Mueller imputa a 12 agentes de inteligencia rusos por el pirateo a la campaña de Clinton
El Departamento de Justicia destaca que no hay pruebas de que la maniobra “afectara al resultado” de las elecciones que ganó Trump
Joan Faus
Washington, El País
El fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller, imputó este viernes a 12 oficiales de la agencia militar de inteligencia rusa acusados de robar y divulgar documentos de la campaña de la demócrata Hillary Clinton con el objetivo de “interferir” en las elecciones estadounidenses de 2016. También están acusados de sustraer información personal de 500.000 votantes, pero no hay pruebas de que sus acciones influyeran en el resultado de los comicios que ganó el republicano Donald Trump. La nueva acusación se conoce tres días antes de la reunión en Finlandia del presidente estadounidense con su homólogo ruso, Vladímir Putin.
Es la primera imputación de Mueller que implica directamente al Gobierno ruso. Trump lleva meses tratando de descalificar la investigación del fiscal especial, que indaga en si hubo coordinación entre el equipo del republicano y la injerencia electoral rusa, y si una vez en la Casa Blanca el mandatario pudo cometer un delito de obstrucción a la justicia. Trump, que apenas critica a Putin, dice sufrir una “caza de brujas”, como volvió a repetir este viernes en Reino Unido. Y ha evitado reconocer con rotundidad la conclusión de las agencias de inteligencia estadounidenses de que Moscú llevó a cabo una sofisticada estrategia -con la difusión de información robada y de propaganda- para interferir en la campaña de 2016 con el objetivo de ayudarle a ganar los comicios. Rusia lo niega.
“El objetivo de la conspiración era piratear ordenadores de personas y entidades estadounidenses involucradas en la elección presidencial en EE UU de 2016, robar documentos de esos ordenadores y organizar la difusión de los documentos robados para interferir en la elección presidencial”, se lee en el escrito de imputación de Mueller.
Los imputados, que presumiblemente residen en Rusia, están acusados de delitos informáticos, robo de identidad y lavado de dinero. Los agentes de la rama de inteligencia militar rusa, conocida por las siglas GRU, utilizaron servidores en EE UU, crearon dos perfiles falsos en Internet con los que se comunicaron con ciudadanos estadounidenses, uno de ellos cercano a la campaña de Trump, y divulgaron la información robada. Gran parte de los correos sustraídos los publicó Wikileaks, que no es mencionada por nombre en el escrito judicial. Entre julio y octubre de 2016, difundió 50.000 documentos.
Sin embargo, el fiscal general adjunto del Departamento de Justicia, Rod Rosenstein, que fue quien designó a Mueller en 2017, destacó un matiz relevante durante el anuncio de la imputación: “No hay ninguna alegación de que un ciudadano estadounidense cometiera un delito, ni de que se afectaran los resultados electorales”, subrayó. “No hay ninguna alegación de que hubiera estadounidenses que supieran que estaban hablando con oficiales rusos”, agregó. Eso descarta, por ahora, la posibilidad de una coordinación clara entre ciudadanos rusos y estadounidenses, tal como ha insistido Trump.
Alivio en la Casa Blanca
La Casa Blanca se aferró a esa realidad para defender la inocencia del presidente, que conoció hace unos días la nueva imputación. “Los cargos no incluyen acusaciones de involucración consciente de alguien de la campaña y de que el presunto pirateo afectara al resultado de la elección. Esto es consistente con lo que hemos estado diciendo”, afirmó el portavoz Lindsay Waters.
Sin embargo, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, le pidió a Trump que cancelara su encuentro con Putin el lunes en Helsinki. “Estas acusaciones son una prueba más de lo que todo el mundo parece entender excepto el presidente: Putin es un adversario que interfirió en nuestras elecciones para ayudar a ganar a Trump”, dijo.
En su primer año de pesquisas, Mueller ha presentado cargos contra 32 personas (25 de ellas rusas) y tres empresas, se ha condenado a una, ha interrogado a buena parte del entorno de Trump, ha confirmado la intromisión electoral rusa, y ha logrado que tres exasesores del mandatario se declaren culpables de delitos ajenos a Trump y cooperen con la investigación. De fondo, se sigue librando la mayor incógnita de su partida de ajedrez: si Trump accederá a ser interrogado. Una vez concluya su informe, si halla presuntos delitos por parte del presidente, Mueller podría tratar de imputarlo o dejar en manos del Congreso cualquier decisión sobre un hipotético proceso de destitución.
El nuevo escrito de imputación del fiscal especial permite conocer con exactitud cómo operaban las unidades de la inteligencia militar rusa, que también lograron infiltrarse en juntas electorales de Estados y pocos días antes de los comicios intentaron hacerlo en organizaciones de Florida que administran elecciones. Coordinados desde la sede central del GRU en Rusia, los piratas informáticos consiguieron en marzo de 2016 robar alrededor de 50.000 correos electrónicos de John Podesta, el presidente de la campaña de Clinton.
Eso les dio acceso a una setentena de cuentas de email de miembros de la campaña y más adelante les abrió la puerta a poder controlar, como si estuvieran dentro, hasta 33 ordenadores del Comité Nacional Demócrata. La información que sustraían la enviaban a servidores que tenían alquilados en EE UU y luego crearon dos páginas web, con identidades falsas, para distribuirla. Financiaron sus operaciones con criptomonedas para evitar el mayor escrutinio de los bancos tradicionales.
Washington, El País
El fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller, imputó este viernes a 12 oficiales de la agencia militar de inteligencia rusa acusados de robar y divulgar documentos de la campaña de la demócrata Hillary Clinton con el objetivo de “interferir” en las elecciones estadounidenses de 2016. También están acusados de sustraer información personal de 500.000 votantes, pero no hay pruebas de que sus acciones influyeran en el resultado de los comicios que ganó el republicano Donald Trump. La nueva acusación se conoce tres días antes de la reunión en Finlandia del presidente estadounidense con su homólogo ruso, Vladímir Putin.
Es la primera imputación de Mueller que implica directamente al Gobierno ruso. Trump lleva meses tratando de descalificar la investigación del fiscal especial, que indaga en si hubo coordinación entre el equipo del republicano y la injerencia electoral rusa, y si una vez en la Casa Blanca el mandatario pudo cometer un delito de obstrucción a la justicia. Trump, que apenas critica a Putin, dice sufrir una “caza de brujas”, como volvió a repetir este viernes en Reino Unido. Y ha evitado reconocer con rotundidad la conclusión de las agencias de inteligencia estadounidenses de que Moscú llevó a cabo una sofisticada estrategia -con la difusión de información robada y de propaganda- para interferir en la campaña de 2016 con el objetivo de ayudarle a ganar los comicios. Rusia lo niega.
“El objetivo de la conspiración era piratear ordenadores de personas y entidades estadounidenses involucradas en la elección presidencial en EE UU de 2016, robar documentos de esos ordenadores y organizar la difusión de los documentos robados para interferir en la elección presidencial”, se lee en el escrito de imputación de Mueller.
Los imputados, que presumiblemente residen en Rusia, están acusados de delitos informáticos, robo de identidad y lavado de dinero. Los agentes de la rama de inteligencia militar rusa, conocida por las siglas GRU, utilizaron servidores en EE UU, crearon dos perfiles falsos en Internet con los que se comunicaron con ciudadanos estadounidenses, uno de ellos cercano a la campaña de Trump, y divulgaron la información robada. Gran parte de los correos sustraídos los publicó Wikileaks, que no es mencionada por nombre en el escrito judicial. Entre julio y octubre de 2016, difundió 50.000 documentos.
Sin embargo, el fiscal general adjunto del Departamento de Justicia, Rod Rosenstein, que fue quien designó a Mueller en 2017, destacó un matiz relevante durante el anuncio de la imputación: “No hay ninguna alegación de que un ciudadano estadounidense cometiera un delito, ni de que se afectaran los resultados electorales”, subrayó. “No hay ninguna alegación de que hubiera estadounidenses que supieran que estaban hablando con oficiales rusos”, agregó. Eso descarta, por ahora, la posibilidad de una coordinación clara entre ciudadanos rusos y estadounidenses, tal como ha insistido Trump.
Alivio en la Casa Blanca
La Casa Blanca se aferró a esa realidad para defender la inocencia del presidente, que conoció hace unos días la nueva imputación. “Los cargos no incluyen acusaciones de involucración consciente de alguien de la campaña y de que el presunto pirateo afectara al resultado de la elección. Esto es consistente con lo que hemos estado diciendo”, afirmó el portavoz Lindsay Waters.
Sin embargo, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, le pidió a Trump que cancelara su encuentro con Putin el lunes en Helsinki. “Estas acusaciones son una prueba más de lo que todo el mundo parece entender excepto el presidente: Putin es un adversario que interfirió en nuestras elecciones para ayudar a ganar a Trump”, dijo.
En su primer año de pesquisas, Mueller ha presentado cargos contra 32 personas (25 de ellas rusas) y tres empresas, se ha condenado a una, ha interrogado a buena parte del entorno de Trump, ha confirmado la intromisión electoral rusa, y ha logrado que tres exasesores del mandatario se declaren culpables de delitos ajenos a Trump y cooperen con la investigación. De fondo, se sigue librando la mayor incógnita de su partida de ajedrez: si Trump accederá a ser interrogado. Una vez concluya su informe, si halla presuntos delitos por parte del presidente, Mueller podría tratar de imputarlo o dejar en manos del Congreso cualquier decisión sobre un hipotético proceso de destitución.
El nuevo escrito de imputación del fiscal especial permite conocer con exactitud cómo operaban las unidades de la inteligencia militar rusa, que también lograron infiltrarse en juntas electorales de Estados y pocos días antes de los comicios intentaron hacerlo en organizaciones de Florida que administran elecciones. Coordinados desde la sede central del GRU en Rusia, los piratas informáticos consiguieron en marzo de 2016 robar alrededor de 50.000 correos electrónicos de John Podesta, el presidente de la campaña de Clinton.
Eso les dio acceso a una setentena de cuentas de email de miembros de la campaña y más adelante les abrió la puerta a poder controlar, como si estuvieran dentro, hasta 33 ordenadores del Comité Nacional Demócrata. La información que sustraían la enviaban a servidores que tenían alquilados en EE UU y luego crearon dos páginas web, con identidades falsas, para distribuirla. Financiaron sus operaciones con criptomonedas para evitar el mayor escrutinio de los bancos tradicionales.
