SIP exige al Gobierno retirar proyecto de ley contra la mentira
La SIP también exige al Gobierno que cese la política orientada a la asfixia financiera de los medios de comunicación privados e independientes.
Pagina Siete
La Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), exigió al Gobierno que el proyecto de "ley contra la mentira" sea retirado para su tratamiento por considerar que su real interés es limitar el ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos, según se lee en las conclusiones de la 74 Asamblea General de la organización realizada en Salta, Argentina del 19 al 22 de octubre.
"Exigir que el proyecto de "ley contra la mentira" sea retirado por considerar que su real interés es limitar el ejercicio de la libertad de expresión de todos los ciudadanos y es incompatible con los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos reconocidos por el Art. 13 de la Constitución", señala la resolución de la SIP sobre Bolivia,
La organización también determinó exigir al Gobierno boliviano que cese la política orientada a la asfixia financiera de los medios de comunicación privados e independientes, dejando sin efecto la ley que obliga a los medios privados a difundir avisos gratuitos del gobierno y toda norma contraria al justo pago por prestación de servicios y de difusión de campañas estatales
La SIP considera que la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, no debe ser parte de las leyes, según el artículo 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según esa declaración los "condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales", así también la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los medios.
También argumenta que están en vigencia los derechos civiles y políticos de la Constitución Política del Estado de Bolivia sobre libertades de expresión y de prensa y que se reconoce el derecho a la propiedad privada que cumpla una función social y que se prohíbe toda forma de trabajo forzoso que obligue a realizar labores sin justa retribución.
Para la SIPel impulso de una "ley contra la mentira" en los medios de comunicación y en las redes sociales, anunciada por el Gobierno, es una iniciativa considerada una amenaza a la libertad de expresión
Ramarca que la Declaración de Chapultepec establece en sus principios que "la censura previa" y "la imposición arbitraria de información", "se oponen directamente a la libertad de prensa" (5); que "la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas" (7) y que "ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público" (10).
Otras conclusiones
La SIP en las conclusiones de su última Asamblea, señala que en lo que va del año, 30 periodistas han caído asesinados en la región, 20 de ellos desde la última reunión en abril, en el que quizá sea el semestre más letal para el desarrollo de la actividad periodística en las Américas, según lo estableció esta asamblea.
Ocho profesionales fueron muertos en México, siete de Estados Unidos, dos en Brasil, dos en Colombia y uno en Nicaragua. Todos ellos eran profesionales jóvenes que desarrollaban tareas de gran valor para sus respectivas comunidades, pero que no resultaban gratas para algunos que comenzaron a hostigarlos, amenazarlos y agredirlos, hasta que los eliminaron físicamente.
Añade que los insultos contra la prensa y los periodistas, que en ocasiones toman el carácter de verdaderas campañas de difamación, se han multiplicado en diversos países, como Argentina, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Honduras y Perú. Particularmente grave es esta situación cuando quien insulta o ataca a la prensa es una autoridad pública, que en algunos casos, como en Estados Unidos, puede ser la máxima autoridad de la república.
Incluso señala que de las amenazas, en muchos países se ha pasado a la agresión física. Así, en Argentina, en Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Venezuela y Perú los profesionales de la prensa han debido soportar ataques violentos, intentos de secuestro o asaltos, a menudo con destrucción de sus equipos de trabajo.
Las policías no siempre reaccionan con la debida rapidez ni las autoridades se encargan de proteger a los periodistas.
La SIP advierte que la creciente polarización política que se observa en muchas de lassociedades en la región, puede estar creando las condiciones adversas para el ejercicio del periodismo y no hay dudas señala de que ha aumentado el afán por obstaculizar la labor periodística, lo que se manifiesta también en numerosas formas de impedir el acceso a la información pública.
Refiere que en muchos países se ha logrado aprobar leyes que garantizan dicho acceso, pero no siempre los reglamentos permiten el trabajo expedito de conseguir la información. "En varios países, como Haití, Honduras y Puerto Rico, aún no se logra que se aprueben las leyes correspondientes, pese a las promesas. La distribución de la publicidad oficial continúa siendo arbitraria o confusa en países como Bolivia, Chile, Guatemala y Honduras", observa la SIP.
Existen numerosas iniciativas legales que de ser aprobadas dificultarían la tarea de la prensa y la libertad de expresión. En la República Dominicana y Colombia se está procurando obligar a los periodistas a colegiarse; en Chile, en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y República Dominicana se encuentran en tramitación proyectos de leyes que introducirían distintas clases de obstáculos a la tarea de los periodistas.
Menciona que en Cuba, Venezuela y Nicaragua, la situación de la prensa independiente es desastrosa. Las carencias son de todo tipo, desde la falta de papel para imprimir, la incertidumbre respecto de la disponibilidad de energía eléctrica y la escasez de personal calificado, hasta la hostilidad de las autoridades de gobierno, el nulo acceso a las fuentes de información y las agresiones físicas a las que se exponen sus trabajadores.
Pero aún en esas condiciones, pese a todos los obstáculos, la SIP destaca que subsisten medios de prensa independientes gracias a esfuerzos heroicos de sus propietarios, editores y periodistas, que hacen lo posible por mantener informada a la población.
La Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), exigió al Gobierno que el proyecto de "ley contra la mentira" sea retirado para su tratamiento por considerar que su real interés es limitar el ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos, según se lee en las conclusiones de la 74 Asamblea General de la organización realizada en Salta, Argentina del 19 al 22 de octubre.
"Exigir que el proyecto de "ley contra la mentira" sea retirado por considerar que su real interés es limitar el ejercicio de la libertad de expresión de todos los ciudadanos y es incompatible con los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos reconocidos por el Art. 13 de la Constitución", señala la resolución de la SIP sobre Bolivia,
La organización también determinó exigir al Gobierno boliviano que cese la política orientada a la asfixia financiera de los medios de comunicación privados e independientes, dejando sin efecto la ley que obliga a los medios privados a difundir avisos gratuitos del gobierno y toda norma contraria al justo pago por prestación de servicios y de difusión de campañas estatales
La SIP considera que la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, no debe ser parte de las leyes, según el artículo 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según esa declaración los "condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales", así también la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los medios.
También argumenta que están en vigencia los derechos civiles y políticos de la Constitución Política del Estado de Bolivia sobre libertades de expresión y de prensa y que se reconoce el derecho a la propiedad privada que cumpla una función social y que se prohíbe toda forma de trabajo forzoso que obligue a realizar labores sin justa retribución.
Para la SIPel impulso de una "ley contra la mentira" en los medios de comunicación y en las redes sociales, anunciada por el Gobierno, es una iniciativa considerada una amenaza a la libertad de expresión
Ramarca que la Declaración de Chapultepec establece en sus principios que "la censura previa" y "la imposición arbitraria de información", "se oponen directamente a la libertad de prensa" (5); que "la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas" (7) y que "ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público" (10).
Otras conclusiones
La SIP en las conclusiones de su última Asamblea, señala que en lo que va del año, 30 periodistas han caído asesinados en la región, 20 de ellos desde la última reunión en abril, en el que quizá sea el semestre más letal para el desarrollo de la actividad periodística en las Américas, según lo estableció esta asamblea.
Ocho profesionales fueron muertos en México, siete de Estados Unidos, dos en Brasil, dos en Colombia y uno en Nicaragua. Todos ellos eran profesionales jóvenes que desarrollaban tareas de gran valor para sus respectivas comunidades, pero que no resultaban gratas para algunos que comenzaron a hostigarlos, amenazarlos y agredirlos, hasta que los eliminaron físicamente.
Añade que los insultos contra la prensa y los periodistas, que en ocasiones toman el carácter de verdaderas campañas de difamación, se han multiplicado en diversos países, como Argentina, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Honduras y Perú. Particularmente grave es esta situación cuando quien insulta o ataca a la prensa es una autoridad pública, que en algunos casos, como en Estados Unidos, puede ser la máxima autoridad de la república.
Incluso señala que de las amenazas, en muchos países se ha pasado a la agresión física. Así, en Argentina, en Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Venezuela y Perú los profesionales de la prensa han debido soportar ataques violentos, intentos de secuestro o asaltos, a menudo con destrucción de sus equipos de trabajo.
Las policías no siempre reaccionan con la debida rapidez ni las autoridades se encargan de proteger a los periodistas.
La SIP advierte que la creciente polarización política que se observa en muchas de lassociedades en la región, puede estar creando las condiciones adversas para el ejercicio del periodismo y no hay dudas señala de que ha aumentado el afán por obstaculizar la labor periodística, lo que se manifiesta también en numerosas formas de impedir el acceso a la información pública.
Refiere que en muchos países se ha logrado aprobar leyes que garantizan dicho acceso, pero no siempre los reglamentos permiten el trabajo expedito de conseguir la información. "En varios países, como Haití, Honduras y Puerto Rico, aún no se logra que se aprueben las leyes correspondientes, pese a las promesas. La distribución de la publicidad oficial continúa siendo arbitraria o confusa en países como Bolivia, Chile, Guatemala y Honduras", observa la SIP.
Existen numerosas iniciativas legales que de ser aprobadas dificultarían la tarea de la prensa y la libertad de expresión. En la República Dominicana y Colombia se está procurando obligar a los periodistas a colegiarse; en Chile, en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y República Dominicana se encuentran en tramitación proyectos de leyes que introducirían distintas clases de obstáculos a la tarea de los periodistas.
Menciona que en Cuba, Venezuela y Nicaragua, la situación de la prensa independiente es desastrosa. Las carencias son de todo tipo, desde la falta de papel para imprimir, la incertidumbre respecto de la disponibilidad de energía eléctrica y la escasez de personal calificado, hasta la hostilidad de las autoridades de gobierno, el nulo acceso a las fuentes de información y las agresiones físicas a las que se exponen sus trabajadores.
Pero aún en esas condiciones, pese a todos los obstáculos, la SIP destaca que subsisten medios de prensa independientes gracias a esfuerzos heroicos de sus propietarios, editores y periodistas, que hacen lo posible por mantener informada a la población.
