Un juez de EE UU suspende temporalmente la deportación de las familias de inmigrantes reunificados
El magistrado decreta una pausa de una semana para garantizar que no se vulnera el derecho al asilo de los indocumentados que fueron separados por el Gobierno
Joan Faus
Washington, El País
Nuevo varapalo judicial a la política migratoria del Gobierno de Donald Trump. Un magistrado federal de San Diego suspendió este lunes durante una semana las deportaciones de familias de inmigrantes que han sido reunificadas recientemente tras ser separadas a propósito por las autoridades. El juez Dana Sabraw, que ya forzó a la Administración a reagrupar a las familias en un plazo determinado, accedió a la paralización temporal solicitada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas inglesas). La organización, que llevó al Gobierno a los tribunales, alegó que una deportación rápida podría vulnerar el derecho de los inmigrantes a pedir asilo en EE UU.
La ACLU pidió que los padres tengan una semana para decidir si quieren solicitar asilo, si prefieren que lo hagan solo sus hijos y qué consecuencias implica. Dijo actuar motivada por los “rumores crecientes y persistentes de que hay deportaciones masivas de forma inmediata tras la reunificación”. Las autoridades no han desmentido ese extremo. “Una paralización de una semana es un remedio razonable y apropiado para garantizar que el trauma inimaginable que estas familias han sufrido no empeore todavía más porque los padres hicieron una decisión no informada sobre la suerte de sus hijos”, esgrimieron los abogados.
El juez consideró razonable esa petición. Solicitó al Gobierno que responda en una semana a las preocupaciones manifestadas por la acusación y avanzó que, tras ese plazo, tomará una decisión definitiva sobre este asunto.
La mayoría de inmigrantes proceden de Guatemala, El Salvador y Honduras. Los que solicitan asilo en EE UU, un proceso que puede llevar años, lo hacen alegando que huyen de la violencia rampante en sus países. Sin embargo, el Departamento de Justicia endureció en junio los requisitos para recibir asilo al advertir que casos de violencia doméstica o de bandas callejeras no serán motivo suficiente.
La Administración republicana dice haber reunificado al centenar de niños inmigrantes de menos de cinco años que fueron separados de sus padres aunque lo hizo incumpliendo el plazo inicial del magistrado, fijado para el 10 de julio. Las autoridades aseguran que están trabajando para cumplir la segunda fecha límite: el 26 de julio debe haber reagrupado a los alrededor de 2.500 inmigrantes entre cinco y 18 años de edad.
Acechado por una ola internacional de repudio, Trump derogó el 20 de junio su política de separación de familias en la frontera y trató de aplacar una crisis creada por él mismo. La Fiscalía anunció en abril una estrategia de “tolerancia cero” en la frontera que implicaba presentar cargos penales contra cualquier adulto que entrara ilegalmente a EE UU. Si viajaban con niños, como los menores no pueden ser encarcelados, eran segregados de sus padres. Se les trasladaba a un albergue de Servicios Sociales donde permanecían hasta que se encontrara una familia de acogida. Los adultos eran trasladados a centros de detención para inmigrantes o a cárceles federales.
A los seis días de la rectificación de Trump, la primera en su presidencia, el juez Sabraw obligó al Gobierno a reunificar a los inmigrantes bajo un estricto plazo. El proceso judicial ha expuesto con crudeza cómo las autoridades carecían de un plan preciso para reagrupar a las familias o incluso saber dónde estaban padres e hijos.
Washington, El País
Nuevo varapalo judicial a la política migratoria del Gobierno de Donald Trump. Un magistrado federal de San Diego suspendió este lunes durante una semana las deportaciones de familias de inmigrantes que han sido reunificadas recientemente tras ser separadas a propósito por las autoridades. El juez Dana Sabraw, que ya forzó a la Administración a reagrupar a las familias en un plazo determinado, accedió a la paralización temporal solicitada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas inglesas). La organización, que llevó al Gobierno a los tribunales, alegó que una deportación rápida podría vulnerar el derecho de los inmigrantes a pedir asilo en EE UU.
La ACLU pidió que los padres tengan una semana para decidir si quieren solicitar asilo, si prefieren que lo hagan solo sus hijos y qué consecuencias implica. Dijo actuar motivada por los “rumores crecientes y persistentes de que hay deportaciones masivas de forma inmediata tras la reunificación”. Las autoridades no han desmentido ese extremo. “Una paralización de una semana es un remedio razonable y apropiado para garantizar que el trauma inimaginable que estas familias han sufrido no empeore todavía más porque los padres hicieron una decisión no informada sobre la suerte de sus hijos”, esgrimieron los abogados.
El juez consideró razonable esa petición. Solicitó al Gobierno que responda en una semana a las preocupaciones manifestadas por la acusación y avanzó que, tras ese plazo, tomará una decisión definitiva sobre este asunto.
La mayoría de inmigrantes proceden de Guatemala, El Salvador y Honduras. Los que solicitan asilo en EE UU, un proceso que puede llevar años, lo hacen alegando que huyen de la violencia rampante en sus países. Sin embargo, el Departamento de Justicia endureció en junio los requisitos para recibir asilo al advertir que casos de violencia doméstica o de bandas callejeras no serán motivo suficiente.
La Administración republicana dice haber reunificado al centenar de niños inmigrantes de menos de cinco años que fueron separados de sus padres aunque lo hizo incumpliendo el plazo inicial del magistrado, fijado para el 10 de julio. Las autoridades aseguran que están trabajando para cumplir la segunda fecha límite: el 26 de julio debe haber reagrupado a los alrededor de 2.500 inmigrantes entre cinco y 18 años de edad.
Acechado por una ola internacional de repudio, Trump derogó el 20 de junio su política de separación de familias en la frontera y trató de aplacar una crisis creada por él mismo. La Fiscalía anunció en abril una estrategia de “tolerancia cero” en la frontera que implicaba presentar cargos penales contra cualquier adulto que entrara ilegalmente a EE UU. Si viajaban con niños, como los menores no pueden ser encarcelados, eran segregados de sus padres. Se les trasladaba a un albergue de Servicios Sociales donde permanecían hasta que se encontrara una familia de acogida. Los adultos eran trasladados a centros de detención para inmigrantes o a cárceles federales.
A los seis días de la rectificación de Trump, la primera en su presidencia, el juez Sabraw obligó al Gobierno a reunificar a los inmigrantes bajo un estricto plazo. El proceso judicial ha expuesto con crudeza cómo las autoridades carecían de un plan preciso para reagrupar a las familias o incluso saber dónde estaban padres e hijos.
