Denunciaron en la justicia argentina al príncipe de Arabia Saudita
Se trata de Mohammed Bil Salman, señalado como el autor intelectual del asesinato del periodista Khashoggi y de delitos de lesa humanidad en Yemen. El caso recayó en el juez federal Ariel Lijo
Infobae
Una ONG estadounidense pidió a la Justicia argentina investigar la responsabilidad de Mohammed Bin Salman por crímenes de lesa humanidad. Se trata del príncipe heredero de Arabia Saudita que llegará a la Argentina en los próximos días por la cumbre del G20 y que está bajo la mirada mundial por su supuesta vinculación al crimen del periodista saudita Jamal Khashoggi en Turquía, asesinado el 2 de octubre pasado.
Según la documentación a la que accedió Infobae, la presentación de 14 páginas fue realizada por Kenneth Roth en nombre de la ONG Human Rights Watch. El fiscal Ramiro González evaluará si abre una investigación penal en la Argentina. El juez del caso es Ariel Lijo.
En el petitorio del escrito, la organización solicitó a la Fiscalía que "tome en cuenta la información y los estándares internacionales para evaluar la presunta responsabilidad penal de Mohammed bin Salman por presuntos crímenes internacionales que están sujetos a jurisdiccción universal, a la luz de las obligaciones de Argentina conforme al derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario".
En la argumentación, la ONG planteó: "La Constitución argentina reconoce la jurisdicción universal por crímenes de guerra y torturas. Esto implica que las autoridades judiciales del país están facultadas a investigar y juzgar estos delitos, con independencia de donde se cometan y de las nacionalidades de sus autores o víctimas".
Y señaló: "La participación del príncipe heredero en la Cumbre del G-20 en Buenos Aires podría permitir que las víctimas de abusos que no lograron que se haga justicia en Yemen o Arabia Saudita puedan obtenerla en los tribunales argentinos".
Se trata de la jurisprudencia que permitió detener, por ejemplo, a los ex militares argentinos en distintos puntos del mundo, cuando aquí regían las leyes de obediencia debida y punto final; o en la que se basó la jueza María Servini para analizar los crímenes del franquismo.
La denuncia de la ONG de Estados Unidos apunta contra "Mohamed Bin Salman, príncipe heredero, viceprimer ministro y ministro de Defensa de Arabia Saudita, ante su inminente llegada al país por el G20 por delitos de lesa humanidad en Yemen".
El escrito menciona como un factor a considerar las "torturas y malos tratos infligidos por autoridades sauditas a mujeres, incluyendo descargas eléctricas, azotes en los muslos y agresiones sexuales", y la muerte del periodista Jamal Khashoggi, que conmocionó al mundo.
Mohammed está sospechado de ser el instigador de las torturas y golpes del cadáver del periodista opositor en la embajada del reino en Estambul, que fue descuartizado y disuelto en ácido. Arabia Saudita reconoció el asesinato aunque rechazó que el poderoso príncipe heredero esté vinculado con él.
Para la ONG de Estados Unidos, "hay pruebas que sugieren que el renombrado periodista saudita fue torturado antes de ser asesinado en el consulado saudita de Estambul", pero en alusión a una grabación que registró el ataque, afirmó que "la Agencia Central de Inteligencia Estados Unidos habría concluido con un alto grado de certeza que Mohammed Bin Salman ordenó personalmente el asesinato de Khashoggi".
Sin embargo, el escrito hace especial hincapié en los crímenes ocurridos en Yemen, "un país ubicado en la península arábiga que en los últimas semanas presenta serios conflictos políticos y civiles que han provocado la muerte de aproximadamente 650 personas y más de 2000 heridos, según informó la ONU".
A criterio de la ONG, "existe amplia evidencia de que la coalición liderada por Arabia Saudita que ha llevado a cabo una campaña militar en Yemen desde marzo de 2015 es responsable de graves violaciones al derecho internacional humanitario incluido ataques aéreos indiscriminados contra civiles y el uso de municiones prohibidas por el derecho internacional.
Human Rights Watch documentó 90 ataques aéreos que serían violatorios del derecho internacional y habrían afectado a hogares, mercados, hospitales, escuelas y mezquitas.
Las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la Organización Mwatana para los Derechos Humanos y otras organizaciones de derechos humanos documentaron decenas de ataques adicionales en los cuales también murieron o resultaron heridos miles de civiles.
Esos ataques cuando son ordenados o llevados a cabo con dolo, pueden constituir crímenes de guerra, de ahí la gravedad de la acusación. Por ejemplo, en agosto de 2018, la coalición liderada por Arabia Saudita mató al menos a 26 niños e hirió al menos a otros 19 que estaban en un micro escolar.
En octubre de 2016, la coalición bombardeó una sala funeraria en la que había una gran cantidad de civiles.
En septiembre de 2016, bombardeó un pozo de agua y provocó la muerte de 31 personas. Los testigos indicaron que después de que decenas de aldeanos llegaran a retirar los cadáveres, los aviones de la coalición regresaron y bombardearon la zona al menos 12 veces más, con intervalos de 15 minutos, ampliando la zona de ataque en forma circular a medida que los civiles intentaban escapar.
La denuncia señaló, también, que "desde 2015 Arabia Saudita ha mantenido impuesto un bloqueo naval y aéreo sobre Yemen que ha restringido severamente el acceso a la población civil de alimentos, combustible y medicamentos". Además, detalló que 14 millones de personas pueden estar en riesgo de morir de hambre.
Una ONG estadounidense pidió a la Justicia argentina investigar la responsabilidad de Mohammed Bin Salman por crímenes de lesa humanidad. Se trata del príncipe heredero de Arabia Saudita que llegará a la Argentina en los próximos días por la cumbre del G20 y que está bajo la mirada mundial por su supuesta vinculación al crimen del periodista saudita Jamal Khashoggi en Turquía, asesinado el 2 de octubre pasado.
Según la documentación a la que accedió Infobae, la presentación de 14 páginas fue realizada por Kenneth Roth en nombre de la ONG Human Rights Watch. El fiscal Ramiro González evaluará si abre una investigación penal en la Argentina. El juez del caso es Ariel Lijo.
En el petitorio del escrito, la organización solicitó a la Fiscalía que "tome en cuenta la información y los estándares internacionales para evaluar la presunta responsabilidad penal de Mohammed bin Salman por presuntos crímenes internacionales que están sujetos a jurisdiccción universal, a la luz de las obligaciones de Argentina conforme al derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario".
En la argumentación, la ONG planteó: "La Constitución argentina reconoce la jurisdicción universal por crímenes de guerra y torturas. Esto implica que las autoridades judiciales del país están facultadas a investigar y juzgar estos delitos, con independencia de donde se cometan y de las nacionalidades de sus autores o víctimas".
Y señaló: "La participación del príncipe heredero en la Cumbre del G-20 en Buenos Aires podría permitir que las víctimas de abusos que no lograron que se haga justicia en Yemen o Arabia Saudita puedan obtenerla en los tribunales argentinos".
Se trata de la jurisprudencia que permitió detener, por ejemplo, a los ex militares argentinos en distintos puntos del mundo, cuando aquí regían las leyes de obediencia debida y punto final; o en la que se basó la jueza María Servini para analizar los crímenes del franquismo.
La denuncia de la ONG de Estados Unidos apunta contra "Mohamed Bin Salman, príncipe heredero, viceprimer ministro y ministro de Defensa de Arabia Saudita, ante su inminente llegada al país por el G20 por delitos de lesa humanidad en Yemen".
El escrito menciona como un factor a considerar las "torturas y malos tratos infligidos por autoridades sauditas a mujeres, incluyendo descargas eléctricas, azotes en los muslos y agresiones sexuales", y la muerte del periodista Jamal Khashoggi, que conmocionó al mundo.
Mohammed está sospechado de ser el instigador de las torturas y golpes del cadáver del periodista opositor en la embajada del reino en Estambul, que fue descuartizado y disuelto en ácido. Arabia Saudita reconoció el asesinato aunque rechazó que el poderoso príncipe heredero esté vinculado con él.
Para la ONG de Estados Unidos, "hay pruebas que sugieren que el renombrado periodista saudita fue torturado antes de ser asesinado en el consulado saudita de Estambul", pero en alusión a una grabación que registró el ataque, afirmó que "la Agencia Central de Inteligencia Estados Unidos habría concluido con un alto grado de certeza que Mohammed Bin Salman ordenó personalmente el asesinato de Khashoggi".
Sin embargo, el escrito hace especial hincapié en los crímenes ocurridos en Yemen, "un país ubicado en la península arábiga que en los últimas semanas presenta serios conflictos políticos y civiles que han provocado la muerte de aproximadamente 650 personas y más de 2000 heridos, según informó la ONU".
A criterio de la ONG, "existe amplia evidencia de que la coalición liderada por Arabia Saudita que ha llevado a cabo una campaña militar en Yemen desde marzo de 2015 es responsable de graves violaciones al derecho internacional humanitario incluido ataques aéreos indiscriminados contra civiles y el uso de municiones prohibidas por el derecho internacional.
Human Rights Watch documentó 90 ataques aéreos que serían violatorios del derecho internacional y habrían afectado a hogares, mercados, hospitales, escuelas y mezquitas.
Las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la Organización Mwatana para los Derechos Humanos y otras organizaciones de derechos humanos documentaron decenas de ataques adicionales en los cuales también murieron o resultaron heridos miles de civiles.
Esos ataques cuando son ordenados o llevados a cabo con dolo, pueden constituir crímenes de guerra, de ahí la gravedad de la acusación. Por ejemplo, en agosto de 2018, la coalición liderada por Arabia Saudita mató al menos a 26 niños e hirió al menos a otros 19 que estaban en un micro escolar.
En octubre de 2016, la coalición bombardeó una sala funeraria en la que había una gran cantidad de civiles.
En septiembre de 2016, bombardeó un pozo de agua y provocó la muerte de 31 personas. Los testigos indicaron que después de que decenas de aldeanos llegaran a retirar los cadáveres, los aviones de la coalición regresaron y bombardearon la zona al menos 12 veces más, con intervalos de 15 minutos, ampliando la zona de ataque en forma circular a medida que los civiles intentaban escapar.
La denuncia señaló, también, que "desde 2015 Arabia Saudita ha mantenido impuesto un bloqueo naval y aéreo sobre Yemen que ha restringido severamente el acceso a la población civil de alimentos, combustible y medicamentos". Además, detalló que 14 millones de personas pueden estar en riesgo de morir de hambre.
