Previsión arguye que tiene contrato indefinido; el monto que exige ante el CIADI es confidencial
El ministro de Economía, Mario Guillén, informó que uno de los argumentos de BBVA, principal accionista de la AFP Previsión, para plantear el arbitraje por el traspaso de los aportes a la Gestora Pública es, justamente, que firmó un contrato indefinido con el Estado.
La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz
En 1997 se dio paso a las operaciones de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) Previsión y Futuro en Bolivia con un contrato indefinido. Justamente ese aspecto es el que arguye BBVA, accionista mayoritaria de Previsión, para plantear un arbitraje por el traspaso del manejo de los aportes de jubilación a la Gestora Publica, reveló este miércoles el ministro de Economía, Mario Guillén.
Una cláusula de confidencialidad impide por el momento que se haga público el monto que exige la firma Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA); no obstante se conoció que la pretensión es elevada, razón por la que no se pudo llegar a un acuerdo con el Gobierno en el plazo de seis meses establecido para las negociaciones antes de acudir a otras instancias.
“Una cosa que es muy importante tener en cuenta y recalcar es que nosotros hemos heredado un contrato indefinido. Vale decir que el gran problema de esto es que este contrato que tienen las AFP el gobierno de ese momento lo firmó de manera indefinida y ese es uno de los argumentos con los que la AFP está queriendo un resarcimiento económico”, explicó.
Arbitraje planteado por BBVA se basa en acuerdo Bolivia-España que establece pago de indemnización
La ley de Pensiones de 1996, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, estableció que el manejo de los aportes de jubilación debe estar en las AFP y un año después se aprobó el decreto que operativizó la medida.
Ahora, Guillén reveló que los contratos firmados con las AFP Previsión y Futuro de Bolivia, que dejarán de operar el próximo año con el funcionamiento pleno de la Gestora Pública, tienen un carácter indefinido.
Por el momento solo el BBVA, accionista mayoritario de Previsión, optó por ir a un arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), amparado en el acuerdo de protección de inversiones entre Bolivia y España que establece esa alternativa y una indemnización “pronta, adecuada y efectiva” de afectarse sus inversiones.
Bolivia expresa disposición de continuar el diálogo con el BBVA
No se puede revelar el monto que exigen, pero es elevado. De darse un resultado desfavorable en un arbitraje, el dinero para pagar la indemnización saldrá de la Gestora Pública o en su caso del erario nacional, por lo que Guillén descartó que se vaya a tocar los aportes para la jubilación.
“No se va a paga ningún monto de los aportes”, insistió tras la reunión de gabinete en la Casa Grande del Pueblo.
El artículo 5 del acuerdo de protección de inversiones establece las consecuencias de una nacionalización o expropiación, aunque pone una excepción.
Las inversiones, según el documento, de una parte en el territorio del otro contratante “no podrán ser sometidas a una nacionalización, expropiación ni a cualquiera otra medida de efectos similares (en adelante expropiación) excepto por razones de utilidad pública con arreglo al debido procedimiento legal, de manera no discriminatoria y acompañada de una indemnización pronta, adecuada y efectiva”.
La administración de Evo Morales no se cierra a seguir negociando con BBVA.
En 1997 se dio paso a las operaciones de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) Previsión y Futuro en Bolivia con un contrato indefinido. Justamente ese aspecto es el que arguye BBVA, accionista mayoritaria de Previsión, para plantear un arbitraje por el traspaso del manejo de los aportes de jubilación a la Gestora Publica, reveló este miércoles el ministro de Economía, Mario Guillén.
Una cláusula de confidencialidad impide por el momento que se haga público el monto que exige la firma Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA); no obstante se conoció que la pretensión es elevada, razón por la que no se pudo llegar a un acuerdo con el Gobierno en el plazo de seis meses establecido para las negociaciones antes de acudir a otras instancias.
“Una cosa que es muy importante tener en cuenta y recalcar es que nosotros hemos heredado un contrato indefinido. Vale decir que el gran problema de esto es que este contrato que tienen las AFP el gobierno de ese momento lo firmó de manera indefinida y ese es uno de los argumentos con los que la AFP está queriendo un resarcimiento económico”, explicó.
Arbitraje planteado por BBVA se basa en acuerdo Bolivia-España que establece pago de indemnización
La ley de Pensiones de 1996, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, estableció que el manejo de los aportes de jubilación debe estar en las AFP y un año después se aprobó el decreto que operativizó la medida.
Ahora, Guillén reveló que los contratos firmados con las AFP Previsión y Futuro de Bolivia, que dejarán de operar el próximo año con el funcionamiento pleno de la Gestora Pública, tienen un carácter indefinido.
Por el momento solo el BBVA, accionista mayoritario de Previsión, optó por ir a un arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), amparado en el acuerdo de protección de inversiones entre Bolivia y España que establece esa alternativa y una indemnización “pronta, adecuada y efectiva” de afectarse sus inversiones.
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No se puede revelar el monto que exigen, pero es elevado. De darse un resultado desfavorable en un arbitraje, el dinero para pagar la indemnización saldrá de la Gestora Pública o en su caso del erario nacional, por lo que Guillén descartó que se vaya a tocar los aportes para la jubilación.
“No se va a paga ningún monto de los aportes”, insistió tras la reunión de gabinete en la Casa Grande del Pueblo.
El artículo 5 del acuerdo de protección de inversiones establece las consecuencias de una nacionalización o expropiación, aunque pone una excepción.
Las inversiones, según el documento, de una parte en el territorio del otro contratante “no podrán ser sometidas a una nacionalización, expropiación ni a cualquiera otra medida de efectos similares (en adelante expropiación) excepto por razones de utilidad pública con arreglo al debido procedimiento legal, de manera no discriminatoria y acompañada de una indemnización pronta, adecuada y efectiva”.
La administración de Evo Morales no se cierra a seguir negociando con BBVA.
