Mesa denuncia que la interpelación a ministros fue la apertura de un juicio en su contra
Advirtió que en la interpelación los ministros de Justicia y Minería no hicieron referencia a la nulidad de las concesiones mineras a Quiborax. Ratificó que la defensa de los intereses del Estado fue “pésima”, “errada” y “mala” por el Gobierno.
Página Siete Digital / La Paz
El expresidente y vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, denunció este miércoles que la interpelación a dos ministros, por el cuestionado pago de 42,6 millones de dólares a la chilena Quiborax, en el Legislativo, con mayoría masista, le pereció el inicio de la apertura de un juicio en su contra.
“Lo que hoy parecía (es) haber asistido a la apertura de una acusación de un juicio de responsabilidades de Carlos Mesa, cuando todavía el Fiscal General del Estado no ha tomado una decisión, hoy lo ha dicho claramente tomará una decisión el 9 de julio, faltan algunos días, y este acto parecía la apertura de la acusación de la Asamblea Legislativa en mi contra”, sostuvo Mesa a su salida de la denominada interpelación realizada por el oficialismo a los ministros de Justicia, Héctor Arce, y de Minería, César Navarro, en la Asamblea Legislativa.
El ex Jefe de Estado refutó el informe de los dos ministros durante la interpelación a la que calificó de “autocomplaciente” y ratificó que la defensa de los intereses del Estado en el caso Quiborax fue “pésima”, “errada” y “mala” por parte del Gobierno.
El exmandatario llegó a la Asamblea Legislativa de manera sorpresiva para conocer la información que brindaron Arce y Navarro durante la interpelación solicitada por los diputados del MAS: Víctor Borda y Betty Yañíquez.
Los parlamentarios oficialistas se reunieron el martes con el procurador general del Estado, Pablo Menacho. La reunión se realizó a puertas cerradas en la Vicepresidencia, en cumplimiento de un comunicado oficial y con resguardo policial que impidió el ingreso de la prensa. Borda dijo, entonces, que Menacho asistió a la reunión para informar sobre actividades y procesos generales y que “de manera circunstancial” se habló del caso Quiborax.
Ministros no dijeron todo
Mesa, que tuvo algunos inconvenientes a su ingreso al Legislativo, afirmó que los ministros en la interpelación no hicieron referencia a la nulidad de las concesiones mineras de la empresa chilena que se hizo en su gobierno y tampoco mencionaron el decreto promulgado en el gobierno del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, (2005-20006) que ratificó la reversión. "En nuestro gobierno, estableció la Superintendencia de Minas la nulidad de las concesiones por los vicios de origen, porque las concesiones se habían dado de manera inadecuada, incorrecta, este documento no fue parte de la defensa de Bolivia", agregó.
La interpelación a los ministros Arce y Navarro concluyó con un voto de confianza de los asambleístas masistas. "#ALP aprueba orden del día puro y simple y emite voto de confianza a los ministros", señala un mensaje de la Cámara de Senadores en su cuenta oficial en Twitter.
Mesa afronta ante la Fiscalía General un proceso planteado por la Procuraduría General del Estado bajo el argumento de la existencia de errores en la reversión de los intereses de la chilena Quiborax, que derivó en el pago de una indemnización de 42,6 millones de dólares por parte del Estado boliviano.
El expresidente y vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, denunció este miércoles que la interpelación a dos ministros, por el cuestionado pago de 42,6 millones de dólares a la chilena Quiborax, en el Legislativo, con mayoría masista, le pereció el inicio de la apertura de un juicio en su contra.
“Lo que hoy parecía (es) haber asistido a la apertura de una acusación de un juicio de responsabilidades de Carlos Mesa, cuando todavía el Fiscal General del Estado no ha tomado una decisión, hoy lo ha dicho claramente tomará una decisión el 9 de julio, faltan algunos días, y este acto parecía la apertura de la acusación de la Asamblea Legislativa en mi contra”, sostuvo Mesa a su salida de la denominada interpelación realizada por el oficialismo a los ministros de Justicia, Héctor Arce, y de Minería, César Navarro, en la Asamblea Legislativa.
El ex Jefe de Estado refutó el informe de los dos ministros durante la interpelación a la que calificó de “autocomplaciente” y ratificó que la defensa de los intereses del Estado en el caso Quiborax fue “pésima”, “errada” y “mala” por parte del Gobierno.
El exmandatario llegó a la Asamblea Legislativa de manera sorpresiva para conocer la información que brindaron Arce y Navarro durante la interpelación solicitada por los diputados del MAS: Víctor Borda y Betty Yañíquez.
Los parlamentarios oficialistas se reunieron el martes con el procurador general del Estado, Pablo Menacho. La reunión se realizó a puertas cerradas en la Vicepresidencia, en cumplimiento de un comunicado oficial y con resguardo policial que impidió el ingreso de la prensa. Borda dijo, entonces, que Menacho asistió a la reunión para informar sobre actividades y procesos generales y que “de manera circunstancial” se habló del caso Quiborax.
Ministros no dijeron todo
Mesa, que tuvo algunos inconvenientes a su ingreso al Legislativo, afirmó que los ministros en la interpelación no hicieron referencia a la nulidad de las concesiones mineras de la empresa chilena que se hizo en su gobierno y tampoco mencionaron el decreto promulgado en el gobierno del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, (2005-20006) que ratificó la reversión. "En nuestro gobierno, estableció la Superintendencia de Minas la nulidad de las concesiones por los vicios de origen, porque las concesiones se habían dado de manera inadecuada, incorrecta, este documento no fue parte de la defensa de Bolivia", agregó.
La interpelación a los ministros Arce y Navarro concluyó con un voto de confianza de los asambleístas masistas. "#ALP aprueba orden del día puro y simple y emite voto de confianza a los ministros", señala un mensaje de la Cámara de Senadores en su cuenta oficial en Twitter.
Mesa afronta ante la Fiscalía General un proceso planteado por la Procuraduría General del Estado bajo el argumento de la existencia de errores en la reversión de los intereses de la chilena Quiborax, que derivó en el pago de una indemnización de 42,6 millones de dólares por parte del Estado boliviano.
