Los cuatro meses de silencio de un crimen político en Brasil
El asesinato de la concejal y activista Marielle Franco en Río de Janeiro sigue sin esclarecerse mientras distintas ONG apuntan a paramilitares
Felipe Betim
São Paulo, El País
El brutal asesinato de la concejal brasileña y activista por los derechos humanos Marielle Franco, y el de Anderson Gomes, el chófer que iba con ella, cumplió cuatro meses el pasado sábado 14 de julio sin que se sepa todavía quien les mató. Se sospechó desde el principio que los agentes policiales que formaban parte de la milicia de Río de Janeiro —grupos paramilitares que controlan territorios y servicios— hubieran estado involucrados en el asesinato. Las investigaciones de la Policía Civil de Río siguen bajo un sigilo absoluto, sobre todo después de que la prensa filtrara un testimonio que acusaba a otro concejal y un miliciano.
Franco tenía 38 años, era negra, lesbiana, feminista y había nacido y crecido en la favela de Maré, una de las más grandes de Río. Luchaba contra la política violenta de guerra a las drogas que todos los días acaba con la vida de jóvenes, sobre todo negros, en las periferias del país. También exigía el fin de la intervención federal y militar decretada por el presidente Michel Temer en Río, que dio más poderes a la policía para matar impunemente en nombre de la lucha contra el narcotráfico.
En la noche del pasado 14 de marzo, viajaba en un coche con su conductor y una asesora después de intervenir en un acto por los derechos de las mujeres negras en el centro de Río de Janeiro. Pocos minutos después, otro automóvil se puso a su lado. Nueve disparos de los asesinos la alcanzaron por la ventanilla de atrás del coche y mataron también a Gomes. La asesora, que estaba a su lado, fue preservada. La presión para que el crimen se desvelara empezó un día después del suceso, cuando cientos de miles de personas ocuparon las calles de Río y otras capitales brasileñas. Pese a toda la conmoción que el caso Marielle ha generado, siempre ha existido la comprensión de que se trata de un crimen complejo, hecho por profesionales, y que la resolución tardaría. Los familiares y amigos de las víctimas han respaldado a los investigadores, pero, ante un desierto informativo, aumenta la impaciencia y la angustia.
La presión sobre la Policía Civil se intensificó en las últimas semanas. Amnistía Internacional (AI) propuso que se creara una comisión externa, formada por expertos y juristas, que puedan acceder a las investigaciones y acompañarlas desde cerca. La Cámara de los Diputados ya formó una comisión, pero la ONG ve la necesidad de un mecanismo de control que esté fuera del aparato estatal. La preocupación de Amnistía se debe sobre todo al historial de asesinatos de defensores de los derechos humanos en Brasil. El país es uno de los que más activistas mata: en 2017 se contabilizaron 70 ejecuciones de unas 312 en todo el mundo, según datos de la organización Front Line Defenders. La mayoría de esos asesinatos se produce en el campo, durante los conflictos por la tierra o recursos naturales. “Esos crímenes no suelen ser investigados debido a la negligencia de un Estado que no quiere hacer frente a los intereses de ciertos grupos. Algunos casos incluso tienen la participación directa de la policía”, explica Neder, de Amnistía Internacional.
Jacqueline Muniz, experta en asuntos policiales, cree que el principal reto de la Policía Civil es el tiempo: “En todo el mundo, los delitos de homicidio suelen ser aclarados en menos de un mes, cuando los hechos siguen calientes y los involucrados están más expuestos a la acción policial. Pero cuatro meses después, los rastros se pierden y testigos se dispersan”, explica. Muniz subraya que los homicidios también son los delitos que se dilucidan con más facilidad, debido a una “fuerte intencionalidad”. En todo el mundo, asegura, el 60% de los casos son aclarados. Pero en Brasil, según varios estudios, más del 90% no son esclarecidos o ni siquiera investigados. En el caso de Marielle Franco, el tema es aún más grave por tratarse de un crimen que se configura político.
La política y activista brasileña Marielle Franco en una imagen de noviembre de 2017.
La política y activista brasileña Marielle Franco en una imagen de noviembre de 2017. Mário Vasconcellos EFE
“Estamos cada vez más preocupados y ansiosos. Cada vez que contactamos a la Policía, nos dicen que están avanzando lentamente y que todo es muy complejo. Pero ya es hora de que la sociedad tenga respuestas”, afirma el concejal Tarcísio Motta, compañero de Franco en la Cámara de Río y en el izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), al que la concejal representaba. El diputado regional Marcelo Freixo, mentor político de Franco, con quien trabajó en la Asamblea Legislativa del Estado de Río, suele hablar con los comisarios responsables de la investigación y hace el puente entre ellos y los familiares de las víctimas. Reconoce que la investigación no está parada, aunque admite que está intranquilo. “Más de un equipo investiga el caso. Personas van a testificar y la policía sí está buscando informaciones. Es un crimen muy sofisticado, profesional, no se puede comparar con otros”, argumenta. “No justifico el hecho de que estén tardando, no es un caso fácil. Pero tiene que solucionarse, no hay otra opción”, añade.
Freixo también defiende que las investigaciones sigan sigilosas, aunque sí cree que “quizá falte alguna habilidad” de la Policía Civil “en dejar claro que está llevando a cabo algunas iniciativas”. Para Renata Neder, coordinadora de investigación de Amnistía Internacional, ese sigilo no puede resultar en el silencio de las instituciones y de las autoridades del caso. “Los detalles deben seguir bajo sigilo, pero la jefatura de la Policía Civil, el secretario de Seguridad Pública, el interventor federal de Río [desde febrero, tras una intervención del Gobierno Federal, un general de Ejército está al mando de la seguridad del Estado] y el fiscal general tienen que hablar públicamente y comprometerse en solucionar el caso de la forma correcta”. EL PAÍS intentó sin éxito contactar a los investigadores del caso, mientras la Policía Civil reafirma el sigilo de las investigaciones.
Brasil, sobre todo en Río, tampoco suele investigar los crímenes en los cuales se sospecha de policías. De 220 denuncias hechas en 2011 en Río, 183 seguían sin investigar en 2015, según un estudio de Amnistía Internacional. “No podemos esperar uno o dos años, cuando el crimen ya esté impune, para movilizarnos. Marielle no era solo una activista, también era concejal. Su asesinato fue además un ataque a las instituciones democráticas”, completa Neder.
São Paulo, El País
El brutal asesinato de la concejal brasileña y activista por los derechos humanos Marielle Franco, y el de Anderson Gomes, el chófer que iba con ella, cumplió cuatro meses el pasado sábado 14 de julio sin que se sepa todavía quien les mató. Se sospechó desde el principio que los agentes policiales que formaban parte de la milicia de Río de Janeiro —grupos paramilitares que controlan territorios y servicios— hubieran estado involucrados en el asesinato. Las investigaciones de la Policía Civil de Río siguen bajo un sigilo absoluto, sobre todo después de que la prensa filtrara un testimonio que acusaba a otro concejal y un miliciano.
Franco tenía 38 años, era negra, lesbiana, feminista y había nacido y crecido en la favela de Maré, una de las más grandes de Río. Luchaba contra la política violenta de guerra a las drogas que todos los días acaba con la vida de jóvenes, sobre todo negros, en las periferias del país. También exigía el fin de la intervención federal y militar decretada por el presidente Michel Temer en Río, que dio más poderes a la policía para matar impunemente en nombre de la lucha contra el narcotráfico.
En la noche del pasado 14 de marzo, viajaba en un coche con su conductor y una asesora después de intervenir en un acto por los derechos de las mujeres negras en el centro de Río de Janeiro. Pocos minutos después, otro automóvil se puso a su lado. Nueve disparos de los asesinos la alcanzaron por la ventanilla de atrás del coche y mataron también a Gomes. La asesora, que estaba a su lado, fue preservada. La presión para que el crimen se desvelara empezó un día después del suceso, cuando cientos de miles de personas ocuparon las calles de Río y otras capitales brasileñas. Pese a toda la conmoción que el caso Marielle ha generado, siempre ha existido la comprensión de que se trata de un crimen complejo, hecho por profesionales, y que la resolución tardaría. Los familiares y amigos de las víctimas han respaldado a los investigadores, pero, ante un desierto informativo, aumenta la impaciencia y la angustia.
La presión sobre la Policía Civil se intensificó en las últimas semanas. Amnistía Internacional (AI) propuso que se creara una comisión externa, formada por expertos y juristas, que puedan acceder a las investigaciones y acompañarlas desde cerca. La Cámara de los Diputados ya formó una comisión, pero la ONG ve la necesidad de un mecanismo de control que esté fuera del aparato estatal. La preocupación de Amnistía se debe sobre todo al historial de asesinatos de defensores de los derechos humanos en Brasil. El país es uno de los que más activistas mata: en 2017 se contabilizaron 70 ejecuciones de unas 312 en todo el mundo, según datos de la organización Front Line Defenders. La mayoría de esos asesinatos se produce en el campo, durante los conflictos por la tierra o recursos naturales. “Esos crímenes no suelen ser investigados debido a la negligencia de un Estado que no quiere hacer frente a los intereses de ciertos grupos. Algunos casos incluso tienen la participación directa de la policía”, explica Neder, de Amnistía Internacional.
Jacqueline Muniz, experta en asuntos policiales, cree que el principal reto de la Policía Civil es el tiempo: “En todo el mundo, los delitos de homicidio suelen ser aclarados en menos de un mes, cuando los hechos siguen calientes y los involucrados están más expuestos a la acción policial. Pero cuatro meses después, los rastros se pierden y testigos se dispersan”, explica. Muniz subraya que los homicidios también son los delitos que se dilucidan con más facilidad, debido a una “fuerte intencionalidad”. En todo el mundo, asegura, el 60% de los casos son aclarados. Pero en Brasil, según varios estudios, más del 90% no son esclarecidos o ni siquiera investigados. En el caso de Marielle Franco, el tema es aún más grave por tratarse de un crimen que se configura político.
La política y activista brasileña Marielle Franco en una imagen de noviembre de 2017.
La política y activista brasileña Marielle Franco en una imagen de noviembre de 2017. Mário Vasconcellos EFE
“Estamos cada vez más preocupados y ansiosos. Cada vez que contactamos a la Policía, nos dicen que están avanzando lentamente y que todo es muy complejo. Pero ya es hora de que la sociedad tenga respuestas”, afirma el concejal Tarcísio Motta, compañero de Franco en la Cámara de Río y en el izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), al que la concejal representaba. El diputado regional Marcelo Freixo, mentor político de Franco, con quien trabajó en la Asamblea Legislativa del Estado de Río, suele hablar con los comisarios responsables de la investigación y hace el puente entre ellos y los familiares de las víctimas. Reconoce que la investigación no está parada, aunque admite que está intranquilo. “Más de un equipo investiga el caso. Personas van a testificar y la policía sí está buscando informaciones. Es un crimen muy sofisticado, profesional, no se puede comparar con otros”, argumenta. “No justifico el hecho de que estén tardando, no es un caso fácil. Pero tiene que solucionarse, no hay otra opción”, añade.
Freixo también defiende que las investigaciones sigan sigilosas, aunque sí cree que “quizá falte alguna habilidad” de la Policía Civil “en dejar claro que está llevando a cabo algunas iniciativas”. Para Renata Neder, coordinadora de investigación de Amnistía Internacional, ese sigilo no puede resultar en el silencio de las instituciones y de las autoridades del caso. “Los detalles deben seguir bajo sigilo, pero la jefatura de la Policía Civil, el secretario de Seguridad Pública, el interventor federal de Río [desde febrero, tras una intervención del Gobierno Federal, un general de Ejército está al mando de la seguridad del Estado] y el fiscal general tienen que hablar públicamente y comprometerse en solucionar el caso de la forma correcta”. EL PAÍS intentó sin éxito contactar a los investigadores del caso, mientras la Policía Civil reafirma el sigilo de las investigaciones.
Brasil, sobre todo en Río, tampoco suele investigar los crímenes en los cuales se sospecha de policías. De 220 denuncias hechas en 2011 en Río, 183 seguían sin investigar en 2015, según un estudio de Amnistía Internacional. “No podemos esperar uno o dos años, cuando el crimen ya esté impune, para movilizarnos. Marielle no era solo una activista, también era concejal. Su asesinato fue además un ataque a las instituciones democráticas”, completa Neder.
