Macron logra el apoyo del Parlamento para endurecer la ley migratoria
La nueva norma prevé agilizar la acogida de los refugiados y mejorar sus condiciones, pero también acelerará la expulsión de los no admitidos
Silvia Ayuso
París, El País
En pleno resurgimiento del debate migratorio en Europa, el Parlamento francés ha dado este miércoles su visto bueno final, no sin tropiezos, a la ley migratoria impulsada por el Gobierno de Emmanuel Macron. Puertas afuera, el presidente apuesta por la coordinación y solidaridad europeas como mejor receta para afrontar las oleadas migratorias. Puertas adentro, busca acelerar los procesos de acogida de solicitantes de asilo en Francia y, a la par, deshacerse más rápidamente de aquellos que son “migrantes económicos” y no tienen espacio en el país.
La ley “para una inmigración controlada, un derecho de asilo efectivo y una integración exitosa” fue aprobada en la última sesión de la Asamblea Nacional antes las vacaciones, pese al rechazo de una izquierda que considera que es un retroceso en materia de derechos humanos y de una derecha para la cual no es lo suficientemente dura. El ministro del Interior, Gérard Collomb, principal artífice de la normativa, celebró, no obstante, una ley a la vez “humanista y eficaz” y que está, según sostuvo, a la altura de los desafíos humanitarios y económicos de Francia, así como de la necesidad de seguridad en “un mundo donde la amenaza no fue nunca antes tan fuerte”. El ministro también hizo alusión al difícil contexto de la Europa actual, “donde los principios sobre los que fue fundada parecen tambalearse” y con países que están endureciendo su política migratoria, como Italia, pero también Alemania.
“Nos hemos dotado de los medios para preservar un derecho al asilo que, si no se hubiera hecho nada, podría haber sido cuestionado rápidamente, como tememos que suceda en una serie de países europeos”, declaró. La ley entrará en vigor en 2019.
El principal elemento de la nueva norma es que reduce a seis meses, frente a la media de más de 11 actuales, el proceso de instrucción de una demanda de asilo. Lo hace con un objetivo doble: acoger más rápidamente a aquellos que considera refugiados —que también verán mejoradas sus condiciones de vida en Francia— pero también acelerar la expulsión de los no admitidos. Por ejemplo, se duplica de 45 a 90 días el tiempo máximo de retención de extranjeros a la espera de ser expulsados, para facilitar su conducción hasta la frontera. En 2017, Francia superó la barrera de las 100.000 demandas de asilo, la mitad que Alemania pero un 17% más respecto a 2016.
La migración es, junto con la economía, uno de los temas que más divisiones suscita en Francia. El 11% de la población tiene al menos un padre o madre inmigrante. Hace solo un año un partido que demoniza abiertamente a los migrantes, el Frente Nacional (hoy Reagrupación Nacional), logró llegar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y, aunque perdió, obtuvo más de diez millones de votos.
División partidista
El debate de la ley migratoria propuesto por el Gobierno de Macron no ha sido fácil e incluso ha llegado a dividir al partido oficialista, La República en Marcha (LRM), acusado en otras ocasiones por la oposición de no hacer más que lo que dicta el Elíseo. Ante la ley migratoria, debatida durante meses en la Asamblea Nacional, 14 diputados macronistas se abstuvieron en la primera lectura, en primavera, por considerar el texto demasiado duro. Uno de ellos, Jean-Michel Clément, incluso dejó la formación tras votar en contra. En el segundo debate, la semana pasada, fueron 11 los que se abstuvieron y una diputada, Aina Kuric, votó en contra, lo que a punto estuvo de costarle el escaño.
Tras los debates se han realizado diversas enmiendas. Así, se mantiene en 30 días el plazo de apelación, frente a los 15 a los que quería reducirlo el Gobierno. Después de que el Consejo Constitucional dictaminara que las personas que ayuden de manera desinteresada a los sin papeles estarán actuando legalmente, en la ley también se ha suavizado el concepto de “delito de solidaridad”. Aun así, la izquierda ha criticado una ley “regresiva” que hace de los inmigrantes “sospechosos” y“obstaculiza” su acceso a derechos fundamentales. Para la derecha, la ley no responde a la gravedad del desafío migratorio.
París, El País
En pleno resurgimiento del debate migratorio en Europa, el Parlamento francés ha dado este miércoles su visto bueno final, no sin tropiezos, a la ley migratoria impulsada por el Gobierno de Emmanuel Macron. Puertas afuera, el presidente apuesta por la coordinación y solidaridad europeas como mejor receta para afrontar las oleadas migratorias. Puertas adentro, busca acelerar los procesos de acogida de solicitantes de asilo en Francia y, a la par, deshacerse más rápidamente de aquellos que son “migrantes económicos” y no tienen espacio en el país.
La ley “para una inmigración controlada, un derecho de asilo efectivo y una integración exitosa” fue aprobada en la última sesión de la Asamblea Nacional antes las vacaciones, pese al rechazo de una izquierda que considera que es un retroceso en materia de derechos humanos y de una derecha para la cual no es lo suficientemente dura. El ministro del Interior, Gérard Collomb, principal artífice de la normativa, celebró, no obstante, una ley a la vez “humanista y eficaz” y que está, según sostuvo, a la altura de los desafíos humanitarios y económicos de Francia, así como de la necesidad de seguridad en “un mundo donde la amenaza no fue nunca antes tan fuerte”. El ministro también hizo alusión al difícil contexto de la Europa actual, “donde los principios sobre los que fue fundada parecen tambalearse” y con países que están endureciendo su política migratoria, como Italia, pero también Alemania.
“Nos hemos dotado de los medios para preservar un derecho al asilo que, si no se hubiera hecho nada, podría haber sido cuestionado rápidamente, como tememos que suceda en una serie de países europeos”, declaró. La ley entrará en vigor en 2019.
El principal elemento de la nueva norma es que reduce a seis meses, frente a la media de más de 11 actuales, el proceso de instrucción de una demanda de asilo. Lo hace con un objetivo doble: acoger más rápidamente a aquellos que considera refugiados —que también verán mejoradas sus condiciones de vida en Francia— pero también acelerar la expulsión de los no admitidos. Por ejemplo, se duplica de 45 a 90 días el tiempo máximo de retención de extranjeros a la espera de ser expulsados, para facilitar su conducción hasta la frontera. En 2017, Francia superó la barrera de las 100.000 demandas de asilo, la mitad que Alemania pero un 17% más respecto a 2016.
La migración es, junto con la economía, uno de los temas que más divisiones suscita en Francia. El 11% de la población tiene al menos un padre o madre inmigrante. Hace solo un año un partido que demoniza abiertamente a los migrantes, el Frente Nacional (hoy Reagrupación Nacional), logró llegar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y, aunque perdió, obtuvo más de diez millones de votos.
División partidista
El debate de la ley migratoria propuesto por el Gobierno de Macron no ha sido fácil e incluso ha llegado a dividir al partido oficialista, La República en Marcha (LRM), acusado en otras ocasiones por la oposición de no hacer más que lo que dicta el Elíseo. Ante la ley migratoria, debatida durante meses en la Asamblea Nacional, 14 diputados macronistas se abstuvieron en la primera lectura, en primavera, por considerar el texto demasiado duro. Uno de ellos, Jean-Michel Clément, incluso dejó la formación tras votar en contra. En el segundo debate, la semana pasada, fueron 11 los que se abstuvieron y una diputada, Aina Kuric, votó en contra, lo que a punto estuvo de costarle el escaño.
Tras los debates se han realizado diversas enmiendas. Así, se mantiene en 30 días el plazo de apelación, frente a los 15 a los que quería reducirlo el Gobierno. Después de que el Consejo Constitucional dictaminara que las personas que ayuden de manera desinteresada a los sin papeles estarán actuando legalmente, en la ley también se ha suavizado el concepto de “delito de solidaridad”. Aun así, la izquierda ha criticado una ley “regresiva” que hace de los inmigrantes “sospechosos” y“obstaculiza” su acceso a derechos fundamentales. Para la derecha, la ley no responde a la gravedad del desafío migratorio.
