La justicia brasileña decide la candidatura de Lula
El Tribunal Electoral juzga si el expresidente puede concurrir a las elecciones desde la cárcel
Tom C. Avendaño
Afonso Benites
São Paulo / Brasilia, El País
El Tribunal Electoral brasileño ha decidido a última hora incluir en su sesión de este viernes el caso más importante que tiene entre manos: si el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en la cárcel por corrupción desde abril, puede o no concurrir a las elecciones de este octubre como lleva intentando desde el 15 de agosto, cuando se inscribió como candidato en desafío a las leyes que prohíben la candidatura de condenados en la segunda instancia como él.
El veredicto que alcance el Tribunal en esta votación removerá lo más profundo de estos comicios. Les corresponde quitar o no de enmedio al candidato favorito por los votantes (con 36% de la intención de voto; frente al 18% del siguiente en la lista). Si lo hacen, que es lo más probable, resolverán de golpe varias de las incógnitas que han acompañado hasta ahora a esta campaña y, a la vez, dejarán al político más popular de la historia de Brasil -y su único expresidente condenado- con apenas un puñado de opciones. Y casi ninguna es buena.
Tras la sentencia en su contra, se abrirían ante el expresidente dos caminos. Uno de ellos es rechazar el veredicto y seguir la carrera hacia delante hasta las urnas. Aún tiene derecho a tres recursos más, ante el Tribunal de Justicia y el Supremo. Y mientras se tramitan, nada en la ley le impide seguir haciendo campaña (o mejor dicho, que el Partido de los Trabajadores haga campaña en su nombre mientras él cumple condena), y apareciendo en la propaganda electoral. Pero se expone a que, si sigue así hasta el día de las elecciones, sus votos se consideren nulos.
Otra opción sería aceptar la sentencia y delegar la campaña y todo su proyecto político en su número dos, el exalcalde de São Paulo Fernando Haddad. En Brasilia está muy extendida la teoría de que Haddad es el candidato real del Partido de los Trabajadores (PT) desde que Lula entró en prisión y se quedó virtualmente impedido de ir a las urnas. Así, el expresidente solo estaría prestándole su todopoderoso nombre, en una rocambolesca candidatura que se organiza desde su celda, mientras él se da a conocer y gana músculo entre los votantes. Pero la opción de dejarlo todo en manos de Haddad prematuramente también entraña riesgos. El exalcalde no acaba de despegar en las encuestas. En una de las más recientes, solo el 4% de los votantes de Lula dijo que le daría su voto si el expresidente fuese vetado por el Tribunal Electoral.
Guerra de plazos
Existe una solución intermedia. Esta guerra no se gana con sentencias sino con plazos, y hay una fecha que supone todo un de Rubicón: el 17 de septiembre, 20 días antes de la votación del primer turno. El último día para pedir cambios en una candidatura. Si Lula consigue encadenar recursos y estirar hasta entonces su condición de candidato -a la espera de que ese último recurso confirme que no puede serlo, como todo el mundo ya sabe que va a ocurrir-, podrá cambiar su inscripción a última hora y dejarlo todo en nombre de Haddad. Habrá hecho, ahora sí, toda la campaña posible por su protegido y habrá mantenido al PT dentro de la legalidad.
Pero el bando rival, la justicia, también sabe convertir un plazo en arma arrojadiza. Juzgar la candidatura de Lula no entraba en los planes del Tribunal para este viernes y de hecho esa misma mañana los magistrados aún no sabían si estaban preparados para llegar tan lejos. Tenían por delante más de una docena de denuncias contra la candidatura de Lula y podrían elegir alguna otra que fuese menos compleja. Por ejemplo, la que cuestionaba él puede aparecer en televisión pidiendo el voto desde la cárcel, que era la que estaba prevista para ese día.
Pero el ministerio público emitió durante la madrugada un comunicado presionándoles para que no perdiesen más tiempo. "No se pueden desperdiciar los recursos públicos en campañas electorales estériles y sin viabilidad jurídica", decía. No podía transmitir más urgencia de forma más clara. La sentencia tenía que salir el viernes, costase lo que costase.
Al fin y al cabo, el día siguiente, el sábado, también tiene su importancia estratégica en el calendario electoral. Es cuando la la televisión pública comienza a emitir la publicidad de cada campaña en horario de máxima audiencia. En un país donde está prohibido que un candidato compre espacios publicitarios en medios privados, una parte considerable del éxito de una campaña depende de lo que el público vea en la televisión. Y a Lula le corresponde una buena parte de esos minutos de publicidad. Cada segundo protagonizado por él sería una derrota para la justicia.
Sin embargo, si se pronuncia el veto oficialmente a meras horas de que comiencen las emisiones, todo cambia. La maquinaria contra el exmandatario comenzará a cobrar fuerza y el PT tendrá que ingeniárselas para llegar a tiempo con spots totalmente nuevos. Unos que no expliciten lo complicado de su situación: vender un candidato prácticamente ilegal haciendo campaña en nombre de otro impopular.
Afonso Benites
São Paulo / Brasilia, El País
El Tribunal Electoral brasileño ha decidido a última hora incluir en su sesión de este viernes el caso más importante que tiene entre manos: si el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en la cárcel por corrupción desde abril, puede o no concurrir a las elecciones de este octubre como lleva intentando desde el 15 de agosto, cuando se inscribió como candidato en desafío a las leyes que prohíben la candidatura de condenados en la segunda instancia como él.
El veredicto que alcance el Tribunal en esta votación removerá lo más profundo de estos comicios. Les corresponde quitar o no de enmedio al candidato favorito por los votantes (con 36% de la intención de voto; frente al 18% del siguiente en la lista). Si lo hacen, que es lo más probable, resolverán de golpe varias de las incógnitas que han acompañado hasta ahora a esta campaña y, a la vez, dejarán al político más popular de la historia de Brasil -y su único expresidente condenado- con apenas un puñado de opciones. Y casi ninguna es buena.
Tras la sentencia en su contra, se abrirían ante el expresidente dos caminos. Uno de ellos es rechazar el veredicto y seguir la carrera hacia delante hasta las urnas. Aún tiene derecho a tres recursos más, ante el Tribunal de Justicia y el Supremo. Y mientras se tramitan, nada en la ley le impide seguir haciendo campaña (o mejor dicho, que el Partido de los Trabajadores haga campaña en su nombre mientras él cumple condena), y apareciendo en la propaganda electoral. Pero se expone a que, si sigue así hasta el día de las elecciones, sus votos se consideren nulos.
Otra opción sería aceptar la sentencia y delegar la campaña y todo su proyecto político en su número dos, el exalcalde de São Paulo Fernando Haddad. En Brasilia está muy extendida la teoría de que Haddad es el candidato real del Partido de los Trabajadores (PT) desde que Lula entró en prisión y se quedó virtualmente impedido de ir a las urnas. Así, el expresidente solo estaría prestándole su todopoderoso nombre, en una rocambolesca candidatura que se organiza desde su celda, mientras él se da a conocer y gana músculo entre los votantes. Pero la opción de dejarlo todo en manos de Haddad prematuramente también entraña riesgos. El exalcalde no acaba de despegar en las encuestas. En una de las más recientes, solo el 4% de los votantes de Lula dijo que le daría su voto si el expresidente fuese vetado por el Tribunal Electoral.
Guerra de plazos
Existe una solución intermedia. Esta guerra no se gana con sentencias sino con plazos, y hay una fecha que supone todo un de Rubicón: el 17 de septiembre, 20 días antes de la votación del primer turno. El último día para pedir cambios en una candidatura. Si Lula consigue encadenar recursos y estirar hasta entonces su condición de candidato -a la espera de que ese último recurso confirme que no puede serlo, como todo el mundo ya sabe que va a ocurrir-, podrá cambiar su inscripción a última hora y dejarlo todo en nombre de Haddad. Habrá hecho, ahora sí, toda la campaña posible por su protegido y habrá mantenido al PT dentro de la legalidad.
Pero el bando rival, la justicia, también sabe convertir un plazo en arma arrojadiza. Juzgar la candidatura de Lula no entraba en los planes del Tribunal para este viernes y de hecho esa misma mañana los magistrados aún no sabían si estaban preparados para llegar tan lejos. Tenían por delante más de una docena de denuncias contra la candidatura de Lula y podrían elegir alguna otra que fuese menos compleja. Por ejemplo, la que cuestionaba él puede aparecer en televisión pidiendo el voto desde la cárcel, que era la que estaba prevista para ese día.
Pero el ministerio público emitió durante la madrugada un comunicado presionándoles para que no perdiesen más tiempo. "No se pueden desperdiciar los recursos públicos en campañas electorales estériles y sin viabilidad jurídica", decía. No podía transmitir más urgencia de forma más clara. La sentencia tenía que salir el viernes, costase lo que costase.
Al fin y al cabo, el día siguiente, el sábado, también tiene su importancia estratégica en el calendario electoral. Es cuando la la televisión pública comienza a emitir la publicidad de cada campaña en horario de máxima audiencia. En un país donde está prohibido que un candidato compre espacios publicitarios en medios privados, una parte considerable del éxito de una campaña depende de lo que el público vea en la televisión. Y a Lula le corresponde una buena parte de esos minutos de publicidad. Cada segundo protagonizado por él sería una derrota para la justicia.
Sin embargo, si se pronuncia el veto oficialmente a meras horas de que comiencen las emisiones, todo cambia. La maquinaria contra el exmandatario comenzará a cobrar fuerza y el PT tendrá que ingeniárselas para llegar a tiempo con spots totalmente nuevos. Unos que no expliciten lo complicado de su situación: vender un candidato prácticamente ilegal haciendo campaña en nombre de otro impopular.
