El ‘salvaje este’ de los vientres de alquiler
Una regulación muy laxa, precios baratos, sin un registro de casos y apenas controles: así se ha convertido Ucrania en uno de los centros internacionales de esta práctica
Silvia Blanco
Kiev, El País
Angela creció en un orfanato ucraniano. Entró a los 6 años y salió con 18, embarazada de su primer hijo. El crío está ahora en el colegio, y el segundo, de 5, juega con otro niño muy rubio en un parque de las afueras de Kiev (Ucrania). A Angela le resulta difícil explicar por qué ha venido a la clínica que está al lado, donde la semana que viene le transferirán el embrión que crecerá dentro de ella para una pareja estadounidense. Angela no se llama Angela, tiene 26 años y no quiere que se sepa de dónde es. Sí quiere contar que el padre de sus hijos no está. Que a su tercer niño lo tuvo que dar en adopción hace dos años y que cree que, cuando tenga que entregar al pequeño del que se va a embarazar, le será más fácil que entonces porque no es suyo. Piensa mucho en aquel bebé, y cuando dice esto aprieta un pañuelo de papel que lleva en la mano. Asegura que tardaría mucho en reunir dinero para comprarse una casa con su sueldo de cocinera: “Crecí sin un hogar. Para mí es importante tener un piso. Esta es mi única forma de lograrlo”.
El niño rubio con el que juega el hijo de Ángela es el de Anna, la estadounidense de 32 años que la ha contratado. Vive en California y es peluquera. “Hace cuatro años, después del parto, sufrí una gran hemorragia. Me extirparon el útero y ya no puedo quedarme embarazada”, explica. “Esto me lo puedo permitir aquí, pero no en California, donde [también es legal, pero] cuesta 120.000 euros”.
El acuerdo al que han llegado Angela y Anna es el eslabón más básico de una industria construida en torno al deseo de ser padres de miles de parejas y a la necesidad económica, más o menos acuciante, de otras tantas mujeres. Para conectar esos ejes, un entramado de intermediarios ha hecho de Ucrania uno de los grandes centros internacionales de vientres de alquiler.
En Ucrania el Ministerio de Sanidad no tiene registros oficiales de esta práctica. No hay estadísticas en un país en el que las agencias enseñan a los futuros padres catálogos con fotos de mujeres y sus datos básicos para que elijan quién se embarazará de su hijo o quién les donará un óvulo. Es un país donde podrán escoger el sexo del bebé —algo no permitido en España— y donde los futuros padres no son sometidos a control alguno: solo tienen que acreditar que son un matrimonio heterosexual que no puede tener hijos, aunque es necesario que uno de ellos tenga un vínculo genético con el niño. Un país con una ley tan laxa que, “en la práctica”, dice una diputada ucraniana, “es como si no hubiera regulación”.
En la periferia de la capital de unos cuatro millones de habitantes, está el pequeño piso que Anna ha alquilado para que vivan Angela y sus hijos estos nueve meses. Quiere que se queden cerca de hospitales y de la clínica donde se llevará a cabo el proceso. En este tiempo, Angela no tendrá que trabajar. A la pregunta de cuánto va a cobrar, Anna interviene: “Serán unos 20.000 euros, que incluyen el alquiler del piso, la comida, la ropa”. Es más de la media, que está entre los 10.000 y los 14.000 euros. Angela no dice nada. Esta será su primera vez, y cree que podrá hacerlo. Se entrena para no sentir apego hacia el bebé. “Decidí dar a mi hijo en adopción cuando estaba embarazada. No le hablaba, no acariciaba la tripa. Ahora haré lo mismo”, dice muy seria, casi inmóvil.
No existen en el país registros oficiales de esta práctica, no hay estadísticas
Las plazas del centro de Kiev, llenas de terrazas y cafés, tienen ese ambiente vibrante de los últimos días del verano. Hay movimiento, turistas chinos, casas de cambio. Pero también se ven carteles para reclutar soldados, una imagen que recuerda que hace solo cuatro años hubo una revolución seguida de la anexión rusa de Crimea y que, a día de hoy, la frontera este del país es zona de guerra. La moneda (la grivna) se desplomó y, pese a que la macroeconomía habla de crecimiento del 2,5%, los ucranianos hablan de sueldos bajos —237 euros de media— y precariedad. A eso se suma una corrupción extendida. Un buen sitio para la industria de los vientres de alquiler, que desde entonces no ha hecho más que engordar. “A partir de 2014, se empezaron a establecer en Kiev empresas con capital extranjero que compraron clínicas y agencias ucranianas”, explica el abogado Sergii Antonov. “En 2015 se produjo el boom. Los extranjeros empezaron a ser los principales clientes. Tailandia e India prohibieron esta práctica y la demanda aterrizó aquí. La crisis económica hizo que hubiera más mujeres dispuestas a ser gestantes”.
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Él calcula que cada año se firman entre 2.000 y 2.500 contratos de vientre de alquiler en Ucrania. El que han suscrito Angela y Anna es uno de los modelos posibles, pero minoritario. Lo habitual es que en cada proceso intervengan numerosos intermediarios que obtienen comisiones. En teoría, las clínicas solo pueden dedicarse a los aspectos médicos, pero muchas tienen asociadas a agencias que les surten de clientes y mujeres que se embarazarán para terceros. También se ocupan de proporcionar traductores, abogados y de buscar alojamiento para los futuros padres. Todo por entre 39.900 y 49.900 euros.
En la delegación territorial del Ministerio de Justicia en Kiev llevan dos años viendo situaciones dramáticas. Su director, Stanislav Kutsenko, cuenta que “en los últimos dos años, unas 40 o 50 mujeres han venido porque querían quedarse con el bebé después de dar a luz. Nos vemos en la tesitura de explicarles que no tienen derechos sobre el niño”. Él cree que es necesario regular mejor esta práctica e incluir cláusulas en los contratos que protejan los derechos de estas mujeres.
La vicepresidenta de Sanidad del Parlamento ucraniano es coautora de un proyecto de ley que plantea eliminar el carácter comercial de esta práctica
Esa es la preocupación que guía a la diputada Iryna Sysoenko, vicepresidenta de la comisión de Sanidad del Parlamento y coautora de un proyecto de ley que busca prohibir esta práctica para los extranjeros, o al menos para los procedentes de países donde no es legal, como España. La propuesta, que puede sufrir cambios y que ella prevé que se vote en noviembre, también plantea eliminar el carácter comercial de esta práctica: “No queremos que nos vean como un país donde aterrizar, elegir a una mujer y tener un hijo”, dice. Otro grupo de parlamentarios trabaja en otro borrador para “proteger los derechos de las donantes de óvulos, las gestantes y los niños”.
Por el patio de una maternidad pública de Kiev pasea una de las 45 familias españolas que han permanecido en la capital ucraniana sin poder regresar con los bebés al no obtener de la Embajada el registro de los menores como hijos suyos, una situación que ya se ha resuelto. Cuentan que llevan aquí casi dos meses. Antes de elegir esta vía, pasaron por varios tratamientos fallidos e intentaron adoptar. Sobre la mujer que dio a luz a su bebé, dicen que han tenido contacto por videollamada a menudo, que fueron a verla tras el parto y que “no es pobre, es cocinera”. “Esto no es un capricho”, añade ella. “Es nuestra última oportunidad de cumplir el sueño de ser padres”, dice él.
No es difícil encontrarse con españoles que vienen a completar procesos de vientres de alquiler. En la entrada de una de las principales clínicas, Biotexcom, hay dos parejas que parecen haber llegado directas desde el aeropuerto para dejar muestras biológicas o firmar contratos. La empresa controla dos tercios del negocio que se hace con los extranjeros. Está en un recinto cerrado y vigilado, y se distribuye en cinco edificios por donde uno se cruza con embarazadas. Solo en una sala de consultas médicas hay 22. Biotexcom solo estuvo cerrada un par de semanas en agosto, según ellos, para hacer la limpieza anual. Fue justo después de que su dueño, Albert Totchilovski, quedara en arresto domiciliario por una investigación de tráfico de menores y evasión fiscal.
María, de 30 años, tuvo una mala experiencia con esa clínica hace cinco años. “Necesitaba dinero porque me acababa de divorciar”, cuenta. “A las siete semanas de embarazo, tuve un sangrado. Llamé a la clínica y me dijeron que era normal. A los 15 días, tuve una gran hemorragia. En el hospital me dijeron que el feto llevaba dos semanas muerto. La clínica solo me dio 300 euros. Tardé dos meses en recuperarme. Fue muy triste y duro”. Ella tiene un título en Química y otro en Ecología. La segunda vez que hizo esto fue el año pasado. “Trabajaba en una cafetería. No estaba en situación de necesidad, pero quería dinero para vivir con mi hija fuera de casa de mis padres”. Lo hizo con otra clínica. “Me trataron como a un ser humano. Nada que ver con la primera vez, donde me sentí como si fuera un trozo de carne. Antes del proceso me hicieron una evaluación psicológica y conocí a los padres tras firmar el contrato”.
Todo está pulcramente ordenado en la oficina del fiscal que investiga al dueño de Biotexcom. Este es el caso por el que la Embajada española en Kiev paralizó durante semanas la inscripción de bebés nacidos de vientres de alquiler, la razón por la que decía estar examinando con sumo cuidado cada expediente. Durante algunos años, la clínica había estado vinculada a pequeños escándalos en varios puntos de Ucrania. “Ahora hemos abierto una investigación que los reaviva”, explica. “Creemos que el caso de una pareja italiana que en 2011 logró sacar un bebé de Ucrania sin vínculos genéticos con ninguno de ellos podría no ser algo aislado. Sabemos que ese fue un caso de tráfico de bebés, por eso hemos lanzado una requisitoria internacional para hacer test de ADN de niños en diferentes países para compararlos con el de los padres legales y también, en una segunda oleada, con el de más de un millar de gestantes. Estamos revisando casos entre 2015 y 2018. De momento, hemos pedido 200 test de ADN en países europeos y China”.
El fiscal también sigue las finanzas de Totchilovski. Según la documentación que se incautaron en un registro, el capital de Biotexcom asciende a la absurda cifra de 200.000 dólares, cuando solo en los últimos tres años ha debido ganar, dice el fiscal, al menos 30 millones de euros. “¿Dónde está el dinero?”, se pregunta. Y se contesta que Totchilovski ha evadido un millón en impuestos y aún no saben cuánto tiene en paraísos fiscales en Chipre y Letonia. El fiscal recomienda a los españoles que han pasado por Biotexcom que se hagan la prueba de ADN porque pueden ser víctimas de fraude, aunque desde 2016 aportan esos test para inscribir a los bebés en el consulado.
Pese a este panorama, cada semana siguen llegando nuevas parejas para recoger a los bebés. “Si se dan abusos, que se castiguen”, dice Cristina, una de las afectadas por el bloqueo de pasaportes que ya está en España con su hija y que usó los servicios de Biotexcom. En su opinión, “no hay que demonizar este proceso. Lo hacemos dentro de la ley de este país, y si creen que no hay garantías, que se pongan los controles necesarios”.
Kiev, El País
Angela creció en un orfanato ucraniano. Entró a los 6 años y salió con 18, embarazada de su primer hijo. El crío está ahora en el colegio, y el segundo, de 5, juega con otro niño muy rubio en un parque de las afueras de Kiev (Ucrania). A Angela le resulta difícil explicar por qué ha venido a la clínica que está al lado, donde la semana que viene le transferirán el embrión que crecerá dentro de ella para una pareja estadounidense. Angela no se llama Angela, tiene 26 años y no quiere que se sepa de dónde es. Sí quiere contar que el padre de sus hijos no está. Que a su tercer niño lo tuvo que dar en adopción hace dos años y que cree que, cuando tenga que entregar al pequeño del que se va a embarazar, le será más fácil que entonces porque no es suyo. Piensa mucho en aquel bebé, y cuando dice esto aprieta un pañuelo de papel que lleva en la mano. Asegura que tardaría mucho en reunir dinero para comprarse una casa con su sueldo de cocinera: “Crecí sin un hogar. Para mí es importante tener un piso. Esta es mi única forma de lograrlo”.
El niño rubio con el que juega el hijo de Ángela es el de Anna, la estadounidense de 32 años que la ha contratado. Vive en California y es peluquera. “Hace cuatro años, después del parto, sufrí una gran hemorragia. Me extirparon el útero y ya no puedo quedarme embarazada”, explica. “Esto me lo puedo permitir aquí, pero no en California, donde [también es legal, pero] cuesta 120.000 euros”.
El acuerdo al que han llegado Angela y Anna es el eslabón más básico de una industria construida en torno al deseo de ser padres de miles de parejas y a la necesidad económica, más o menos acuciante, de otras tantas mujeres. Para conectar esos ejes, un entramado de intermediarios ha hecho de Ucrania uno de los grandes centros internacionales de vientres de alquiler.
En Ucrania el Ministerio de Sanidad no tiene registros oficiales de esta práctica. No hay estadísticas en un país en el que las agencias enseñan a los futuros padres catálogos con fotos de mujeres y sus datos básicos para que elijan quién se embarazará de su hijo o quién les donará un óvulo. Es un país donde podrán escoger el sexo del bebé —algo no permitido en España— y donde los futuros padres no son sometidos a control alguno: solo tienen que acreditar que son un matrimonio heterosexual que no puede tener hijos, aunque es necesario que uno de ellos tenga un vínculo genético con el niño. Un país con una ley tan laxa que, “en la práctica”, dice una diputada ucraniana, “es como si no hubiera regulación”.
En la periferia de la capital de unos cuatro millones de habitantes, está el pequeño piso que Anna ha alquilado para que vivan Angela y sus hijos estos nueve meses. Quiere que se queden cerca de hospitales y de la clínica donde se llevará a cabo el proceso. En este tiempo, Angela no tendrá que trabajar. A la pregunta de cuánto va a cobrar, Anna interviene: “Serán unos 20.000 euros, que incluyen el alquiler del piso, la comida, la ropa”. Es más de la media, que está entre los 10.000 y los 14.000 euros. Angela no dice nada. Esta será su primera vez, y cree que podrá hacerlo. Se entrena para no sentir apego hacia el bebé. “Decidí dar a mi hijo en adopción cuando estaba embarazada. No le hablaba, no acariciaba la tripa. Ahora haré lo mismo”, dice muy seria, casi inmóvil.
No existen en el país registros oficiales de esta práctica, no hay estadísticas
Las plazas del centro de Kiev, llenas de terrazas y cafés, tienen ese ambiente vibrante de los últimos días del verano. Hay movimiento, turistas chinos, casas de cambio. Pero también se ven carteles para reclutar soldados, una imagen que recuerda que hace solo cuatro años hubo una revolución seguida de la anexión rusa de Crimea y que, a día de hoy, la frontera este del país es zona de guerra. La moneda (la grivna) se desplomó y, pese a que la macroeconomía habla de crecimiento del 2,5%, los ucranianos hablan de sueldos bajos —237 euros de media— y precariedad. A eso se suma una corrupción extendida. Un buen sitio para la industria de los vientres de alquiler, que desde entonces no ha hecho más que engordar. “A partir de 2014, se empezaron a establecer en Kiev empresas con capital extranjero que compraron clínicas y agencias ucranianas”, explica el abogado Sergii Antonov. “En 2015 se produjo el boom. Los extranjeros empezaron a ser los principales clientes. Tailandia e India prohibieron esta práctica y la demanda aterrizó aquí. La crisis económica hizo que hubiera más mujeres dispuestas a ser gestantes”.
MÁS INFORMACIÓN
Gestación subrogada, el dilema de gestar al hijo de otros
El viaje incierto de los vientres de alquiler
Él calcula que cada año se firman entre 2.000 y 2.500 contratos de vientre de alquiler en Ucrania. El que han suscrito Angela y Anna es uno de los modelos posibles, pero minoritario. Lo habitual es que en cada proceso intervengan numerosos intermediarios que obtienen comisiones. En teoría, las clínicas solo pueden dedicarse a los aspectos médicos, pero muchas tienen asociadas a agencias que les surten de clientes y mujeres que se embarazarán para terceros. También se ocupan de proporcionar traductores, abogados y de buscar alojamiento para los futuros padres. Todo por entre 39.900 y 49.900 euros.
En la delegación territorial del Ministerio de Justicia en Kiev llevan dos años viendo situaciones dramáticas. Su director, Stanislav Kutsenko, cuenta que “en los últimos dos años, unas 40 o 50 mujeres han venido porque querían quedarse con el bebé después de dar a luz. Nos vemos en la tesitura de explicarles que no tienen derechos sobre el niño”. Él cree que es necesario regular mejor esta práctica e incluir cláusulas en los contratos que protejan los derechos de estas mujeres.
La vicepresidenta de Sanidad del Parlamento ucraniano es coautora de un proyecto de ley que plantea eliminar el carácter comercial de esta práctica
Esa es la preocupación que guía a la diputada Iryna Sysoenko, vicepresidenta de la comisión de Sanidad del Parlamento y coautora de un proyecto de ley que busca prohibir esta práctica para los extranjeros, o al menos para los procedentes de países donde no es legal, como España. La propuesta, que puede sufrir cambios y que ella prevé que se vote en noviembre, también plantea eliminar el carácter comercial de esta práctica: “No queremos que nos vean como un país donde aterrizar, elegir a una mujer y tener un hijo”, dice. Otro grupo de parlamentarios trabaja en otro borrador para “proteger los derechos de las donantes de óvulos, las gestantes y los niños”.
Por el patio de una maternidad pública de Kiev pasea una de las 45 familias españolas que han permanecido en la capital ucraniana sin poder regresar con los bebés al no obtener de la Embajada el registro de los menores como hijos suyos, una situación que ya se ha resuelto. Cuentan que llevan aquí casi dos meses. Antes de elegir esta vía, pasaron por varios tratamientos fallidos e intentaron adoptar. Sobre la mujer que dio a luz a su bebé, dicen que han tenido contacto por videollamada a menudo, que fueron a verla tras el parto y que “no es pobre, es cocinera”. “Esto no es un capricho”, añade ella. “Es nuestra última oportunidad de cumplir el sueño de ser padres”, dice él.
No es difícil encontrarse con españoles que vienen a completar procesos de vientres de alquiler. En la entrada de una de las principales clínicas, Biotexcom, hay dos parejas que parecen haber llegado directas desde el aeropuerto para dejar muestras biológicas o firmar contratos. La empresa controla dos tercios del negocio que se hace con los extranjeros. Está en un recinto cerrado y vigilado, y se distribuye en cinco edificios por donde uno se cruza con embarazadas. Solo en una sala de consultas médicas hay 22. Biotexcom solo estuvo cerrada un par de semanas en agosto, según ellos, para hacer la limpieza anual. Fue justo después de que su dueño, Albert Totchilovski, quedara en arresto domiciliario por una investigación de tráfico de menores y evasión fiscal.
María, de 30 años, tuvo una mala experiencia con esa clínica hace cinco años. “Necesitaba dinero porque me acababa de divorciar”, cuenta. “A las siete semanas de embarazo, tuve un sangrado. Llamé a la clínica y me dijeron que era normal. A los 15 días, tuve una gran hemorragia. En el hospital me dijeron que el feto llevaba dos semanas muerto. La clínica solo me dio 300 euros. Tardé dos meses en recuperarme. Fue muy triste y duro”. Ella tiene un título en Química y otro en Ecología. La segunda vez que hizo esto fue el año pasado. “Trabajaba en una cafetería. No estaba en situación de necesidad, pero quería dinero para vivir con mi hija fuera de casa de mis padres”. Lo hizo con otra clínica. “Me trataron como a un ser humano. Nada que ver con la primera vez, donde me sentí como si fuera un trozo de carne. Antes del proceso me hicieron una evaluación psicológica y conocí a los padres tras firmar el contrato”.
Todo está pulcramente ordenado en la oficina del fiscal que investiga al dueño de Biotexcom. Este es el caso por el que la Embajada española en Kiev paralizó durante semanas la inscripción de bebés nacidos de vientres de alquiler, la razón por la que decía estar examinando con sumo cuidado cada expediente. Durante algunos años, la clínica había estado vinculada a pequeños escándalos en varios puntos de Ucrania. “Ahora hemos abierto una investigación que los reaviva”, explica. “Creemos que el caso de una pareja italiana que en 2011 logró sacar un bebé de Ucrania sin vínculos genéticos con ninguno de ellos podría no ser algo aislado. Sabemos que ese fue un caso de tráfico de bebés, por eso hemos lanzado una requisitoria internacional para hacer test de ADN de niños en diferentes países para compararlos con el de los padres legales y también, en una segunda oleada, con el de más de un millar de gestantes. Estamos revisando casos entre 2015 y 2018. De momento, hemos pedido 200 test de ADN en países europeos y China”.
El fiscal también sigue las finanzas de Totchilovski. Según la documentación que se incautaron en un registro, el capital de Biotexcom asciende a la absurda cifra de 200.000 dólares, cuando solo en los últimos tres años ha debido ganar, dice el fiscal, al menos 30 millones de euros. “¿Dónde está el dinero?”, se pregunta. Y se contesta que Totchilovski ha evadido un millón en impuestos y aún no saben cuánto tiene en paraísos fiscales en Chipre y Letonia. El fiscal recomienda a los españoles que han pasado por Biotexcom que se hagan la prueba de ADN porque pueden ser víctimas de fraude, aunque desde 2016 aportan esos test para inscribir a los bebés en el consulado.
Pese a este panorama, cada semana siguen llegando nuevas parejas para recoger a los bebés. “Si se dan abusos, que se castiguen”, dice Cristina, una de las afectadas por el bloqueo de pasaportes que ya está en España con su hija y que usó los servicios de Biotexcom. En su opinión, “no hay que demonizar este proceso. Lo hacemos dentro de la ley de este país, y si creen que no hay garantías, que se pongan los controles necesarios”.
