Mesa y fiscal interpretan de forma opuesta la declaración de Veltzé
Mesa explicó que la decisión de Rodríguez Veltzé de abrogar su decreto 27589 de junio de 2004, se debió a que usó el término “revocar” en lugar de “anular”.
Beatriz Layme / La Paz
El expresidente Carlos Mesa y el fiscal general Ramiro Guerrero interpretaron de forma opuesta las declaraciones que dio el exmandatario Eduardo Rodríguez Veltzé ante el Ministerio Público por el caso Quiborax.
Rodríguez Veltzé, ahora agente de Bolivia por la causa marítima en La Haya, afirmó que durante su gobierno “se concentró en restablecer el principio de legalidad” y por ello en 2005 emitió el Decreto Supremo 28527 que abroga el Decreto Supremo 27589 de Mesa, porque “la norma jurídica abrogada adolece de deficiencias jurídicas insubsanables, porque el Código de Minería no prevé la revocatoria de concesiones mineras”.
Agregó que su gobierno “no ingresó al mérito de las razones por las que se dispuso la nulidad de las concesiones, cumplió con el deber administrativo de sanear los procedimientos en resguardo del principio de legalidad que garantiza el sometimiento de autoridades y administrados al orden legal”.
En criterio de Guerrero, esa declaración “es más lapidaria para Mesa, porque Rodríguez Veltzé establece claramente que emitió un decreto subsanando lo mal que se había hecho, corrigiendo la ilegalidad que había cometido (Mesa)” y por tanto -dijo- todos esos antecedentes serán incorporado a la investigación, una vez que la Asamblea Legislativa autorice el juicio de responsabilidades.
Mesa, por su parte, sostuvo que la decisión de Rodríguez Veltzé de abrogar su decreto (27589) se debió a que usó el término “revocar” en lugar de “anular”. Pero lo importante, afirmó Mesa, es que el también embajador de Bolivia ante los Países Bajos, “reconoce algo fundamental, que en mi gobierno la Superintendencia de Minas el 28 de octubre de 2004, apegada estrictamente a derecho a través del Código de Minería, anuló las concesiones de la Empresa Non Metallic Minerals (NMM), saneando la forma de mi decreto 27589”.
Mesa y Rodríguez
El diputado del MAS Lino Cárdenas manifestó que Mesa no debe equivocarse porque cuando emitió su decreto el 23 de junio de 2004, dio 30 días a la empresa para que entregue sus concesiones y accesorios a la Prefectura de Potosí, y el 23 de julio la firma así lo hizo.
“Entonces Mesa ejecutó su decreto y ante ese acto desastroso, Rodríguez restablece el principio de legalidad para mostrar a Bolivia ante el mundo que somos un país que nos movemos en un Estado de derecho”, explicó Cárdenas, quien dijo que Mesa ahora debe responder por sus acciones ante la justicia.
El jefe de bancada de UD, el diputado Gonzalo Barrientos, señaló que Rodríguez Veltzé debe ser incluido en el proceso porque “emitió un decreto que respalda la nulidad de las concesiones otorgadas a Quiborax”.
Oficializan denuncia contra fiscal Blanco
Tres diputados de oposición presentaron en Sucre una denuncia contra el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, por desistir del juicio contra el chileno Allan Fosck, que utilizó un documento falso para procesar a Bolivia por el caso Quiborax.
La denuncia fue planteada también contra los ministros de Justicia, Héctor Arce, y de Minería, César Navarro; el procurador general del Estado, Pablo Menacho; la exministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi; y la exsubprocuradora, Carmiña Llorenti.
El expresidente Carlos Mesa y el fiscal general Ramiro Guerrero interpretaron de forma opuesta las declaraciones que dio el exmandatario Eduardo Rodríguez Veltzé ante el Ministerio Público por el caso Quiborax.
Rodríguez Veltzé, ahora agente de Bolivia por la causa marítima en La Haya, afirmó que durante su gobierno “se concentró en restablecer el principio de legalidad” y por ello en 2005 emitió el Decreto Supremo 28527 que abroga el Decreto Supremo 27589 de Mesa, porque “la norma jurídica abrogada adolece de deficiencias jurídicas insubsanables, porque el Código de Minería no prevé la revocatoria de concesiones mineras”.
Agregó que su gobierno “no ingresó al mérito de las razones por las que se dispuso la nulidad de las concesiones, cumplió con el deber administrativo de sanear los procedimientos en resguardo del principio de legalidad que garantiza el sometimiento de autoridades y administrados al orden legal”.
En criterio de Guerrero, esa declaración “es más lapidaria para Mesa, porque Rodríguez Veltzé establece claramente que emitió un decreto subsanando lo mal que se había hecho, corrigiendo la ilegalidad que había cometido (Mesa)” y por tanto -dijo- todos esos antecedentes serán incorporado a la investigación, una vez que la Asamblea Legislativa autorice el juicio de responsabilidades.
Mesa, por su parte, sostuvo que la decisión de Rodríguez Veltzé de abrogar su decreto (27589) se debió a que usó el término “revocar” en lugar de “anular”. Pero lo importante, afirmó Mesa, es que el también embajador de Bolivia ante los Países Bajos, “reconoce algo fundamental, que en mi gobierno la Superintendencia de Minas el 28 de octubre de 2004, apegada estrictamente a derecho a través del Código de Minería, anuló las concesiones de la Empresa Non Metallic Minerals (NMM), saneando la forma de mi decreto 27589”.
Mesa y Rodríguez
El diputado del MAS Lino Cárdenas manifestó que Mesa no debe equivocarse porque cuando emitió su decreto el 23 de junio de 2004, dio 30 días a la empresa para que entregue sus concesiones y accesorios a la Prefectura de Potosí, y el 23 de julio la firma así lo hizo.
“Entonces Mesa ejecutó su decreto y ante ese acto desastroso, Rodríguez restablece el principio de legalidad para mostrar a Bolivia ante el mundo que somos un país que nos movemos en un Estado de derecho”, explicó Cárdenas, quien dijo que Mesa ahora debe responder por sus acciones ante la justicia.
El jefe de bancada de UD, el diputado Gonzalo Barrientos, señaló que Rodríguez Veltzé debe ser incluido en el proceso porque “emitió un decreto que respalda la nulidad de las concesiones otorgadas a Quiborax”.
Oficializan denuncia contra fiscal Blanco
Tres diputados de oposición presentaron en Sucre una denuncia contra el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, por desistir del juicio contra el chileno Allan Fosck, que utilizó un documento falso para procesar a Bolivia por el caso Quiborax.
La denuncia fue planteada también contra los ministros de Justicia, Héctor Arce, y de Minería, César Navarro; el procurador general del Estado, Pablo Menacho; la exministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi; y la exsubprocuradora, Carmiña Llorenti.
