Cocaleros de La Asunta, dispuestos a refutar a 50 testigos

200 personas se ofrecieron a declarar y “esclarecer” acusaciones en contra de su dirigente.

ANF / La Paz
Pobladores de La Asunta se ofrecieron a declarar como testigos ante la Fiscalía para desmentir la versión de 50 testigos que inculparon al dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, quien es acusado por el Gobierno de organizar grupos armados para atacar a policías, informó la abogada Paola Barriga.


“Hemos podido advertir en el cuaderno de investigaciones que el Ministerio de Gobierno ha traído 50 testigos que refieren en contra de mi defendido. Sin embargo, toda la población de esta área está dispuesta a venir a desmentir esto”, señaló Barriga.

Informó que los pobladores de La Asunta al enterarse de que 50 personas inculparon a Gutiérrez con declaraciones falsas, de inmediato se ofrecieron a dar su testimonio ante la Fiscalía para indicar que Gutiérrez estaba junto a los comunarios y no portaba armas, explosivos ni incurrió en otros delitos.

Barriga afirmó que ayer por la mañana se contactó con dirigentes de varias comunidades de La Asunta y éstos le ofrecieron su apoyo y anunciaron que si tienen que venir unas 200 personas a declarar, lo harán, con el propósito de esclarecer las acusaciones que pesan contra Gutiérrez.

Además, la abogada dijo que presentarán un video donde se observa las actividades que realizaba Franclin Gutiérrez el pasado 24 de agosto en La Asunta, día en que murió un policía y otros siete resultaron heridos tras el ataque de un supuesto grupo armado en el puente de San Antonio. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló a Gutiérrez como el autor intelectual de estos hechos.



Adelantó que en el mencionado video se observa a su defendido visitando las comunidades y escuchando a los pobladores, y ese elemento demuestra que Gutiérrez no es autor de los hechos armados registrados en la zona de San Antonio.

Gutiérrez está detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro desde agosto de este año.

Además de Gutierrez, el gobierno imputó a otros dos cocaleros por la muerte del uniformado y en agosto también fueron detenidos otros productores por supuesta portación de armas y explosivos en ese sector.

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