El primo de Mauricio Macri confiesa que pagó sobornos al kirchnerismo
Angelo Calcaterra declara en forma espontánea a cambio de beneficios judiciales en la investigación de una red de corrupción vinculada a la obra pública en Argentina
Federico Rivas Molina
Buenos Aires, El País
Nunca los tribunales golpearon tan cerca de Mauricio Macri en una investigación por corrupción. La delación de un chófer del poder, que durante 10 años apuntó en cuadernos la presunta ruta del dinero sucio del kirchnerismo, puso ante un juez al primo del Presidente, Angelo Calcaterra, heredero de las empresas del clan Macri, uno de los más poderosos de Argentina. Calcaterra se presentó hoy cuando nadie lo esperaba en los tribunales Federales y confesó a Claudio Bonadio que pagó sobornos millonarios a exaltos cargos del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Por su colaboración, Calcaterra obtuvo beneficios como arrepentido y quedó libre. Se sumó así a la estrategia defensiva de otros dos ejecutivos de empresas constructoras que durante el kirchnerismo se beneficiaron con grandes obras de infraestructura.
Calcaterra es hijo de una tía paterna de Macri. En 2007, se convirtió en dueño de las empresas que Franco Macri, padre del Presidente, no pudo transferir a su hijo, ya decidido a dejar el negocio familiar para dedicarse a la política. Entre las compañías que compró Calcaterra estaba la constructora IECSA, una de las preferidas del kirchnerismo. IECSA obtuvo, en sociedad con empresas extranjeras, las obras para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, la línea que más pasajeros transporta en Buenos Aires, por un monto cercano a los 3.000 millones de dólares. El proyecto, el mayor del kirchnerismo, quedó bajo la mira de la Justicia por la presencia entre los socios de la brasileña Odrebecht. En febrero de este año, cuando la ola expansiva del Lava Jato iniciado en Brasil se hizo incontenible en Argentina, Calcaterra vendió IECSA a un grupo argentino. Pero Calcaterra no quedó del todo a salvo.
Su nombre volvió a sonar en los tribunales cuando el diario La Nación publicó el contenido de ocho cuadernos manuscritos por Oscar Centeno, chófer del exnúmero dos del ministerio de Planificación, Roberto Baratta. Centeno apunto con obsesión y detalles minuciosos las decenas de viajes que hizo con bolsos rebosantes de dólares destinados al pago de sobornos. El grupo de periodistas que recibió el material lo envió al juez Bonadio hace siete meses para su análisis judicial. La semana pasada, el magistrado ordenó la detención de 17 personas, entre exaltos cargos kirchneristas relacionados a la obra pública y empresarios del sector. En el listado no estaba Calcaterra, pero sí el exCeo de IECSA, Javier Sánchez Caballero, nombrado por Centeno en 13 ocasiones como aportante de unos 8 millones de dólares entre 2013 y 2015. La suma se desprende de la orden de detención emitida por Bonadio.
Caballero quedó detenido y pronto todas las miradas apuntaron a Calcaterra, su jefe. El empresario decidió finalmente presentarse voluntariamente. Ante el juez, confesó que había pagado dinero negro para financiar las campañas políticas del kircherismo, aunque aclaró que la suma fue menor a la apuntada por Centeno en sus cuadernos manuscritos. La estrategia del empresario, como la de otros implicados, fue ponerse en el lugar de víctima de un sistema de recaudación presuntamente montado por el anterior Gobierno. Calcaterra dijo que los pagos a exaltos funcionarios eran bajo extorsión, una condición para cobrar el dinero que el Estado les adeudaba por obras públicas ya en curso.
Para Macri no es una buena noticia que su primo esté involucrado en la causa de los cuadernos del chófer. Pero es cierto que con sólo “dejar hacer” a la justicia podrá compensar parte del golpe, al menos ante sus electores, aquellos que lo llevaron a la Casa Rosada por su compromiso con la transparencia.
La popularidad de Macri ya sobrevivió al escándalo de los Papeles de Panamá, un listado que lo tuvo como directivo de empresas opacas en paraísos fiscales. Ahora debe asumir el costo político de los negocios poco claros de su primo, quien como heredero de las empresas familiares continuó con la estela de lo que en Argentina se llama “la patria contratista”. Sus integrantes son empresas que desde hace décadas, sea bajo gobiernos democráticos o dictaduras, se benefician con las inversiones estatales en infraestructura. El padre de Macri forjó así su fortuna, una de las más grandes del país, y sus relaciones con el kirchnerismo siempre fueron buenas. Calcaterra heredó esa agenda bien aceitada de contactos con el poder.
La diputada oficialista Elisa Carrió, excandidata presidencial y clave en el apoyo electoral de la alianza de partidos que sostiene a Macri, dijo en el pasado que deseaba la cárcel para Calcaterra. Ahora, en un mensaje que publicó en Twitter, la red donde es más activa, celebró lo que interpretó como el fin de la impunidad. “Sé el dolor que significa en lo personal para el Presidente porque [Calcaterra] es una persona muy querida, pero ante la justicia debemos responder todos (…) Lo que está pasando representa un cambio enorme en la Argentina, empresarios cercanos al Presidente se presentan en la Justicia. No hay impunidad para nadie”, escribió Carrió.
Macri tampoco pudo evitar referirse a la suerte de su primo, aunque evitó nombrarlo. El Presidente habló durante la presentación que un grupo de organizaciones civiles hizo con recomendaciones al G20, cuya cumbre se celebrará en Buenos Aires a finales de noviembre. En el listado de propuestas figuró una de lucha frontal con la corrupción, y Macri tomó el guante. "Quiero felicitarlos por haber firmado un acuerdo contra la corrupción. Desde la Argentina asumimos un fuerte compromiso con esa agenda, los resultados están a la vista", dijo Macri. En ese mismo momento, su primo Calcaterra declaraba en los tribunales.
Buenos Aires, El País
Nunca los tribunales golpearon tan cerca de Mauricio Macri en una investigación por corrupción. La delación de un chófer del poder, que durante 10 años apuntó en cuadernos la presunta ruta del dinero sucio del kirchnerismo, puso ante un juez al primo del Presidente, Angelo Calcaterra, heredero de las empresas del clan Macri, uno de los más poderosos de Argentina. Calcaterra se presentó hoy cuando nadie lo esperaba en los tribunales Federales y confesó a Claudio Bonadio que pagó sobornos millonarios a exaltos cargos del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Por su colaboración, Calcaterra obtuvo beneficios como arrepentido y quedó libre. Se sumó así a la estrategia defensiva de otros dos ejecutivos de empresas constructoras que durante el kirchnerismo se beneficiaron con grandes obras de infraestructura.
Calcaterra es hijo de una tía paterna de Macri. En 2007, se convirtió en dueño de las empresas que Franco Macri, padre del Presidente, no pudo transferir a su hijo, ya decidido a dejar el negocio familiar para dedicarse a la política. Entre las compañías que compró Calcaterra estaba la constructora IECSA, una de las preferidas del kirchnerismo. IECSA obtuvo, en sociedad con empresas extranjeras, las obras para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, la línea que más pasajeros transporta en Buenos Aires, por un monto cercano a los 3.000 millones de dólares. El proyecto, el mayor del kirchnerismo, quedó bajo la mira de la Justicia por la presencia entre los socios de la brasileña Odrebecht. En febrero de este año, cuando la ola expansiva del Lava Jato iniciado en Brasil se hizo incontenible en Argentina, Calcaterra vendió IECSA a un grupo argentino. Pero Calcaterra no quedó del todo a salvo.
Su nombre volvió a sonar en los tribunales cuando el diario La Nación publicó el contenido de ocho cuadernos manuscritos por Oscar Centeno, chófer del exnúmero dos del ministerio de Planificación, Roberto Baratta. Centeno apunto con obsesión y detalles minuciosos las decenas de viajes que hizo con bolsos rebosantes de dólares destinados al pago de sobornos. El grupo de periodistas que recibió el material lo envió al juez Bonadio hace siete meses para su análisis judicial. La semana pasada, el magistrado ordenó la detención de 17 personas, entre exaltos cargos kirchneristas relacionados a la obra pública y empresarios del sector. En el listado no estaba Calcaterra, pero sí el exCeo de IECSA, Javier Sánchez Caballero, nombrado por Centeno en 13 ocasiones como aportante de unos 8 millones de dólares entre 2013 y 2015. La suma se desprende de la orden de detención emitida por Bonadio.
Caballero quedó detenido y pronto todas las miradas apuntaron a Calcaterra, su jefe. El empresario decidió finalmente presentarse voluntariamente. Ante el juez, confesó que había pagado dinero negro para financiar las campañas políticas del kircherismo, aunque aclaró que la suma fue menor a la apuntada por Centeno en sus cuadernos manuscritos. La estrategia del empresario, como la de otros implicados, fue ponerse en el lugar de víctima de un sistema de recaudación presuntamente montado por el anterior Gobierno. Calcaterra dijo que los pagos a exaltos funcionarios eran bajo extorsión, una condición para cobrar el dinero que el Estado les adeudaba por obras públicas ya en curso.
Para Macri no es una buena noticia que su primo esté involucrado en la causa de los cuadernos del chófer. Pero es cierto que con sólo “dejar hacer” a la justicia podrá compensar parte del golpe, al menos ante sus electores, aquellos que lo llevaron a la Casa Rosada por su compromiso con la transparencia.
La popularidad de Macri ya sobrevivió al escándalo de los Papeles de Panamá, un listado que lo tuvo como directivo de empresas opacas en paraísos fiscales. Ahora debe asumir el costo político de los negocios poco claros de su primo, quien como heredero de las empresas familiares continuó con la estela de lo que en Argentina se llama “la patria contratista”. Sus integrantes son empresas que desde hace décadas, sea bajo gobiernos democráticos o dictaduras, se benefician con las inversiones estatales en infraestructura. El padre de Macri forjó así su fortuna, una de las más grandes del país, y sus relaciones con el kirchnerismo siempre fueron buenas. Calcaterra heredó esa agenda bien aceitada de contactos con el poder.
La diputada oficialista Elisa Carrió, excandidata presidencial y clave en el apoyo electoral de la alianza de partidos que sostiene a Macri, dijo en el pasado que deseaba la cárcel para Calcaterra. Ahora, en un mensaje que publicó en Twitter, la red donde es más activa, celebró lo que interpretó como el fin de la impunidad. “Sé el dolor que significa en lo personal para el Presidente porque [Calcaterra] es una persona muy querida, pero ante la justicia debemos responder todos (…) Lo que está pasando representa un cambio enorme en la Argentina, empresarios cercanos al Presidente se presentan en la Justicia. No hay impunidad para nadie”, escribió Carrió.
Macri tampoco pudo evitar referirse a la suerte de su primo, aunque evitó nombrarlo. El Presidente habló durante la presentación que un grupo de organizaciones civiles hizo con recomendaciones al G20, cuya cumbre se celebrará en Buenos Aires a finales de noviembre. En el listado de propuestas figuró una de lucha frontal con la corrupción, y Macri tomó el guante. "Quiero felicitarlos por haber firmado un acuerdo contra la corrupción. Desde la Argentina asumimos un fuerte compromiso con esa agenda, los resultados están a la vista", dijo Macri. En ese mismo momento, su primo Calcaterra declaraba en los tribunales.
