Interno de San Pedro pide al Gobierno que asuma su tratamiento médico
El apicultor Juan Bascopé Cari, interno del penal de San Pedro de La Paz, pidió al gobierno que se haga cargo de su tratamiento de salud luego de las torturas recibidas a manos de efectivos de la policía y militares.
Producto del trato cruel, inhumano y degradante, el apicultor quedó con graves secuelas en su físico y con dolores intensos de cabeza, costillas y hombros, y ahora un agudo dolor a la altura del ombligo que no puede calmar.
Bascopé, actualmente el único preso por el caso Apolo, fue aprehendido en julio de 2014, y luego de tres días de torturas para que se incrimine por la muerte de efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), en un operativo de erradicación de hoja de coca, fue depositado en San Pedro y desde entonces permanece más de cuatro años sin juicio. El juez del tribunal de Achacachi donde radica la causa, Beltrán Quispe Pucho, señala que el proceso continúa en etapa preparatoria.
La Dirección de Régimen Penitenciario no se hace cargo de la salud de Bascopé, y solo tiene en el penal médicos generales que solo se limitan a entregar recetas que el interno debe comprar. En la posta de San Pedro por lo general no hay medicamentos, y si hay son básicos y genéricos.
Bascopé salió a consulta médica especializada al Hospital de Clínicas, a traumatología y a cirugía general, el 27 de junio y desde entonces no pudo regresar porque le pidieron ocho ecografías especializadas a un costo de 80 dólares cada uno, imposible de pagar. “Estas ecografías solo se pueden realizar en un centro médico particular porque el Hospital de Clínicas no tiene”, dijo a ANF.
“Sigo muy mal, me han pedido 8 ecografías y laboratorio y me han dicho que regrese solo si tengo las ecografías, pero es muy caro y yo no puedo pagar, los policías y militares me hicieron todo esto, el gobierno debe correr con todos los gastos para mejorar mi salud”, demandó.
La mayor cantidad de internos en el sistema penitenciario mueren por falta de tratamiento médico, y a San Pedro le corresponde la tasa más alta. Solo en 2016 el penal registró 25 fallecidos por enfermedades que se podían prevenir.
El gobierno minimiza esta situación y dice que el paracetamol que entrega a los presos también cura, como señaló el director de Régimen, Jorge López.
Según el Informe sobre personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “el Estado tiene el deber de proporcionar a los detenidos revisión médica regular y atención y tratamiento adecuados cuando así se requiera”.
Bascopé carece de cualquier tratamiento proporcionado por el Estado que contribuya a su mejoría desde que fue torturado por agentes del gobierno.
“El proveer la atención médica adecuada a las personas privadas de libertad es una obligación que se deriva directamente del deber del Estado de garantizar la integridad personal de éstas”, remarca la CIDH en base a tratados internacionales a los que está suscrito el Gobierno y no cumple.
Por este incumplimiento, el Estado Boliviano puede ser sometido a un proceso en el marco del derecho internacional, ser sancionado moralmente y verse obligado a pagar una fuerte indemnización a favor de los internos, señaló el abogado penalista David Mogrovejo.
“Por el incumplimiento de tratados internacionales procede una acción contra el Estado que le exija el cumplimiento de las normas suscritas, y más aún si tienen que ver con derechos humanos vulnerados, entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos actúa en esos casos”, apuntó.
