Un grupo de británicos residentes en la UE lanza un nuevo desafío legal contra el ‘Brexit’
Pilotada por Sue Wilson, residente en España, la demanda argumenta que el resultado del referéndum para salir del bloque debe ser nulo por irregularidades de la campaña ‘Leave’
Simon Hunter
Madrid, El País
Un grupo de británicos residentes en la Unión Europea ha lanzado un nuevo desafío judicial contra el referéndum en 2016 sobre la continuación o no del Reino Unido dentro del bloque de 28 países miembros. Su caso se basa en el hecho de que la campaña a favor del “Brexit”, como se conoce popularmente, “defraudó” en la campaña.
La demandante principal en el grupo llamado UK in EU Challenge (Desafío Reino Unido en la UE) es Sue Wilson, la presidente del foro Bremain in Spain, que ha estado haciendo campaña desde hace dos años en contra del Brexit.
En un boletín de su grupo, Wilson escribe de que “hallazgos recientes de la comisión electoral británica de conducta ilegal por parte de la campaña Leave durante el referéndum de 2016 han puesto en cuestión si el referéndum se desarrolló conforme con los requerimientos constitucionales del Reino Unido.
El grupo argumenta que “la comisión electoral descubrió ‘fuera de toda duda razonable’ de que Vote Leave, la campaña oficial [para salir], defraudó con respeto a su límite de gasto por una cantidad de casi £700.000 [unos 782.000 euros, un 6% encima de su límite legal].” Añaden que “los tribunales tienen la capacidad de declarar el voto nulo si ha habido fraude de este tipo.”
También argumentan de que la decisión de la primera ministra, Theresa May, de invocar Artículo 50 – el mecanismo del Tratado de Lisboa para que un estado miembro notifique de su intención de salir de la UE – “no fue acorde con los ‘requerimientos constitucionales’ del Reino Unido dado que elecciones justas residen en el corazón de nuestra Constitución.”
Concluyen: “Esto no tiene que ver con ‘salir’ o ‘quedarnos’. Tiene que ver con derechos, justicia y democracia.”
En una carta preliminar mandada al gobierno británico, el grupo exigió que la decisión de invocar Artículo 50 sea anulada. El departamento legal de Londres contestó diciendo que tal demanda fue “considerablemente fuera de plazo”, y ya había sido rechazado en otro juicio. Como respuesta, UK in EU Challenge ha presentado esta nueva demanda.
“El referéndum de Brexit ha causado daños considerables a la economía, y la reputación y tejido de la sociedad británica,” explica Sue Wilson a EL PAÍS. “Este desafío legal es obra de británicos en la Unión Europea, pero es para todos. Los derechos y libertades que corren riesgo por el Brexit son los derechos de todos. Si el referéndum habría sido justo, igual el ajustado resultado habría sido más fácil de tragar, pero no fue así. Hay que desafiarlo.”
Muchos de los estimados uno o dos millones de británicos viviendo en la UE han sido protestando contra el Brexit y la manera en que los ha tratado el gobierno británico desde el voto en 2016, argumentado de que se están utilizando como “moneda de cambio” en las negociaciones, y que no se está tomando en cuenta sus derechos.
Muchos temen las repercusiones de un llamado “Brexit duro” – si sale el Reino Unido de la UE sin trato – cosa que les dejaría en limbo con respeto a sus derechos para continuar de vivir, trabajar y viajar libremente por el bloque.
Madrid, El País
Un grupo de británicos residentes en la Unión Europea ha lanzado un nuevo desafío judicial contra el referéndum en 2016 sobre la continuación o no del Reino Unido dentro del bloque de 28 países miembros. Su caso se basa en el hecho de que la campaña a favor del “Brexit”, como se conoce popularmente, “defraudó” en la campaña.
La demandante principal en el grupo llamado UK in EU Challenge (Desafío Reino Unido en la UE) es Sue Wilson, la presidente del foro Bremain in Spain, que ha estado haciendo campaña desde hace dos años en contra del Brexit.
En un boletín de su grupo, Wilson escribe de que “hallazgos recientes de la comisión electoral británica de conducta ilegal por parte de la campaña Leave durante el referéndum de 2016 han puesto en cuestión si el referéndum se desarrolló conforme con los requerimientos constitucionales del Reino Unido.
El grupo argumenta que “la comisión electoral descubrió ‘fuera de toda duda razonable’ de que Vote Leave, la campaña oficial [para salir], defraudó con respeto a su límite de gasto por una cantidad de casi £700.000 [unos 782.000 euros, un 6% encima de su límite legal].” Añaden que “los tribunales tienen la capacidad de declarar el voto nulo si ha habido fraude de este tipo.”
También argumentan de que la decisión de la primera ministra, Theresa May, de invocar Artículo 50 – el mecanismo del Tratado de Lisboa para que un estado miembro notifique de su intención de salir de la UE – “no fue acorde con los ‘requerimientos constitucionales’ del Reino Unido dado que elecciones justas residen en el corazón de nuestra Constitución.”
Concluyen: “Esto no tiene que ver con ‘salir’ o ‘quedarnos’. Tiene que ver con derechos, justicia y democracia.”
En una carta preliminar mandada al gobierno británico, el grupo exigió que la decisión de invocar Artículo 50 sea anulada. El departamento legal de Londres contestó diciendo que tal demanda fue “considerablemente fuera de plazo”, y ya había sido rechazado en otro juicio. Como respuesta, UK in EU Challenge ha presentado esta nueva demanda.
“El referéndum de Brexit ha causado daños considerables a la economía, y la reputación y tejido de la sociedad británica,” explica Sue Wilson a EL PAÍS. “Este desafío legal es obra de británicos en la Unión Europea, pero es para todos. Los derechos y libertades que corren riesgo por el Brexit son los derechos de todos. Si el referéndum habría sido justo, igual el ajustado resultado habría sido más fácil de tragar, pero no fue así. Hay que desafiarlo.”
Muchos de los estimados uno o dos millones de británicos viviendo en la UE han sido protestando contra el Brexit y la manera en que los ha tratado el gobierno británico desde el voto en 2016, argumentado de que se están utilizando como “moneda de cambio” en las negociaciones, y que no se está tomando en cuenta sus derechos.
Muchos temen las repercusiones de un llamado “Brexit duro” – si sale el Reino Unido de la UE sin trato – cosa que les dejaría en limbo con respeto a sus derechos para continuar de vivir, trabajar y viajar libremente por el bloque.
