Acusan a ONG de montar 19 casos de violación por dinero
Una investigación contiene testimonios de las supuestas víctimas que afirman que los sentenciados son inocentes y sus declaraciones fueron cambiadas.
Carlos Quisbert / La Paz
Una investigación basada en documentos, testimonios de los acusados y de las supuestas víctimas, revela que la Fundación una Brisa de Esperanza (FUBE) montó al menos 19 casos de violación, con el fin de lograr más financiamiento para seguir vigente.
“La investigación sugiere que existe un ‘incentivo perverso’, significa que ellos (FUBE) reciben dinero por cumplir unos objetivos, pero no informan cuál va a ser la metodología para lograr esos objetivos, por eso ellos (los acusados) también piden que se investigue a FUBE”, afirmó el abogado Marcial Huanca, quien desde hace dos años hace seguimiento a los procesos.
“Tenemos denuncias de irregularidades en 60 casos, en 25 de ellos se logró tener documentos y datos confiables y de esos, 19 tienen varios indicios de que los acusados no son autores de las violaciones”, dijo Huanca.
El abogado sostiene que aún no identificó el nexo entre FUBE y los financiadores externos, pero en su investigación menciona que uno de los métodos de trabajo de esta ONG es la intimidación con procesos, que se aplica en especial sobre familias de escasos recursos, con la amenaza de separarlas.
La fundación aludida respondió a este medio sobre las acusaciones en su contra. “Nunca habíamos escuchado estas afirmaciones y nos parecen totalmente irrelevantes y sin sentido ya que los protocolos de manejo de los casos de la institución están alineados con los estándares más altos de acompañamiento a niños y niñas víctimas de violencia sexual”, es parte de la respuesta que envió la responsable de FUBE, Verónica Roque.
Sin embargo, Huanca afirmó que varias son las “supuestas víctimas” lo buscaron para dar su versión, dispuestas a nuevas investigaciones y pericias forenses para demostrar que los casos fueron montados.
“Tenemos las denuncias verbales, las supuestas víctimas relatan que las han hecho declarar en contra de su papá, su tío o el padrastro, para que ellos sean condenados por un delito que no cometieron”, explicó Huanca.
Página Siete tomó contacto con unos 20 detenidos en el penal de El Abra que denunciaron a personal de FUBE, fiscales, forenses y otros funcionarios de conformar una “organización criminal” que los sentenció, pese a que no había pruebas o, en algunos casos, la propia víctima negó violación o si hubo identificó a los verdaderos autores.
Los denunciantes señalan que FUBE tiene un modus operandi en el que participan varios operadores de justicia y la investigación de Huanca menciona que el recurso básico es la intimidación con procesos contra las propias “víctimas”.
“Me golpearon, intentaron ahogarme y el doctor me hizo recuperar dos veces, me rompieron una costilla, perdí dos dientes, mi madre es testigo de cómo estaba (...) Después ingresó esta señora de FUBE, María Leonor Oviedo, me dijo que quería ayudarme, me hizo firmar un papel en blanco porque sino me iban a quitar a mis hijos”, relató Juan Carlos Salinas a este medio.
La condena de Salinas fue dictada el 22 de agosto de 2014. “No conozco ni al fiscal ni al juez, sólo aparecí sentenciado”, aseguró.
Al respecto, FUBE señala que Oviedo tiene “altos estándares de trabajo con un currículum intachable” y su trabajo está bajo constantes monitoreos.
Huanca describe en su investigación que la “supuesta víctima” llega a FUBE derivada por la Policía, la Fiscalía o algún SLIM, para que esta ONG asuma la defensa. El equipo jurídico “prepara la denuncia acomodando las palabras de la supuesta víctima de forma que no caigan en error hasta llegar a la imputación”, señala en su trabajo el abogado.
Otro elemento identificado es que FUBE elige casos de personas que desconocen las leyes, son de pocos recursos, familias que pasan por problemas de violencia intrafamiliar en los que se puede manipular declaraciones.
Testimonios de las supuestas “víctimas”
G.S. pide ayuda para su padre detenido
Se embarazó y culpó a su padre
“Pido que le ayuden a mi papá, él no ha hecho eso (violación). He mentido porque tenía miedo que me peguen, mi papá era muy estricto. No tengo pruebas, pero estoy dispuesta a ir donde sea para decir la verdad. Cuando mi papá salga (de la cárcel) verá que es una persona buena, que trabaja”.
A.A.L. revisó los documentos del caso
Cambiaron su respuesta
“A los 10 (cuando detuvieron a su padre) no sabía ni leer bien, pero a los 14 años le pedí a mi mamá los documentos y ahí me di cuenta que cambiaron lo que yo declaré. Fui incluso a la Defensoría pero me botaron y me dijeron que yo era una niña y no sabía lo que estaba hablando, que le lleve a mi mamá”.
D.E.E. escribió carta al defensor
No entendía la gravedad del caso
“En aquel entonces no comprendía lo que decía, ni sabía las consecuencias, porque mi madre tenía tanto odio a mi padre... Pido a DDHH al Defensor del Pueblo que me ayuden a sacar a mi padre de la cárcel, está con una enfermedad terminal quiero que pase sus últimos momentos en su casa con su familia”.
R.I.R. buscó a su padre en la cárcel
Tuvo que estudiar las respuestas
“La psicóloga cambiaba lo que yo decía. Me hacía estudiar las respuestas, decían que iban a separar a mis (tres) hermanos (...) Volví (de La Paz a Cochabamba) cinco años después a buscar a mi papá y recién entendí todo; mi papá era estricto, pero nunca me hizo daño y quiero que salga de la cárcel”.
M.J.N. quiere una familia unida
Dice que su papá, no es el culpable
“Me recordaba un poco lo que ha pasado, me asusté por lo que me han dicho. Por eso he dicho que era mi papá (quien la abusó), pero era el Josecho. (Luego) les he dicho la verdad (...) yo quiero una familia feliz, que mi papá salga a trabajar en la tarde y llegue a mi casa, con todo mi corazón quiero que vuelva”.
Una investigación basada en documentos, testimonios de los acusados y de las supuestas víctimas, revela que la Fundación una Brisa de Esperanza (FUBE) montó al menos 19 casos de violación, con el fin de lograr más financiamiento para seguir vigente.
“La investigación sugiere que existe un ‘incentivo perverso’, significa que ellos (FUBE) reciben dinero por cumplir unos objetivos, pero no informan cuál va a ser la metodología para lograr esos objetivos, por eso ellos (los acusados) también piden que se investigue a FUBE”, afirmó el abogado Marcial Huanca, quien desde hace dos años hace seguimiento a los procesos.
“Tenemos denuncias de irregularidades en 60 casos, en 25 de ellos se logró tener documentos y datos confiables y de esos, 19 tienen varios indicios de que los acusados no son autores de las violaciones”, dijo Huanca.
El abogado sostiene que aún no identificó el nexo entre FUBE y los financiadores externos, pero en su investigación menciona que uno de los métodos de trabajo de esta ONG es la intimidación con procesos, que se aplica en especial sobre familias de escasos recursos, con la amenaza de separarlas.
La fundación aludida respondió a este medio sobre las acusaciones en su contra. “Nunca habíamos escuchado estas afirmaciones y nos parecen totalmente irrelevantes y sin sentido ya que los protocolos de manejo de los casos de la institución están alineados con los estándares más altos de acompañamiento a niños y niñas víctimas de violencia sexual”, es parte de la respuesta que envió la responsable de FUBE, Verónica Roque.
Sin embargo, Huanca afirmó que varias son las “supuestas víctimas” lo buscaron para dar su versión, dispuestas a nuevas investigaciones y pericias forenses para demostrar que los casos fueron montados.
“Tenemos las denuncias verbales, las supuestas víctimas relatan que las han hecho declarar en contra de su papá, su tío o el padrastro, para que ellos sean condenados por un delito que no cometieron”, explicó Huanca.
Página Siete tomó contacto con unos 20 detenidos en el penal de El Abra que denunciaron a personal de FUBE, fiscales, forenses y otros funcionarios de conformar una “organización criminal” que los sentenció, pese a que no había pruebas o, en algunos casos, la propia víctima negó violación o si hubo identificó a los verdaderos autores.
Los denunciantes señalan que FUBE tiene un modus operandi en el que participan varios operadores de justicia y la investigación de Huanca menciona que el recurso básico es la intimidación con procesos contra las propias “víctimas”.
“Me golpearon, intentaron ahogarme y el doctor me hizo recuperar dos veces, me rompieron una costilla, perdí dos dientes, mi madre es testigo de cómo estaba (...) Después ingresó esta señora de FUBE, María Leonor Oviedo, me dijo que quería ayudarme, me hizo firmar un papel en blanco porque sino me iban a quitar a mis hijos”, relató Juan Carlos Salinas a este medio.
La condena de Salinas fue dictada el 22 de agosto de 2014. “No conozco ni al fiscal ni al juez, sólo aparecí sentenciado”, aseguró.
Al respecto, FUBE señala que Oviedo tiene “altos estándares de trabajo con un currículum intachable” y su trabajo está bajo constantes monitoreos.
Huanca describe en su investigación que la “supuesta víctima” llega a FUBE derivada por la Policía, la Fiscalía o algún SLIM, para que esta ONG asuma la defensa. El equipo jurídico “prepara la denuncia acomodando las palabras de la supuesta víctima de forma que no caigan en error hasta llegar a la imputación”, señala en su trabajo el abogado.
Otro elemento identificado es que FUBE elige casos de personas que desconocen las leyes, son de pocos recursos, familias que pasan por problemas de violencia intrafamiliar en los que se puede manipular declaraciones.
Testimonios de las supuestas “víctimas”
G.S. pide ayuda para su padre detenido
Se embarazó y culpó a su padre
“Pido que le ayuden a mi papá, él no ha hecho eso (violación). He mentido porque tenía miedo que me peguen, mi papá era muy estricto. No tengo pruebas, pero estoy dispuesta a ir donde sea para decir la verdad. Cuando mi papá salga (de la cárcel) verá que es una persona buena, que trabaja”.
A.A.L. revisó los documentos del caso
Cambiaron su respuesta
“A los 10 (cuando detuvieron a su padre) no sabía ni leer bien, pero a los 14 años le pedí a mi mamá los documentos y ahí me di cuenta que cambiaron lo que yo declaré. Fui incluso a la Defensoría pero me botaron y me dijeron que yo era una niña y no sabía lo que estaba hablando, que le lleve a mi mamá”.
D.E.E. escribió carta al defensor
No entendía la gravedad del caso
“En aquel entonces no comprendía lo que decía, ni sabía las consecuencias, porque mi madre tenía tanto odio a mi padre... Pido a DDHH al Defensor del Pueblo que me ayuden a sacar a mi padre de la cárcel, está con una enfermedad terminal quiero que pase sus últimos momentos en su casa con su familia”.
R.I.R. buscó a su padre en la cárcel
Tuvo que estudiar las respuestas
“La psicóloga cambiaba lo que yo decía. Me hacía estudiar las respuestas, decían que iban a separar a mis (tres) hermanos (...) Volví (de La Paz a Cochabamba) cinco años después a buscar a mi papá y recién entendí todo; mi papá era estricto, pero nunca me hizo daño y quiero que salga de la cárcel”.
M.J.N. quiere una familia unida
Dice que su papá, no es el culpable
“Me recordaba un poco lo que ha pasado, me asusté por lo que me han dicho. Por eso he dicho que era mi papá (quien la abusó), pero era el Josecho. (Luego) les he dicho la verdad (...) yo quiero una familia feliz, que mi papá salga a trabajar en la tarde y llegue a mi casa, con todo mi corazón quiero que vuelva”.
