Mesa pide reactivar juicio a Quiborax para que repare el daño económico

La Paz, Erbol
Carlos Mesa solicitó a la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP) hacer gestiones para reactivar el proceso penal contra representantes de Quiborax por falsificación, con el objetivo de que reparen el daño económico causado al Estado en este caso.
El pedido de Mesa surge después de saberse que la AEMP desistió del proceso penal contra Allan Fosk y otros representantes de Quiborax, poco antes de que la Procuraduría firmó en acuerdo con la empresa chilena para pagarle 42,6 millones de dólares de indemnización por quitarle su adjudicación en la explotación de ulexita.


El expresidente sostiene la Procuraduría hizo una pésima defensa de Bolivia en este litigio, porque permitió que se abra un arbitraje internacional sobre la base de un acta falsificada, con la cual Quiborax cambió su status de ser empresa boliviana a ser chilena.

El proceso penal por falsificación contra Quiborax ya tuvo un condenado, David Moscoso, quien admitió su culpa y fue sentenciado a dos años de cárcel, aunque se benefició del perdón judicial.

Mesa cuestionó que la AEMP y la Fiscalía se hayan retirado del juicio contra los restantes acusados de Quiborax, tomando en cuenta que ya hubo un condenado que admitió la culpa.

La Procuraduría argumentó que el tribunal de arbitraje emitió una medida cautelar para levantar los procesos contra Quiborax, sin embargo, Mesa aseveró que el laudo no obliga a Bolivia a extinguir ningún proceso penal.

El expresidente sostuvo en su carta a la AEMP que con la condena a Moscoso so comprueba “el perjuicio causado a Bolivia como efecto de los delitos de falsificación y uso de documento falsificado, consistió en forzar delictivamente la realización de este proceso arbitral”.

Señaló que en la sentencia a Moscoso se permiten acciones judiciales complementarias para recuperar el daño económico causado por el arbitraje, sin embargo, eso no es posible si se levanta el juicio a Quiborax.

En ese entendido, Mesa pidió a la AEMP que, en preservación de los intereses del Estado, tiene que dejar sin efecto su desistimiento de la acusación particular, impugnar la resolución judicial de absolución a los representantes de Quiborax, continuar con la acusación particular y adoptar todas las medidas judiciales convenientes para que David Moscoso, Allan Fosk y los restantes coprocesados reparen el daño económico.

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