Sala Penal del TSJ resuelve recomendar el enjuiciamiento de Mesa por Quiborax

Se deberá remitir la decisión a la Sala Plena para que esta instancia envíe el legajo a la Asamblea Legislativa donde se debe autorizar o no el juicio.

ANF
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia resolvió la apertura de juicio de responsabilidades contra el expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa por el caso Quiborax.


La Sala Penal recomendó el juicio de responsabilidades contra del exmandatario por encontrar suficientes elementos en el requerimiento acusatorio del Ministerio Público, que lo denunció por el presunto delito de daño económico al Estado.

ANF conoció que los magistrados que conforman la Sala Penal resolvieron enviar su decisión a la Sala Plena instancia que deberá aprobar y enviar el expediente a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que autorice o no el juicio contra Mesa.

“Lo que hizo el Ministerio Público en estos 30 días, tal cual establece el procedimiento, fue la acumulación de antecedentes en el presente caso. Ahora hemos presentando este requerimiento acusatorio ante la Sala Penal que a su vez pondrá a consideración de Sala Plena para que sea elevada a la Asamblea Legislativa Plurinacional”, dijo el fiscal, Ramiro Guerrero el pasado 9 de julio.

El proceso se activó a denuncia del Procurador General del Estado, Pablo Menacho, quien pocos días después que la CIADI dictó su fallo que determinó la derrota jurídica del Estado, planteó la denuncia contra Mesa y otros de sus excolaboradores.

El Estado boliviano tuvo que pagar el millonario monto de 42,6 millones de dólares, en un juicio internacional que duró más de una década, la mayor parte del proceso estuvo en manos de la administración del presidente Evo Morales, es decir la defensa de los intereses del Estado.



Mientras el Gobierno ha señalado a Mesa como el principal responsable de la demanda internacional, el exmandatario ha retrucado señalando a los ministros de Justicia, Héctor Arce; de Minería, César Navarro y al Procurador como los autores de una “pésima” defensa de los intereses del Estado.

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