EE UU deja a más de 700 niños sin reunir con sus padres inmigrantes
El gobierno de Trump agota el plazo límite fijado por un juez para la reunificación de todas las familias separadas en la frontera y devuelve por ahora a solo unos 1.800 de más de 2.500 menores
Pablo de Llano
Miami, El País
Pese a que un juez fijó este jueves como día límite para la reunificación de más de 2.500 menores separados de sus padres inmigrantes indocumentados en la frontera bajo la política antiinmigración de tolerancia cero, el Gobierno de EE UU ha dejado por el momento a 711 bajo su custodia.
En un documento entregado a la corte que lleva el caso, el Departamento de Justicia ha informado de que hasta la fecha han podido devolver a 1.442 niños y adolescentes a sus padres en centros de detención para inmigrantes. Otros 378 han sido puestos en libertad, según las autoridades, en "otras circunstancias apropiadas": entregados a padres que ya no estaban detenidos o a otros familiares.
El gobierno de Donald Trump afirma que 711 menores no han sido devueltos por ahora porque sus padres no cumplen con los requisitos para una entrega en condiciones seguras. Por diversos motivos: entre ellos, que los vínculos parentales no se habían podido comprobar, que los padres tuviesen antecedentes criminales o una enfermedad infecciosa, que no hubiesen podido ser localizados o que hubiesen sido deportados tras ser separados de sus hijos –caso de al menos 431 padres–.
La gran cantidad de niños que por unas u otras razones siguen sin ser reunificados pasado el plazo judicial es lo más grave de la situación, pero muchas de las familias que han sido reagrupadas también afrontan un panorama muy incierto, pues el gobierno de Trump empuja para poder deportar aprisa a muchos de los padres. El juez del caso, Dana Sabraw, ordenó el 16 de julio que se suspendiese temporalmente la deportación de las familias reunificadas para garantizar que no se vulnerase el derecho de asilo, y su orden sigue vigente, pero el gobierno insistió el martes en la corte en que se revierta esta decisión para poder realizar las deportaciones “inmediatamente”.
La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) reaccionó al día siguiente pidiendo al juez que confirme la suspensión, que estipula que las órdenes de expulsión no se pueden ejecutar hasta al menos siete días después que las familias vuelvan a estar juntas.
En un comunicado, ACLU ha argumentado que ese margen es imprescindible para que los padres puedan ser asesorados por abogados sobre sus derechos y los de sus hijos. Los inmigrantes, según ACLU, está tomando decisiones contraproducentes bajo presión. “[En un caso] agentes de inmigración le dijeron a una madre que quería pedir asilo que, si lo hacía, el proceso tomaría de seis a ocho meses en los que no podría ver a su hija”, ejemplifica la organización. Se menciona también el caso de padres “conducidos a salas con otras 30 o 50 personas” donde tuvieron que tomar “en tan solo unos minutos la decisión de dejar o no a sus hijos en EE UU”.
Entre las familias que han sido reunificadas, “cientos”, informa el diario Los Angeles Times, han quedado en libertad con los adultos pendientes de una cita ante un tribunal de inmigración y por lo general con un localizador electrónico en el tobillo. Otras familias han sido recluidas en centros para familias inmigrantes. Según el diario angelino, se desconoce cuál es el criterio para adoptar una medida u otra. En cualquier caso, el Acuerdo Flores, una norma de 1997, establece que ningún niño puede permanecer en un centro de detención más de 20 días aunque esté con sus padres. El gobierno ha tratado de impugnar este acuerdo para poder retener más tiempo a las familias, pero una juez federal ha rechazado la petición.
Defensores de los derechos de los inmigrantes se manifestaron este jueves en Washington en el Senado por la separación de las familias y el incumplimiento del plazo del juez para su reunificación. “Hay cerca de mil niños que aún no han sido reunidos con sus padres. Cada vez más los congresistas y las empresas muestran su rechazo. No vamos a dejar de presionar”, dijo Jess Morales Rocketto, de la organización Families Belong Togehter, informa Antonia Laborde. La senadora demócrata Catherine Cortez Masto, presente en el acto, negó la idea, expresada por la administración, de que algunos padres “optaron” por abandonar el país sin sus hijos. "Nadie elige separarse, a diferencia de lo que dice esta administración", y exigió al gobierno “un plan de reunificación familiar para los más de 400 padres que han sido deportados”.
La crisis de los menores es producto de la controvertida política de tolerancia cero que anunció en abril la administración Trump y que llevó entre mayo y junio a la masiva separación de padres e hijos inmigrantes en la frontera. La directiz, supuestamente concebida con intención de mostar mano dura y desalentar la inmigración a EE UU, estableció que los indocumentados adultos fuesen procesados penalmente por cruzar sin permiso a EE UU –no por la vía administrativa, como venían haciendo anteriores gobiernos–. Ello provocó la separación de padres e hijos, dado que la ley prohibe que los menores puedan ser internados en prisiones para adultos.
Ante el escándalo provocado por la ruptura de las familias, uno de los más sonados de su mandato, el presidente Trump reculó y el 26 de junio ordenó detener las separaciones.
Miami, El País
Pese a que un juez fijó este jueves como día límite para la reunificación de más de 2.500 menores separados de sus padres inmigrantes indocumentados en la frontera bajo la política antiinmigración de tolerancia cero, el Gobierno de EE UU ha dejado por el momento a 711 bajo su custodia.
En un documento entregado a la corte que lleva el caso, el Departamento de Justicia ha informado de que hasta la fecha han podido devolver a 1.442 niños y adolescentes a sus padres en centros de detención para inmigrantes. Otros 378 han sido puestos en libertad, según las autoridades, en "otras circunstancias apropiadas": entregados a padres que ya no estaban detenidos o a otros familiares.
El gobierno de Donald Trump afirma que 711 menores no han sido devueltos por ahora porque sus padres no cumplen con los requisitos para una entrega en condiciones seguras. Por diversos motivos: entre ellos, que los vínculos parentales no se habían podido comprobar, que los padres tuviesen antecedentes criminales o una enfermedad infecciosa, que no hubiesen podido ser localizados o que hubiesen sido deportados tras ser separados de sus hijos –caso de al menos 431 padres–.
La gran cantidad de niños que por unas u otras razones siguen sin ser reunificados pasado el plazo judicial es lo más grave de la situación, pero muchas de las familias que han sido reagrupadas también afrontan un panorama muy incierto, pues el gobierno de Trump empuja para poder deportar aprisa a muchos de los padres. El juez del caso, Dana Sabraw, ordenó el 16 de julio que se suspendiese temporalmente la deportación de las familias reunificadas para garantizar que no se vulnerase el derecho de asilo, y su orden sigue vigente, pero el gobierno insistió el martes en la corte en que se revierta esta decisión para poder realizar las deportaciones “inmediatamente”.
La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) reaccionó al día siguiente pidiendo al juez que confirme la suspensión, que estipula que las órdenes de expulsión no se pueden ejecutar hasta al menos siete días después que las familias vuelvan a estar juntas.
En un comunicado, ACLU ha argumentado que ese margen es imprescindible para que los padres puedan ser asesorados por abogados sobre sus derechos y los de sus hijos. Los inmigrantes, según ACLU, está tomando decisiones contraproducentes bajo presión. “[En un caso] agentes de inmigración le dijeron a una madre que quería pedir asilo que, si lo hacía, el proceso tomaría de seis a ocho meses en los que no podría ver a su hija”, ejemplifica la organización. Se menciona también el caso de padres “conducidos a salas con otras 30 o 50 personas” donde tuvieron que tomar “en tan solo unos minutos la decisión de dejar o no a sus hijos en EE UU”.
Entre las familias que han sido reunificadas, “cientos”, informa el diario Los Angeles Times, han quedado en libertad con los adultos pendientes de una cita ante un tribunal de inmigración y por lo general con un localizador electrónico en el tobillo. Otras familias han sido recluidas en centros para familias inmigrantes. Según el diario angelino, se desconoce cuál es el criterio para adoptar una medida u otra. En cualquier caso, el Acuerdo Flores, una norma de 1997, establece que ningún niño puede permanecer en un centro de detención más de 20 días aunque esté con sus padres. El gobierno ha tratado de impugnar este acuerdo para poder retener más tiempo a las familias, pero una juez federal ha rechazado la petición.
Defensores de los derechos de los inmigrantes se manifestaron este jueves en Washington en el Senado por la separación de las familias y el incumplimiento del plazo del juez para su reunificación. “Hay cerca de mil niños que aún no han sido reunidos con sus padres. Cada vez más los congresistas y las empresas muestran su rechazo. No vamos a dejar de presionar”, dijo Jess Morales Rocketto, de la organización Families Belong Togehter, informa Antonia Laborde. La senadora demócrata Catherine Cortez Masto, presente en el acto, negó la idea, expresada por la administración, de que algunos padres “optaron” por abandonar el país sin sus hijos. "Nadie elige separarse, a diferencia de lo que dice esta administración", y exigió al gobierno “un plan de reunificación familiar para los más de 400 padres que han sido deportados”.
La crisis de los menores es producto de la controvertida política de tolerancia cero que anunció en abril la administración Trump y que llevó entre mayo y junio a la masiva separación de padres e hijos inmigrantes en la frontera. La directiz, supuestamente concebida con intención de mostar mano dura y desalentar la inmigración a EE UU, estableció que los indocumentados adultos fuesen procesados penalmente por cruzar sin permiso a EE UU –no por la vía administrativa, como venían haciendo anteriores gobiernos–. Ello provocó la separación de padres e hijos, dado que la ley prohibe que los menores puedan ser internados en prisiones para adultos.
Ante el escándalo provocado por la ruptura de las familias, uno de los más sonados de su mandato, el presidente Trump reculó y el 26 de junio ordenó detener las separaciones.
