Quiborax: Fiscalía emite requerimiento acusatorio contra Carlos Mesa
El expresidente de Bolivia deberá hacer frente a un juicio de responsabilidades por la reversión de concesiones mineras. Bolivia tuvo que pagar 42,6 millones de dólares a la firma con capitales chilenos
Jesús Reynaldo Alanoca Paco
El Deber
La Fiscalía General del Estado emitió un requerimiento acusatorio contra el expresidente, Carlos Mesa, por el caso Quiborax. El también vocero de la causa marítima irá a un juicio de responsabilidades una vez que se cumplan las formalidades entre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Al filo del plazo, a las 16:45 de este lunes, el Ministerio Público comunicó que encontró los indicios necesarios para que se someta al exmandatario a un proceso judicial por la reversión de las concesiones mineras de la firma, con capitales chilenos, durante su Gobierno. La proposición acusatoria fue presentada por la Procuraduría General.
"Lo que corresponde ahora, una vez que hemos presentado este requerimiento acusatorio, (es que) la Sala Plena tendrá que remitirlo a la Asamblea Legislativa, y esta, por dos tercios de voto, deberá autorizar el proceso penal y recién, una vez que se devuelva y si es que se autoriza, es cuando realmente inicia el proceso de investigación", aseveró en conferencia de prensa en la ciudad de Sucre el titular del Ministerio Público, Ramiro Guerrero.
Bolivia fue derrotada en un laudo arbitral iniciado por la transnacional, situación por la que el Estado tuvo que erogar 42,6 millones de dólares. El Gobierno sostiene que la causa del fallo adverso fue la forma en la que se realizó la nacionalización, sin la existencia de auditorías e incumpliendo de la norma vigente en el país.
Mientras que Mesa atribuye el hecho a la "pésima" defensa del Estado y considera que le quieren "endilgar el muerto". Considera que la entera responsabilidad recae en los ministros de Justicia y de Minería, Héctor Arce y César Navarro, respectivamente; el Procurador General del Estado, Pablo Menacho; y la extitular Elizabeth Arismendi.
El exmandatario es sindicado por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes; y conducta antieconómica por la forma en la que expulsó en 2004 a Quiborax, consorcio chileno que operaba en el salar de Uyuni.
El expresidente, desde hace 30 días, presentó seis memoriales para que se desestime la proposición acusatoria de la Procuraduría, incluso argumentando la prescripción del caso, pero ninguno tuvo efecto y la Fiscalía avala el inicio del juicio de responsabilidades.
El Deber
La Fiscalía General del Estado emitió un requerimiento acusatorio contra el expresidente, Carlos Mesa, por el caso Quiborax. El también vocero de la causa marítima irá a un juicio de responsabilidades una vez que se cumplan las formalidades entre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Al filo del plazo, a las 16:45 de este lunes, el Ministerio Público comunicó que encontró los indicios necesarios para que se someta al exmandatario a un proceso judicial por la reversión de las concesiones mineras de la firma, con capitales chilenos, durante su Gobierno. La proposición acusatoria fue presentada por la Procuraduría General.
"Lo que corresponde ahora, una vez que hemos presentado este requerimiento acusatorio, (es que) la Sala Plena tendrá que remitirlo a la Asamblea Legislativa, y esta, por dos tercios de voto, deberá autorizar el proceso penal y recién, una vez que se devuelva y si es que se autoriza, es cuando realmente inicia el proceso de investigación", aseveró en conferencia de prensa en la ciudad de Sucre el titular del Ministerio Público, Ramiro Guerrero.
Bolivia fue derrotada en un laudo arbitral iniciado por la transnacional, situación por la que el Estado tuvo que erogar 42,6 millones de dólares. El Gobierno sostiene que la causa del fallo adverso fue la forma en la que se realizó la nacionalización, sin la existencia de auditorías e incumpliendo de la norma vigente en el país.
Mientras que Mesa atribuye el hecho a la "pésima" defensa del Estado y considera que le quieren "endilgar el muerto". Considera que la entera responsabilidad recae en los ministros de Justicia y de Minería, Héctor Arce y César Navarro, respectivamente; el Procurador General del Estado, Pablo Menacho; y la extitular Elizabeth Arismendi.
El exmandatario es sindicado por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes; y conducta antieconómica por la forma en la que expulsó en 2004 a Quiborax, consorcio chileno que operaba en el salar de Uyuni.
El expresidente, desde hace 30 días, presentó seis memoriales para que se desestime la proposición acusatoria de la Procuraduría, incluso argumentando la prescripción del caso, pero ninguno tuvo efecto y la Fiscalía avala el inicio del juicio de responsabilidades.
