Proyecto de ley sanciona con 6 años de cárcel cambio de IMEI en celulares

La Paz, Erbol
El diputado Edgar Montaño (MAS) informó este martes que hay un acuerdo entre las operadores telefónicas, autoridades del Órgano Legislativo y Ejecutivo para impulsar el proyecto de ley corta que sanciona con 1 a 6 años de cárcel, a los técnicos que cambien el IMEI de los celulares robados o extraviados.
Explicó que el acuerdo implica diferenciar claramente que el cambio de la Identidad Internacional de Equipo Móvil (IMEI por sus siglas en inglés) es un delito porque es igual a cambiar el chasis de un automóvil y, por tanto, la sanción debe ajustarse a la normativa vigente.


Sin embargo el “flasheo” está libre de tipificación porque es considerado un servicio a la sociedad destinado a mejorar el sistema operativo y eliminar el virus del celular.

Montaño indicó que el robo con arma de fuego o con arma blanca, por parte de un delincuente, sería sancionado con 30 años de presidio, pero aún este aspecto es consultado con asesores de la Cámara de Diputados donde se gesta el proyecto de ley corta.

Estimó que hasta el jueves será puesto en conocimiento de la presidencia de la Cámara de Diputados para que sea tramitada de acuerdo al procedimiento legislativo y de esta manera sea sancionado el remarcado de celulares.

Indicó que por tercera vez el proyecto de ley fue socializado con las operadoras telefónicas Entel, Viva, Telecel, ATT, Comteco, Cotas, AXS, Viceministerio de Telecomunicaciones, Aduana Nacional, Impuestos Nacionales y el Comando General de la Policía Boliviana.

“Hemos determinado que será un aporte de todas las instituciones para crear seguridad ciudadana y evitar el robo de celulares y obviamente en el cambio del IMEI que viene desde fabricación”, manifestó el diputado proyectista.

Señaló que su proyecto es diferente al Decreto Supremo 353 del 4 de noviembre de 2009, que establece mecanismos para el control de la comercialización y activación de celulares robados, hurtados y/o extraviados, como parte de las acciones de seguridad ciudadana a ser desarrolladas entre las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil.