Asesinan de múltiples disparos al alcalde Alexander Buquing en Filipinas
Filipinas, AFPEl alcalde de la localidad filipina de Supiden, Alexander Buquing, fue asesinado anoche al recibir múltiples heridas de bala mientras viajaba en automóvil con su esposa, la vicealcaldesa Wendy Buquing.
Se trata del decimoséptimo cargo local asesinado en Filipinas durante el mandato del presidente Rodrigo Duterte.
A bordo del automóvil también iban el chófer del alcalde, Bonifacio Depdepe, y su guardaespaldas, Rolando Juan Be, quienes resultaron igualmente muertos en el tiroteo, mientras que su esposa permanece hospitalizada.
Varios hombres sin identificar a bordo de una furgoneta blanca se aproximaron al vehículo del alcalde y dispararon contra él cerca del municipio de Bangar, en el norte del país, según el informe de la policía provincial de La Union.
El director de la Policía Nacional de Filipinas, Oscar Albayalde, señaló en un comunicado que se ha encargado una investigación exhaustiva del crimen a un grupo especial de trabajo para llegar al fondo del asunto.
Buquing es el decimoséptimo político local filipino asesinado bajo la administración Duterte aunque no se ha confirmado que su nombre figurara en la polémica narcolista, que identifica a los cargos públicos supuestamente vinculados con el tráfico de drogas.
Desde que arrancó el mandato de Rodrigo Duterte, en junio de 2016, once alcaldes y seis vicealcaldes filipinos han sido asesinados en circunstancias semejantes, cinco de ellos este año.
En julio la Liga de Municipios -que aglutina a 68 alcaldes de las principales ciudades de Filipinas- solicitó una reunión con Duterte para abordar la oleada de asesinatos de cargos locales y su relación con esa lista negra.
Organizaciones defensoras de derechos humanos relacionan esta oleada de violencia contra políticos locales con el clima de impunidad que ha generado la cruenta guerra antidrogas emprendida por el mandatario.
La campaña acumula en dos años más de 4.800 sospechosos asesinados en redadas de la Policía, aunque organizaciones y grupos civiles elevan la cifra a entre 15.000 y 20.000 muertes amparadas en esa atmósfera de impunidad.
