Pari dice que no se siente seguro en El Abra y su defensa teme por su vida
Miguel Castaños, abogado de la defensa de Juan Pari, cuestionó la decisión del Régimen Penitenciario y alertó que en ese penal hay riesgo de que acaben con la vida de su defendido.
La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz
Tras su traslado a El Abra, en Sacaba, Cochabamba, Juan Pari aseguró que no se siente seguro en ese penal al que, aseguró, fue llevado contra su voluntad. La defensa legal del principal acusado del desfalco al estatal Banco Unión advirtió que hasta podría “aparecer muerto”.
Después de la medianoche del lunes, Pari llegó al penal cochabambino con un fuerte custodio policial por orden de Régimen Penitenciario. Había solicitado su traslado tras ser golpeado por policías en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, hasta donde fue llevado en 2017.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, confirmó en la mañana del lunes que se daría curso a la resolución del Consejo Penitenciario para el traslado del privado de libertad, quien identificó a uno de los dos uniformados que lo habría golpeado debido a las denuncias de irregularidades que hizo.
Policía investiga golpiza a Juan Pari en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro
Pero no pedía su traslado a El Abra. Consultado si se sentían seguro en ese penal, Pari respondió en un breve contacto con la red ATB: “En realidad no porque me están trayendo en contra de mi voluntad”.
El abogado Miguel Castaños, quien auspicia la defensa de Pari, ha cuestionado la decisión del Régimen Penitenciario al punto de alertar que en ese penal hay riesgo de que acaben con la vida de su defendido.
“Lo están mandando a matar a El Abra. Ustedes revisen que es El Abra, ha habido motines, muertes y lo están mandando al interior y van a hacer aparecer que ha tenido confrontamientos (peleas) con otros privados y ahí va a aparecer muerto”, advirtió el jurista, reportó la misma red.
El Ministerio de Gobierno informó a través de un comunicado que el traslado "se realiza de acuerdo a normativa vigente".
Pari es el principal acusado por el desfalco de al menos Bs 36,7 millones al estatal Banco Unión. La Defensoría del Pueblo intervino en el caso y estableció que el hecho ocurrió el 14 de octubre debido a denuncias sobre cobros indebidos en el penal, lo que llevó a concluir que la agresión “sería una represalia”.
Tras su traslado a El Abra, en Sacaba, Cochabamba, Juan Pari aseguró que no se siente seguro en ese penal al que, aseguró, fue llevado contra su voluntad. La defensa legal del principal acusado del desfalco al estatal Banco Unión advirtió que hasta podría “aparecer muerto”.
Después de la medianoche del lunes, Pari llegó al penal cochabambino con un fuerte custodio policial por orden de Régimen Penitenciario. Había solicitado su traslado tras ser golpeado por policías en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, hasta donde fue llevado en 2017.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, confirmó en la mañana del lunes que se daría curso a la resolución del Consejo Penitenciario para el traslado del privado de libertad, quien identificó a uno de los dos uniformados que lo habría golpeado debido a las denuncias de irregularidades que hizo.
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Pero no pedía su traslado a El Abra. Consultado si se sentían seguro en ese penal, Pari respondió en un breve contacto con la red ATB: “En realidad no porque me están trayendo en contra de mi voluntad”.
El abogado Miguel Castaños, quien auspicia la defensa de Pari, ha cuestionado la decisión del Régimen Penitenciario al punto de alertar que en ese penal hay riesgo de que acaben con la vida de su defendido.
“Lo están mandando a matar a El Abra. Ustedes revisen que es El Abra, ha habido motines, muertes y lo están mandando al interior y van a hacer aparecer que ha tenido confrontamientos (peleas) con otros privados y ahí va a aparecer muerto”, advirtió el jurista, reportó la misma red.
El Ministerio de Gobierno informó a través de un comunicado que el traslado "se realiza de acuerdo a normativa vigente".
Pari es el principal acusado por el desfalco de al menos Bs 36,7 millones al estatal Banco Unión. La Defensoría del Pueblo intervino en el caso y estableció que el hecho ocurrió el 14 de octubre debido a denuncias sobre cobros indebidos en el penal, lo que llevó a concluir que la agresión “sería una represalia”.
