según Paulo Guedes, futuro ministro de Economía, le corresponderá al joven optar por el régimen laboral que quiera: “La puerta de la izquierda tiene sindicatos, legislación laboral para protegerlo y cargas. La puerta de la derecha tiene contratos individualizados que no incluyen en principio ni cobertura médica ni pensiones”. Se crearían, de esta forma, dos modalidades de contratación, todavía sin concretar.
Las nuevas modalidades de contrato que se pretenden crear “no tienen cargas laborales y la legislación es como en cualquier parte del mundo: si te sientes molesto en el trabajo, acudes a la justicia y lo solucionas”, según ha adelantado Paulo Guedes, futuro ministro de Economía del Gobierno de Bolsonaro. En la práctica, estos cambios crearían un régimen laboral paralelo y equipararían la legislación a las duras condiciones que sufren los trabajadores informales, tal y como ha dejado entrever el propio presidente. Todo, dice, para que se puedan generar nuevos empleos.
A diferencia de los Ejecutivos del Partido de los Trabajadores (PT), que pusieron el énfasis en las condiciones laborales, Bolsonaro ha situado el foco sobre el “tormento” que supone, a su juicio, ser empresario en Brasil: “Yo no quiero serlo; podía tener una microempresa con cinco empleados. ¿Y por qué no la tengo? Pues porque sé las consecuencias si mi negocio sale mal o si echo a alguien, entre otras cosas. Tenemos que cambiar eso”, afirmó en una crítica indirecta al fondo laboral que los empresarios tienen que ayudar a pagar.
El presidente electo también se ha empleado a fondo contra la Inspección de Trabajo, encargada de vigilar los abusos laborales y el empleo de mano de obra infantil, entre otras irregularidades. “El Ministerio Público de Trabajo... Por Dios, vamos a ver si hay un ambiente propicio y solucionamos ese problema. No se puede seguir así: los que producen son víctimas de acciones de una minoría, pero de una minoría activa”. La desaparición de la cartera de Trabajo del nuevo organigrama gubernamental, ya anunciada, es otra potente declaración de intenciones sobre lo que está por venir.
Desde antes de la victoria de Bolsonaro ya se vislumbraba en el horizonte la llegada de nuevos tiempos con menos derechos para el trabajador brasileño como una especie de remedio amargo para la creación de empleo. “Lo que el empresariado me viene diciendo, y yo comparto, es que los trabajadores van a tener que vivir ese día: menos derechos y empleo, o todos los derechos y desempleo”, afirmó Bolsonaro.
Muchos economistas discrepan de la propuesta laboral del próximo Gobierno dado el actual escenario de crisis y falta de inversiones. “Esa medida parte de un supuesto equivocado de que las contrataciones dependen del coste de la mano de obra. Las empresas no contratan porque sea barato o caro, sino porque la economía lo está demandando”, explica Antônio Correa de Lacerda, profesor de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo. “La solución es impulsar el crecimiento de la economía, y no creer que un ajuste fiscal por sí solo provocará un aumento de la confianza. Lo que hace falta es inversión del Estado y financiar la actividad económica; eso es lo que genera empleo de calidad”.
Ruy Braga, experto de la Universidad de São Paulo, también coincide en que, en estos momentos, una flexibilización de los contratos no surtirá el efecto deseado. “El desempleo en Brasil es, hoy, una combinación de crisis económica y falta de trabajo para las empresas. Lo que crea empleo no es el abaratamiento de los contratos, sino la inversión pública y privada”, afirma. “¿Por qué va a ampliar su fábrica un empresario que ni siquiera está usando toda su capacidad? Esta propuesta aumenta la desigualdad e impide que el motor del consumo pueda ser el dinamizador de la economía. No resuelve el problema de la inversión y agrava la situación al no ofrecer un aumento del empleo”.
Además de no resolver la cuestión central, la coexistencia de dos regímenes laborales distintos crea un fuerte riesgo de inseguridad jurídica. “Para que él pueda proponer la creación de un documento así, Bolsonaro tendría que aprobar una nueva reforma que abriera esa posibilidad”, afirma Alexandre Chaia, economista de la Facultad Insper. “Esto puede provocar impugnaciones ante el Tribunal Constitucional; no es una idea sencilla de concretarse”, agrega Chaia, que considera que la convivencia de ambos sistemas provocará procesos por “acoso moral” y otros problemas.
El profesor de la Facultad Insper tampoco cree que, en el contexto actual, este sistema vaya a generar empleos. “En el momento que vivimos, incluso con contratos sin ningún tipo de carga, no habría necesariamente un aumento de contrataciones: sigue el nerviosismo en el mercado y las expectativas económicas no son buenas”, explica. "En otro momento económico y expandiendo el régimen a todos, podría tener sentido. Ahora no creo que pueda cambiar la situación laboral en el país: lo que lo solucionaría sería la construcción civil, el consumo, el comercio...".
São Paulo, El País
Cuando Jair Bolsonaro tome posesión como presidente de Brasil el próximo martes, una de las primeras medidas que ha prometido tomar busca solucionar el problema del desempleo en el país, que roza el 12% de la población activa. El giro que propone supone una fuerte flexibilización del mercado de trabajo, sobre todo para los jóvenes. Y es, en parte, contraria en algunos puntos a la Constitución y al Estatuto de los Trabajadores.
Su plan aún no ha sido detallado: pese a la magnitud de los cambios que ha dejado entrever, el programa con el que se presentó a las elecciones en octubre pasado apenas le dedicaba cinco líneas. Según Paulo Guedes, futuro ministro de Economía, le corresponderá al joven optar por el régimen laboral que quiera: “La puerta de la izquierda tiene sindicatos, legislación laboral para protegerlo y cargas. La puerta de la derecha tiene contratos individualizados que no incluyen en principio ni cobertura médica ni pensiones”. Se crearían, de esta forma, dos modalidades de contratación, todavía sin concretar.
Las nuevas modalidades de contrato que se pretenden crear “no tienen cargas laborales y la legislación es como en cualquier parte del mundo: si te sientes molesto en el trabajo, acudes a la justicia y lo solucionas”, según ha adelantado Paulo Guedes, futuro ministro de Economía del Gobierno de Bolsonaro. En la práctica, estos cambios crearían un régimen laboral paralelo y equipararían la legislación a las duras condiciones que sufren los trabajadores informales, tal y como ha dejado entrever el propio presidente. Todo, dice, para que se puedan generar nuevos empleos.
A diferencia de los Ejecutivos del Partido de los Trabajadores (PT), que pusieron el énfasis en las condiciones laborales, Bolsonaro ha situado el foco sobre el “tormento” que supone, a su juicio, ser empresario en Brasil: “Yo no quiero serlo; podía tener una microempresa con cinco empleados. ¿Y por qué no la tengo? Pues porque sé las consecuencias si mi negocio sale mal o si echo a alguien, entre otras cosas. Tenemos que cambiar eso”, afirmó en una crítica indirecta al fondo laboral que los empresarios tienen que ayudar a pagar.
El presidente electo también se ha empleado a fondo contra la Inspección de Trabajo, encargada de vigilar los abusos laborales y el empleo de mano de obra infantil, entre otras irregularidades. “El Ministerio Público de Trabajo... Por Dios, vamos a ver si hay un ambiente propicio y solucionamos ese problema. No se puede seguir así: los que producen son víctimas de acciones de una minoría, pero de una minoría activa”. La desaparición de la cartera de Trabajo del nuevo organigrama gubernamental, ya anunciada, es otra potente declaración de intenciones sobre lo que está por venir.
Desde antes de la victoria de Bolsonaro ya se vislumbraba en el horizonte la llegada de nuevos tiempos con menos derechos para el trabajador brasileño como una especie de remedio amargo para la creación de empleo. “Lo que el empresariado me viene diciendo, y yo comparto, es que los trabajadores van a tener que vivir ese día: menos derechos y empleo, o todos los derechos y desempleo”, afirmó Bolsonaro.
Muchos economistas discrepan de la propuesta laboral del próximo Gobierno dado el actual escenario de crisis y falta de inversiones. “Esa medida parte de un supuesto equivocado de que las contrataciones dependen del coste de la mano de obra. Las empresas no contratan porque sea barato o caro, sino porque la economía lo está demandando”, explica Antônio Correa de Lacerda, profesor de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo. “La solución es impulsar el crecimiento de la economía, y no creer que un ajuste fiscal por sí solo provocará un aumento de la confianza. Lo que hace falta es inversión del Estado y financiar la actividad económica; eso es lo que genera empleo de calidad”.
Ruy Braga, experto de la Universidad de São Paulo, también coincide en que, en estos momentos, una flexibilización de los contratos no surtirá el efecto deseado. “El desempleo en Brasil es, hoy, una combinación de crisis económica y falta de trabajo para las empresas. Lo que crea empleo no es el abaratamiento de los contratos, sino la inversión pública y privada”, afirma. “¿Por qué va a ampliar su fábrica un empresario que ni siquiera está usando toda su capacidad? Esta propuesta aumenta la desigualdad e impide que el motor del consumo pueda ser el dinamizador de la economía. No resuelve el problema de la inversión y agrava la situación al no ofrecer un aumento del empleo”.
Además de no resolver la cuestión central, la coexistencia de dos regímenes laborales distintos crea un fuerte riesgo de inseguridad jurídica. “Para que él pueda proponer la creación de un documento así, Bolsonaro tendría que aprobar una nueva reforma que abriera esa posibilidad”, afirma Alexandre Chaia, economista de la Facultad Insper. “Esto puede provocar impugnaciones ante el Tribunal Constitucional; no es una idea sencilla de concretarse”, agrega Chaia, que considera que la convivencia de ambos sistemas provocará procesos por “acoso moral” y otros problemas.
El profesor de la Facultad Insper tampoco cree que, en el contexto actual, este sistema vaya a generar empleos. “En el momento que vivimos, incluso con contratos sin ningún tipo de carga, no habría necesariamente un aumento de contrataciones: sigue el nerviosismo en el mercado y las expectativas económicas no son buenas”, explica. "En otro momento económico y expandiendo el régimen a todos, podría tener sentido. Ahora no creo que pueda cambiar la situación laboral en el país: lo que lo solucionaría sería la construcción civil, el consumo, el comercio...".
