Gobierno dice que seguirá con la erradicación y no negociará 'con nadie' la lucha antidroga

Ante el anuncio de movilizaciones de cocaleros, el Ejecutivo reiteró que no retrocederá en la erradicación de coca ilegal. Reveló, además, que los chalecos antibalas evitaron la muerte de al menos otros seis policías en La Asunta.

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz
El Gobierno ratificó la tarde de este lunes que no retrocederá en la erradicación de coca ilegal en los Yungas de La Paz y aseguró que no negociará "con nadie" los resultados obtenidos en la lucha contra el narcotráfico, ante los anuncios de una marcha de cocaleros, de La Asunta, a la Sede de Gobierno por la no erradicación.


"Pueden hacer marchas si quieren, no vamos a retroceder, los grandes resultados que hemos logrados en la lucha contra el narcotráfico no los vamos a negociar con nadie", sostuvo el ministro de Gobierno, Carlos Romero, luego de asistir al entierro del teniente de Polícia Daynor Sandóval Ortiz, quien murió el 24 de agosto en la zona de La Asunta tras una emboscada -según denunció el Ejecutivo- de cocaleros armados a una patrulla de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) encargada de las tareas de erradicación.

"No vamos a retroceder, pese a quien le pese. Si hay gente dispuesta a matar es por algo, porque está escondiendo algo muy grande", prosiguió Romero.

Los chalecos antibalas y cascos que portaban policías en la zona de los Yungas, el 24 de agosto, evitaron la muerte de al menos seis efectivos más de la Policía, dijo Romero quien remarcó que ahora ya no se está ante la acción de una organización social sino de "organizaciones criminales que usan armas de guerra".

Ocho efectivos de la FTC fueron heridos el viernes pasado, entre ellos Sandóval Ortiz. Los sobrevivientes se encuentran bajo cuidados médicos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

"En realidad de no haber sido por los chalecos antibalas y por los cascos estaríamos hablando de seis bajas", sostuvo Romero.

Lesiones graves, gravísimas, porte ilegal de armas, tentativa de asesinato y sedición son algunos de los delitos por los cuales son acusados dirigentes cocaleros identificados como los responsables tanto materiales como intelectuales de los sucesos.

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